¿Dónde están?: Minvu escala disputa con Cultura por hallazgos arqueológicos y asegura que han costado $13 mil millones a proyectos de vivienda sociales

No es novedad que existe una pugna constante entre el sector de la construcción e infraestructura con el del patrimonio y la cultura.

Símbolo de la burocracia y la permisología, el Consejo de Monumentos es conocido por paralizar proyectos por años por la presencia de hallazgos arqueológicos, lo que ha sido criticado reiteradamente por el ministro de Vivienda, Iván Poduje. Hace solo algunas semanas, a través de sus redes sociales el ministro acusaba el retraso de cientos de viviendas sociales en Quinta Normal por un supuesto hallazgo arqueológico.

Y ese es precisamente el motivo por el cual la Subsecretaria de Vivienda, Natalia Aguilar, envió un oficio al Subsecretario de Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda pidiendo explicaciones.

En el documento con fecha 18 de agosto, al cual accedió The Clinic, la cartera alerta que la alta presencia de hallazgos arqueológicos está disparando los costos de construcción de las viviendas sociales, así como bloqueando su edificación.

“Me dirijo a usted para plantear una situación que ha adquirido una magnitud que exige una respuesta institucional prioritaria: los sobrecostos y retrasos que la gestión de hallazgos arqueológicos y paleontológicos está trasladando a proyectos de vivienda social, afectando directamente la disponibilidad de recursos públicos y, sobre todo, los plazos de acceso a una vivienda definitiva para familias vulnerables“, lee el oficio.

“El Ministerio de Vivienda y Urbanismo reconoce y respeta plenamente el deber del Estado de proteger el patrimonio nacional. Sin embargo, esa obligación no puede traducirse en una carga presupuestaria desproporcionada para la política habitacional ni en meses o años adicionales de espera para las familias”, dice el oficio.

Y agrega: “La protección patrimonial requiere procedimientos rigurosos, pero también proporcionales, previsibles, oportunos y compatibles con la urgencia del déficit habitacional”.

Según el cálculo de la cartera, entre 2021 y 2026 se han gastado 322.153 UF (cerca de $13.160 millones) solo en costos ligados a hallazgos arqueológicos y paleontológicos en viviendas sociales.

Argumentan que un informe del ministerio determinó que aquello representa entre 31 y 390 UF adicionales por familia, y que además hay proyectos que registran extensiones contractuales de entre 21 y 36 meses por razones atribuibles a estos hallazgos.

“Frente a estos antecedentes, no resulta razonable ni sostenible que los proyectos de vivienda social deban absorber indefinidamente costos de esta magnitud sin mecanismos claros de proporcionalidad, plazos, financiamiento y rendición del destino final de los bienes recuperados. La coordinación tardía —por ejemplo, cuando las exigencias ya están definidas o la obra se encuentra en etapas avanzadas— reduce drásticamente la capacidad de evaluar alternativas y termina trasladando íntegramente el riesgo al proyecto habitacional”, dice el documento.

Las dudas sobre el destino de los hallazgos arqueológicos y qué le solicita el Minvu a Cultura

Otro componente que en general es cuestionado por el sector de obras públicas e infraestructura -y por el propio Iván Poduje- es que es poco conocido qué ocurre finalmente con los hallazgos arqueológicos que paralizaron proyectos por meses.

Por lo mismo, el oficio del Minvu fue claro: requieren “contar con trazabilidad completa y verificable respecto del destino de los hallazgos cuyo rescate, análisis, conservación, traslado y depósito han generado costos financiados con recursos asociados a proyectos habitacionales”.

“No es suficiente conocer el costo del rescate: es indispensable saber dónde se encuentran actualmente esos bienes, quién los custodia y cuál es su efectiva puesta en valor pública”, lee el documento.

Por todo lo anterior, se le solicitó al Consejo de Monumentos Nacionales que remitan un informe, proyecto por proyecto, que identifique:

• La naturaleza, cantidad y principales características de los hallazgos recuperados;
• La fecha de rescate, entrega y recepción de los materiales, incluyendo las respectivas actas cuando correspondan;
• La institución depositaria actual, su ubicación y el responsable de la custodia;
• El número de inventario, registro o catálogo asignado a las piezas o colecciones;
• Si los hallazgos se encuentran actualmente exhibidos al público y, en tal caso, el museo, sala, exposición o institución en que pueden ser visitados; y
• Si no se encuentran exhibidos, indicar expresamente dónde están almacenados, las razones de dicha situación, sus condiciones de conservación y el plan o plazo previsto para su investigación, difusión o puesta en valor.

En el caso de aquellos hallazgos arqueológicos que se encuentren en bodegas o en cajas al interior de museos -como muchas veces se ha especulado- y en que no exista una “puesta en valor, exhibición o acceso público verificable”, Vivienda solicita “fundamentar técnica y administrativamente dicha situación y precisar las medidas previstas para corregirla”.

“Estos antecedentes son necesarios para evaluar las acciones administrativas y de control que correspondan respecto de la eficiencia, finalidad y trazabilidad de los recursos públicos invertidos, sin perjuicio de los requerimientos que eventualmente corresponda formular ante la Contraloría General de la República”, agregan.

La propuesta para una agenda técnica de coordinación para evitar que hallazgos sigan demorando proyectos

Con todo, el Ministerio de Vivienda solicita avanzar “de manera inmediata” en una agenda técnica conjunta con el Consejo de Monumentos Nacionales, orientada precisamente a corregir el problema.

La propuesta es que se consideren, al menos, los siguientes puntos:

• Establecer una coordinación temprana y obligatoria para proyectos habitacionales emplazados en áreas de riesgo arqueológico o paleontológico;
• Definir metodologías de sondaje, caracterización, rescate y monitoreos proporcionales a la naturaleza, magnitud y relevancia de los hallazgos;
• Establecer criterios objetivos y transparentes para la determinación, revisión y justificación de costos, evitando que estos se trasladen automáticamente al presupuesto de vivienda social;
• Incorporar antecedentes arqueológicos y paleontológicos en etapas tempranas de evaluación y adquisición de terrenos, con información territorial accesible para la toma de decisiones;
• Definir mecanismos de priorización y plazos de respuesta compatibles con proyectos de vivienda social, dada la afectación directa a familias beneficiarias;
• Revisar las responsabilidades institucionales y las fuentes de financiamiento de las medidas de rescate, conservación, depósito y puesta en valor;
• Iniciar una revisión de los criterios y procedimientos aplicables bajo el Decreto Supremo N° 484, de 1990, del Ministerio de Educación, proponiendo los ajustes normativos o administrativos que resulten necesarios para asegurar proporcionalidad, certeza de plazos, trazabilidad y eficiencia del gasto público.

“El objetivo no es debilitar la protección del patrimonio, sino impedir que su gestión termine operando, en los hechos, como una penalización presupuestaria y temporal sobre la vivienda social”, menciona la subsecretaria en el oficio.

Y enfatiza: “La urgencia habitacional y la protección patrimonial son obligaciones públicas que deben compatibilizarse; no resulta aceptable que una sea financiada a costa de la otra”.

En esa línea, finaliza solicitando “una respuesta formal, completa y trazable sobre el destino de los hallazgos y una propuesta concreta de trabajo para abordar los sobrecostos y demoras señalados“.