El viral caso de la mujer de 87 años en España que fue desalojada de su departamento por alza de arriendos: ¿Podría replicarse su caso en Chile?

La historia de Maricarmen, una mujer española de 87 años, no tardó en recorrer el mundo a través de las redes sociales. La mujer llevaba cerca de siete décadas viviendo en el mismo departamento de Madrid, al que llegó bajo un contrato de renta antigua firmado originalmente por su padre en 1956. Durante años pagó alrededor de 500 euros mensuales, hasta que la propiedad cambió de dueños en 2018 y el nuevo propietario planteó elevar el arriendo a una cifra que superaba ampliamente su pensión.

El conflicto terminó en los tribunales. Aunque Maricarmen continuó pagando la renta que correspondía a su contrato, la justicia terminó fallando a favor de la propiedad y ordenó su desalojo. Antes de concretarlo hubo tres intentos que no prosperaron y distintas propuestas para evitarlo.

Entre ellas, una mujer ofreció asumir la diferencia entre el arriendo que Maricarmen podía pagar y el nuevo precio. Además el Ministerio de Vivienda español propuso comprar el inmueble y establecer un alquiler asumible. Según las informaciones publicadas, ninguna de las alternativas fue aceptada por la propiedad.

El 23 de septiembre, el cuarto intento terminó con el desahucio. Maricarmen, que tiene movilidad reducida, tuvo que ser sacada del sexto piso en camilla y trasladada a un hospital. El caso provocó una movilización de cientos de personas frente al edificio y dejó nuevamente en discusión qué alternativa habitacional tendría la mujer tras perder la vivienda en la que había vivido durante prácticamente toda su vida.

¿Podría ocurrir algo así en Chile?

En Chile, el aumento del costo de la vivienda también afecta el acceso al arriendo, especialmente para los hogares cuyos ingresos no crecen al mismo ritmo que los precios. El fenómeno adquiere una dimensión particular en el caso de los adultos mayores, para quienes una pensión fija puede dificultar asumir incrementos importantes en el valor mensual de una vivienda.

Los arriendos registraron un nuevo aumento durante julio y acumulan un alza de 2,3% en lo que va de 2026. De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en su último boletín del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mostró un incremento mensual de 0,6% en el precio de los arriendos.

Jean Paul Quinteros Economista y académico de la Universidad Central enfatiza en que el escenario de mayor inflación ha llevado al Banco Central a responder con un alza en las tasas de interés. Lo que a su vez, dificulta el acceso de las personas al endeudamiento y a los créditos hipotecarios.

Al reducirse las posibilidades de comprar una vivienda nueva, aumenta la demanda por arriendos y con ella, sus precios. Este incremento, sin embargo, no necesariamente va de la mano con el aumento de los ingresos. En el caso de los adultos mayores, cuyas pensiones pueden no ajustarse al mismo ritmo.

El especialista reflexiona en relación a si existen o no garantías para los arrendatarios en relación al aumento de precios: “Las únicas garantías que hay tienen que ver con el marco legal de respeto al cumplimiento contractual de un arriendo y esta ley que se llama ‘Devuelve mi casa’, que tiene que ver que en el caso de que una persona no pague el arriendo de manera permanente o frente a un cobro reiterado, sea expulsada de la vivienda mediante mecanismos legales”.

El experto añade que en Chile no existen mecanismos específicos que protejan a los arrendatarios frente a las alzas en los precios de los arriendos. Las alternativas pasan principalmente por eventuales políticas públicas, asistencia social o transferencias estatales. Opciones que permiten aumentar los ingresos de las personas y facilitar el pago de la vivienda.

La principal regulación queda establecida en el propio contrato de arriendo, que puede contemplar reajustes del valor cada seis o doce meses, por ejemplo, de acuerdo con la variación del IPC.

Agrega que comparar casos comunes, con el de Maricarmen es complejo debido a que la mujer llevaba 70 años viviendo en un mismo lugar: “Yo creo que esto es una cuestión más de índole pública: cómo el Estado da garantía de que las personas, sobre todo adultos mayores jubilados que no generan ingresos adicionales más allá de sus ahorros de toda la vida, puedan mantener condiciones de vida adecuadas y que su calidad de vida no se vea mermada precisamente porque se genera un mercado especulativo de la vivienda”.