Demoler viviendas tomadas por el narcotráfico: el plan de regeneración urbana del Gobierno para intervenir barrios críticos como Las Dunas

La demolición de los edificios de la población Las Dunas, anunciado este lunes por el ministro Iván Poduje, no comenzó a tomar forma después del asesinato del cabo Cristopher Aguilera. Antes de ese crimen, el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Lo Espejo ya trabajaban en un diagnóstico del sector. 

Sin embargo, el homicidio del cabo segundo Cristopher Aguilera, quien recibió un disparo durante un procedimiento policial en Las Dunas el domingo pasado y posteriormente murió en la Clínica Las Condes, terminó por poner el foco sobre una intervención que ahora contempla expropiar y demoler al menos 100 departamentos. 

La situación de Las Dunas había quedado expuesta en distintos operativos realizados durante los últimos meses. En el sector se han detectado viviendas utilizadas para la venta y almacenamiento de droga, además de portones y cámaras instalados para controlar los accesos. Precisamente este viernes, un operativo conjunto entre Carabineros y el municipio retiró parte de esas estructuras.

Poduje lleva un tiempo colaborando con Lo Espejo para demoler dichos edificios que, según su diagnóstico, estaban “capturados por el narco”. Dentro del plan también se contempla extender el Parque Pablo Neruda hacia Las Dunas e incorporar un memorial en recuerdo del cabo Aguilera.

Según dijo Poduje en T13 Radio, “fuimos, hicimos un diagnóstico estructural de los edificios, un diagnóstico social”, señaló, agregando que el objetivo es intervenir en conjunto con Seguridad y demoler los edificios controlados por organizaciones dedicadas al narcotráfico.

El plan para una intervención de regeneración urbana en barrios deteriorados y con actividades vinculadas al narcotráfico

El plan forma parte de una intervención de regeneración urbana que busca actuar sobre los edificios más deteriorados y aquellos que han sido ocupados para actividades vinculadas al narcotráfico. La propuesta considera que, una vez demolidos, en esos terrenos puedan levantarse nuevas viviendas o proyectos, con una menor densidad.

La intervención considera cuatro elementos para definir qué inmuebles serán objeto de una eventual demolición: el nivel de hacinamiento, el deterioro físico, las condiciones sociales del entorno y los antecedentes relacionados con seguridad y delitos asociados.

El ministro también explicó que parte de las propiedades serán abordadas mediante expropiaciones. Según dijo en la misma entrevista, existen inmuebles cuyos propietarios se fueron y que posteriormente fueron ocupados por delincuentes, y que otros estarían directamente vinculados a personas con antecedentes por narcotráfico. 

En esos casos, sostuvo que el Serviu utilizará sus facultades de expropiación por razones de utilidad pública y por el deterioro y los delitos asociados a los inmuebles.

Pero esta no es una situación que ocurra solo en Las Dunas. Según Poduje, más de la mitad de los barrios que el Gobierno identifica como capturados por el narcotráfico tienen una configuración similar, con edificios sociales en altura, espacios públicos y pasajes estrechos que permiten controlar los accesos. Según explicó, las organizaciones a veces también expulsan a familias y adquieren departamentos para ampliar su control territorial.