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Los aeropuertos son una de las caras más visibles de un país. Por ellos entramos, salimos, recibimos a quienes nos visitan y nos movemos dentro de nuestro propio territorio. En Chile esa función es todavía más importante. Más de 35 mil pasajeros nacionales pasan, en promedio, cada día por el aeropuerto de Santiago. Personas que viajan por trabajo, vacaciones, estudios o para encontrarse con sus familias. En un país de más de cuatro mil kilómetros de largo, el terminal nacional es parte esencial de nuestra vida cotidiana.
Por eso resulta insólito y cuesta comprender lo que ocurre en el Terminal Nacional. Esta semana The Clinic dio cuenta de que personas en situación de calle están durmiendo en distintos sectores del aeropuerto, principalmente en el segundo piso del terminal. Trabajadores hablan de hasta 30 personas algunas noches. Algunos llevan meses instalados y han armado especies de rucos con frazadas. También existen denuncias de consumo de alcohol y hurtos a pasajeros.
Cuando nos encontramos con este tipo de situaciones surgen muchas dudas. La situación revela un problema profundo. Un espacio público pertenece a todos. Precisamente por eso nadie puede apropiárselo y transformarlo en su casa. Una plaza, una estación de Metro, un hospital o un aeropuerto cumplen una función determinada y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que esa actividad pueda desarrollarse en forma segura y sin tener que lidiar con este tipo de dificultades.
El argumento, de por qué no se puede hacer nada frente a esta situación, ya que se trata de un espacio público, no puede terminar convirtiéndose en una explicación para que nadie actúe. La propia concesionaria del aeropuerto señaló a The Clinic que carece de atribuciones legales para obligar a estas personas a retirarse y que su contrato tampoco contempla mecanismos para enfrentar una situación de este tipo. Según informó, el problema ha sido planteado a las autoridades en distintos gobiernos. La responsabilidad, entonces, termina dividida entre seguridad, Carabineros, Desarrollo Social y otras instituciones.
Y cuando la responsabilidad se diluye, muchas veces el problema queda exactamente dónde estaba. En una especie de limbo donde nadie se hace cargo y todos miran para otro lado.
Está claro, una persona que termina durmiendo durante meses en un aeropuerto tiene un problema social grave. Puede haber abandono, problemas de salud mental, deterioro cognitivo, falta de redes o todas las anteriores. El propio aeropuerto trabaja con Fundación Nuestra Casa para realizar un catastro y conocer la situación particular de quienes permanecen allí. Este es un primer paso. La política social debe ofrecer una salida digna a quienes viven allí y la autoridad necesita recuperar el espacio para la función para la cual fue construido. Dignidad y orden pueden convivir.
Las autoridades deben hacerse cargo y proteger a los trabajadores que cada día cumplen con su trabajo y de los pasajeros que tienen derecho a utilizar un terminal seguro, limpio y ordenado.
Los espacios públicos funcionan cuando existe una autoridad capaz de cuidarlos. Cuando las reglas se vuelven difusas, cada uno comienza a decidir por su cuenta qué puede hacer y dónde puede hacerlo. Y poco a poco esos espacios dejan de ser verdaderamente públicos, porque otros comienzan a evitarlos o sienten que ya no les pertenecen.
Arturo Merino Benítez no es solo la principal puerta aérea de Chile, sino también es el aeropuerto que conecta a los propios chilenos. Familias, trabajadores, estudiantes y turistas recorren todos los días sus terminales para cruzar este país de norte a sur.
El aeropuerto también es Chile. Y la forma en que cuidamos ese espacio dice mucho sobre la forma en que estamos cuidando nuestro país.
