Columna de Pablo Zeballos: La mafia que habla bajo

Hace algunos días un comerciante chino llevó a la policía chilena hasta una historia difícil de imaginar. Según la Fiscalía, un grupo lo secuestró utilizando un falso cuartel policial. Había funcionarios activos de la PDI, un hombre que se presentaba como agente del FBI y un exfiscal de larga trayectoria, Vinko Fodich, quien reconoció haber participado como intermediario en uno de los hechos investigados y haber recibido dinero.

Partieron pidiendo $200 millones.

La investigación está comenzando y será la justicia la que determine las responsabilidades. Pero el caso tiene una particularidad que merece atención. Algunas de las personas que aparecen en esta causa habían tenido relaciones previas con integrantes del denominado Clan Chen, una organización de origen chino investigada desde Iquique por lavado de activos provenientes de estafas internacionales. Son investigaciones diferentes y hasta ahora no existe evidencia pública suficiente para afirmar que formen parte de una sola estructura.

El cruce, sin embargo, permite hacer una pregunta bastante más amplia.

¿Qué sabemos realmente de las mafias chinas que operan en Chile?

Durante los últimos años aprendimos bastante sobre el Tren de Aragua. Conocemos sus nombres, sus brazos, parte de su estructura y los territorios donde se instaló. Aprendimos también a reconocer algunos de sus métodos: secuestros, extorsiones, trata de personas, explotación sexual, homicidios y una violencia deliberadamente visible que permitió transformar reputación criminal en dinero.

Con las organizaciones criminales de origen chino ocurre algo distinto. Han estado bastante más tiempo frente a nosotros de lo que probablemente hemos advertido.

En 2023, el fiscal nacional Ángel Valencia ya identificaba públicamente al Bang de Fujian entre las organizaciones criminales investigadas en Chile. Dos años después, la Operación Muralla Oriental permitió detener a cerca de treinta personas y realizar más de sesenta allanamientos. La investigación incluía tráfico de drogas, homicidios, secuestros, comercio sexual, contrabando, delitos tributarios y lavado. Fueron encontrados además alrededor de $600 millones en efectivo.

En enero de este año apareció otra dimensión. La Operación EFOS desarticuló en Iquique una organización liderada por ciudadanos chinos y chilenos que habría utilizado empresas y el sistema financiero nacional para mover más de US$200 millones provenientes de estafas internacionales. Parte relevante de esos dineros había ingresado mediante operaciones desarrolladas en torno a Iquique y su Zona Franca.

En junio volvimos a mirar hacia Santiago. Una investigación de la Fiscalía Supraterritorial llegó hasta casinos clandestinos vinculados a personas investigadas como integrantes de Hongmen.

Bang de Fujian, Hongmen, Clan Chen

Bang de Fujian, Hongmen, Clan Chen. La tentación inmediata consiste en colocar todos esos nombres bajo una misma categoría: la mafia china.

Probablemente ese sea el primer error.

China posee 34 unidades administrativas de nivel provincial: 23 provincias, cinco regiones autónomas, cuatro municipios y dos regiones administrativas especiales. Esa división política todavía dice poco respecto de su diversidad social, cultural y lingüística. La clasificación lingüística más utilizada reconoce grandes grupos como mandarín, Wu, Gan, Xiang, Min, Yue y Hakka. Bajo ellos existen cientos de variedades locales, algunas mutuamente ininteligibles.

Fujian importa, Zhejiang importa, la ciudad de origen puede importar todavía más, ya que en las redes criminales chinas la pertenencia provincial, familiar o lingüística crea relaciones de confianza difíciles de observar desde afuera. Una persona puede reconocer inmediatamente que otra procede de su misma región, hablar una variedad lingüística compartida, conocer familias o comerciantes relacionados y participar de redes migratorias que comenzaron mucho antes de cualquier actividad criminal.

Esto obliga también a establecer una distinción muy mportante. La comunidad china en Chile no puede confundirse con las organizaciones criminales de origen chino que operan dentro o alrededor de ella. Es precisamente la existencia de redes comerciales, migratorias y familiares legítimas lo que permite que un grupo criminal encuentre una infraestructura social previamente construida y trate de aprovecharla.

En mi experiencia como investigador he observado un fenómeno que se repite en distintas comunidades migrantes: mientras mayor es la condición identitaria y más cerrados son los circuitos de confianza, mayor puede ser la capacidad de una estructura criminal para ejercer presión sobre sus propios integrantes si logra instalarse dentro de ellos. No porque la identidad produzca criminalidad. Ocurre porque permite conocer mejor a la víctima, saber de dónde viene, con quién trabaja, dónde vive su familia, cuánto debe, quién le consiguió empleo y a quién recurriría si tuviera un problema.

Cuando a eso se suma informalidad, la vulnerabilidad aumenta.

Un migrante puede haber llegado mediante una deuda contraída con familiares o intermediarios. Puede trabajar para quien facilitó su llegada, vivir en un inmueble relacionado con su empleador, depender de otro integrante de la comunidad para comunicarse, regularizar documentos, recibir dinero o entender cómo funciona el país. En algunos casos existen relaciones laborales extremadamente jerarquizadas, jornadas abusivas, retención de remuneraciones, deudas que parecen no terminar o condiciones que pueden acercarse derechamente a formas de servidumbre y trabajo forzoso.

La Organización Internacional del Trabajo lleva años advirtiendo que los trabajadores migrantes presentan una vulnerabilidad significativamente mayor frente al trabajo forzoso. La deuda, la retención de documentos, la amenaza de denunciar la situación migratoria, la dependencia del empleador y las amenazas contra familiares forman parte de los mecanismos conocidos de coerción.

Pero hay otra variable menos visible.

Las personas no migran desprendiéndose de la cultura en la que aprendieron a relacionarse con la autoridad, con la familia, con el jefe o con quien les hizo un favor. Tampoco llegan con la misma experiencia institucional.

Algunos provienen de sociedades donde la relación con el poder es más vertical, donde cuestionar públicamente a una autoridad o a un superior puede tener costos distintos de los que suponemos en Chile. Otros han convivido con sistemas donde la intermediación personal, los favores, los regalos o los pagos informales forman parte de experiencias cotidianas de relación con funcionarios o estructuras administrativas. Eso no significa que exista una cultura china del soborno, afirmación tan injusta como analíticamente inútil. Significa que las experiencias previas importan cuando una organización criminal intenta determinar hasta dónde puede avanzar.

También importa la vergüenza del fracaso migratorio.

Para muchas personas denunciar implica reconocer frente a su familia que aquel proyecto por el cual se endeudaron, viajaron miles de kilómetros y asumieron riesgos no resultó como esperaban. Puede significar perder posición dentro de su comunidad, reconocer que fueron engañadas o aceptar públicamente que están siendo extorsionadas.

El silencio puede transformarse entonces en una práctica de supervivencia. Y allí aparece uno de los elementos menos visibles de estas organizaciones: la extorsión.

Algunas víctimas son otros ciudadanos chinos.

Un comerciante instalado en Santiago puede tener padres en Fujian, hermanos en Zhejiang, negocios familiares en otra ciudad o personas cercanas que nunca han salido de China. Para nosotros la víctima está en Chile. Para la víctima, su universo de riesgo puede encontrarse repartido entre dos continentes y esa es una diferencia que importa. La amenaza puede viajar sin que viaje el victimario.

También ayuda a comprender por qué algunos delitos permanecen ocultos. El miedo a denunciar puede incluir las consecuencias que una denuncia tenga sobre familiares que permanecen en China. La distancia geográfica se transforma en una vulnerabilidad.

Esto genera un problema considerable para la investigación criminal chilena. Podemos entregar protección policial a una víctima en Santiago. Es bastante más difícil responder cuando la persona teme por alguien que vive en Fuzhou, Wenzhou o cualquier otra ciudad china.

A eso debemos sumar la desconfianza hacia las autoridades locales. Una persona que no domina el idioma, desconoce el sistema penal, tiene una situación migratoria imperfecta o depende económicamente de miembros de su propia comunidad probablemente no vea una comisaría de la misma manera que alguien que nació y creció en Chile. Puede incluso temer que denunciar empeore su situación.

Una organización criminal entiende rápidamente las vulnerabilidades

El idioma agrega otra barrera. Decir que una interceptación está “en chino” puede resultar tan impreciso como insuficiente. Un investigador puede disponer de un traductor de mandarín y encontrarse frente a personas que utilizan una variedad de Min, Wu o Yue. En investigaciones realizadas en Chile, policías han reconocido las dificultades generadas por dialectos y códigos lingüísticos utilizados dentro de estas comunidades.

Ese cierre identitario tiene otra consecuencia. Infiltrar, interpretar o simplemente comprender estas redes exige bastante más que traducir palabras. Hay que entender relaciones.

Hongmen permite observar parte de esa historia. Su origen antecede largamente al crimen organizado contemporáneo. Hongmen o Hung Mun corresponde a una tradición fraternal china que se remonta varios siglos y que se relaciona históricamente con el universo de las sociedades secretas del cual surgieron posteriormente algunas triadas. En Hong Kong y Macao ambos conceptos llegaron a relacionarse estrechamente.

Pero Hongmen no significa automáticamente mafia. Esa distinción es importante porque existen asociaciones culturales y fraternales perfectamente legítimas que utilizan esa denominación. También existen antecedentes internacionales donde actores criminales han empleado organizaciones Hongmen como plataformas de relaciones y legitimación. El Departamento del Tesoro estadounidense documentó el caso de Wan Kuok Koi, “Broken Tooth”, dirigente de la triada 14K que creó en Camboya una World Hongmen History and Culture Association posteriormente sancionada por Estados Unidos.

Chile parece estar entrando paulatinamente en ese universo y probablemente estamos cometiendo otro error al intentar encontrar un organigrama perfecto.

Con el Tren de Aragua aprendimos que una organización criminal puede funcionar mediante células, franquicias y grados importantes de autonomía. Con las redes chinas tendremos que aprender algo adicional: el sistema criminal puede descansar sobre vínculos familiares, provinciales, comerciales y financieros que se activan cuando son necesarios.

Un comerciante puede prestar dinero, otro puede moverlo a una empresa que lo recibe. Alguien conoce a la persona capaz de cobrar una deuda, otro dispone de un casino clandestino.

Es un sistema social que permite introducir el dinero en la economía formal y allí la violencia aparece cuando alguna pieza necesita disciplina.

Eso no significa que todas las personas de esa cadena conozcan el conjunto ni que pertenezcan a una misma organización. Precisamente ahí está la dificultad.

Y existe todavía una posibilidad más compleja. Cuando una comunidad fuertemente identitaria desarrolla parte de su actividad económica dentro de circuitos semiformales o abiertamente informales, no genera oportunidades solamente para organizaciones criminales de su mismo origen. También puede resultar atractiva para estructuras híbridas locales.

Funcionarios públicos corruptos, policías que venden información, personas con acceso a instituciones del Estado. Abogados o intermediarios capaces de utilizar relaciones construidas dentro del aparato público. Todos pueden reconocer la misma oportunidad.

Una actividad económica que mueve efectivo, utiliza sociedades, mantiene relaciones comerciales difíciles de observar desde afuera y donde algunas víctimas evitan recurrir a las autoridades constituye un espacio extraordinariamente atractivo para la extorsión. El delincuente extranjero y el funcionario corrupto pueden terminar leyendo exactamente la misma vulnerabilidad.

Eso es precisamente lo que vuelve especialmente perturbadores algunos de los casos conocidos recientemente en Chile.

Muralla Oriental entregó una primera señal. Entre los detenidos había un carabinero acusado de proporcionar información a la organización. La investigación reciente sobre secuestros extorsivos de ciudadanos chinos tiene entre sus imputados a funcionarios activos de la PDI y a un exfiscal.

Son causas distintas y sus responsabilidades deberán ser resueltas judicialmente.

Pero ambos episodios nos obligan a ampliar nuestra mirada, una estructura criminal puede descubrir que no necesita corromper completamente una institución. Le basta encontrar a quien conoce procedimientos, puede anticipar una fiscalización, consultar una base de datos, entregar información reservada o proporcionar apariencia estatal a una amenaza.

El funcionario corrupto tampoco necesita incorporarse formalmente a una mafia, le basta solo con vender una capacidad.

Cuando esos dos mundos se encuentran aparece una estructura híbrida mucho más difícil de detectar. El actor criminal aporta conocimiento de la comunidad, capacidad de coerción y redes transnacionales. El funcionario corrupto aporta conocimiento institucional, legitimidad aparente, información y acceso.

La víctima queda en medio.

Si además proviene de una comunidad donde existe una elevada cohesión identitaria, funciona parcialmente dentro de circuitos informales, desconfía de las autoridades y sabe que su familia continúa siendo localizable en el país de origen, el espacio para la extorsión aumenta considerablemente.

El silencio deja de ser ausencia de información.

El Clan Chen quizá sea el ejemplo que más atención merece desde otra dimensión. La Fiscalía de Tarapacá sostiene que la organización utilizó numerosas empresas para introducir en la economía legal chilena fondos procedentes de estafas transnacionales. Más de 400 víctimas, principalmente extranjeras, aparecen vinculadas a la investigación. Al menos US$67 millones corresponderían a una modalidad de fraude conocida como pig butchering o “matanza de cerdos”.

Aquí casi desaparece la imagen tradicional del mafioso. Hay empresas, transferencias, comercio exterior, cuentas bancarias y profesionales.

Es una expresión de algo que venimos observando desde hace algunos años en América Latina: una parte del crimen organizado ha entendido que resulta mucho más rentable utilizar la economía formal que combatirla.

La violencia, los secuestros, la extorsión sigue existiendo, pero alrededor de ellos aparece una arquitectura económica bastante más sofisticada y eso es importante, si recordamos que Chile comenzó a conocer el crimen organizado transnacional mirando homicidios, armas, secuestros y cadáveres. Era inevitable. La violencia nos obligó a mirar.

La siguiente etapa exige observar fenómenos bastante menos ruidosos: empresas que reciben dinero sin una explicación comercial razonable, sociedades creadas para mover fondos, casinos clandestinos, mecanismos informales de transferencia de valor, importaciones y exportaciones difíciles de justificar, profesionales que facilitan operaciones y funcionarios que entregan información.

La mafia china que tenemos que comprender probablemente no aparecerá completa en una fotografía policial, tampoco y de eso estoy absolutamente convencido, tendrá necesariamente un gran jefe reconocible. Puede presentarse como una sucesión de relaciones. De familia, provincia, comercio, dinero, confianza, deuda y, cuando es necesario, miedo.

En mis años investigando este tipo de fenómenos he aprendido a desconfiar del facilisimo conclusivo que cuando una comunidad denuncia poco, ocurre poco. Puede ocurrir exactamente lo contrario.

Una comunidad fuertemente identitaria puede ser extraordinariamente resiliente frente al mundo exterior y, al mismo tiempo, volverse vulnerable cuando alguien aprende a utilizar esa identidad para controlar desde adentro. Si parte de su economía opera en espacios informales, si existe desconfianza hacia las instituciones y si encuentra alrededor funcionarios corruptos dispuestos a convertir capacidades estatales en servicios privados, las condiciones comienzan a alinearse.

Identidad para localizar y disciplinar, informalidad para obtener rentas y mantenerlas fuera de la vista y corrupción para proteger, informar o extorsionar utilizando el propio Estado.

Esa sí puede ser una triada perfecta.

Y tal vez por eso durante tanto tiempo la vimos menos.

No porque necesariamente estuviera ausente.

Sino porque hablaba más bajo.