Pilar Giannini, subsecretaria de Seguridad: “La autocrítica del Gobierno con la reforma constitucional es haberla retirado”

A sus 42 años, Pilar Giannini conoce la política de seguridad desde distintos frentes: el diseño de políticas públicas, la coordinación de la reforma a Carabineros y el trabajo a nivel municipal. Cientista política de la Universidad Católica y doctora en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera se desempeñó como jefa de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y secretaria ejecutiva de la unidad coordinadora de la reforma a Carabineros. Después de dejar el Gobierno, continuó vinculada al área desde la seguridad municipal y como investigadora de AthenaLab.

Su regreso al Ejecutivo se produjo en junio de este año, cuando el Presidente José Antonio Kast la nombró subsecretaria de Seguridad en medio de un reordenamiento de la cartera. La decisión llegó semanas después de la llegada de Martín Arrau al ministerio y de la salida de los dos subsecretarios que integraban el equipo original. Giannini asumió así un puesto clave en una de las principales prioridades de la actual administración, con el desafío de traducir sus compromisos en políticas concretas y sostener una agenda legislativa que ha enfrentado diferencias tanto dentro del oficialismo como con la oposición.

Uno de los principales episodios de esa agenda fue la decisión del Gobierno de no perseverar en su reforma constitucional de seguridad, presentada en agosto, para respaldar una alternativa que concitara mayor consenso en el Congreso. En esta entrevista, Giannini defiende esa determinación y reconoce que la autocrítica del Ejecutivo fue retirar la iniciativa original. También aborda la discusión presupuestaria para 2027, los cambios al Plan Calles Sin Violencia y el enfrentamiento con el exgeneral director de Carabineros Ricardo Yáñez, quien cuestionó el proyecto de modernización de la institución y los incentivos económicos contemplados para sus funcionarios.

—¿Por qué se decide no perseverar en la reforma de seguridad?

—La agenda que presentó el Ejecutivo en agosto es una agenda integral (ACOT), que contenía más de 39 proyectos y la reforma constitucional era uno de los elementos. Entiendo que esta es la que generó más discordia entre los distintos partidos y lo que busca este Gobierno es sacar la agenda de seguridad. El ministro Arrau lo ha dicho muchas veces: el Gobierno no está enamorado de este proyecto en particular, sino que busca tener mejores herramientas para enfrentar el crimen organizado. 

Hoy se decidió presentar una propuesta de consenso en el Congreso y, por tanto, es una alternativa que ya genera más consenso, busca los mismos objetivos que es hacer frente al crimen organizado. Y creemos que si existe consenso, es mejor avanzar en una propuesta donde hay acuerdo amplio. El tema de seguridad no es un tema de la derecha ni la izquierda.

—¿Pero qué cambió entre agosto y octubre como para que el gobierno tomara esta definición?

—El consenso que existe y la disposición a avanzar por parte de los parlamentarios. Es sabido que la propuesta del Ejecutivo generó disidencias, mientras esta propuesta que es más de consenso, permite avanzar de forma más.Y por tanto, esta propuesta que es de consenso permite avanzar de forma más acelerada la reforma del Congreso. 

—¿No hay que entenderlo como un traspié legislativo por parte del gobierno en ese sentido?

—No conozco ningún proyecto, ninguno, en todos los años en que he trabajado en temas de seguridad y en políticas públicas, que un proyecto entre y salga tal como ingresó. Parte de la democracia es discutir en el Congreso, que es donde se ven las leyes.

—¿No fue un error ingresar esta reforma con el “tejo pasado” como han señalado algunos parlamentarios?  

—No, el Gobierno no ingresa a proyectos con el tejo pasado. No era la disposición, era lo que se pensó en un momento que era lo correcto. Existen herramientas distintas y el Gobierno está dispuesto al diálogo y, por tanto, va a impulsar el proyecto presentado por los distintos sectores del Congreso.

—¿Cuáles son los aspectos que el gobierno más valora de este nuevo texto alcanzado por los parlamentarios?

—Son dos cosas. Uno, reconocer la seguridad pública como un elemento central de protección del Estado. Y el segundo es la diferenciación de regímenes penitenciarios. Es algo que nos preocupa hoy día: la segmentación en las cárceles no se puede hacer de manera correcta. No queremos que el crimen organizado siga operando en las cárceles. La experiencia comparada nos muestra que si no nos hacemos cargo de las cárceles, el crimen organizado solamente crece.Y por tanto, una de las preocupaciones que más tiene este gobierno es el tema de las cárceles y este proyecto sí se hace cargo.

—¿Pero por qué insistir en entrar en esta discusión constitucional? Se puso haber visto vía ley. 

—El rango constitucional le da un rango más importante: se reconoce la seguridad pública en la constitución, la estamos reconociendo en el pilar de nuestra democracia. Tenemos un problema de seguridad, que es evidente, y es la preocupación número uno de los chilenos, y esa señal a la ciudadanía es relevante. 

Reforma de seguridad: “Este es el proyecto que quizás menos consenso generó, pero tenemos una agenda de 39 proyectos”

—¿Se hace alguna autocrítica de parte del Gobierno en cómo se ingresó esta iniciativa?

—La autocrítica es retirarla. En el fondo, esto es reconocer que hay otro proyecto que puede ser mejor. Vamos a apoyar e impulsar el proyecto que tiene más consenso en el Congreso.

—¿Cuánta disponibilidad tiene el Gobierno a seguir introduciendo cambios a esta reforma, entendiendo que ha habido diálogos con sectores de centroizquierda para ampliar su respaldo?

—Hay que conversar, hay que unir posiciones. Es imposible sacar un proyecto sin que este tenga modificaciones y existe toda la disposición del Ejecutivo para avanzar de manera coordinada con la oposición y con el oficialismo.

—¿Qué tan importante es conseguir ahí respaldos de sectores de la izquierda del progresismo?

—La seguridad es un tema prioritario para este Gobierno, es la número uno junto con la agenda de empleo y crecimiento. Pero este es uno de los proyectos. Creo que nos hemos centrado mucho en esta discusión, lo entiendo, es lo que genera más división. Pero es un poco sensacionalista mostrar la división entre los distintos partidos. Este es el proyecto que quizás menos consenso generó, pero tenemos una agenda de 39 proyectos. No es el único.

Pediría que nos enfoquemos en todos los otros proyectos que hemos logrado sacar con consenso, con apoyo de la oposición. Estamos avanzando en el proyecto de modernización de Carabineros, tenemos el de fragancia recién aprobado. Es decir, hemos ido avanzando gracias a la oposición y el oficialismo en una agenda de seguridad que va más allá de una reforma constitucional.

—Cuando se presenta la agenda ACOT, se menciona Navidad como plazo para sacar adelante los proyectos. ¿Siguen pensando en los mismos plazos? 

—La agenda está avanzando. Se ha variado de algún modo en las prioridades y en cuáles proyectos se sacan adelante primero. Lo importante más que el plazo de diciembre es avanzar en la agenda y eso es lo que se ha ido haciendo. Y creo que el balance es súper positivo por la disposición de todos los sectores políticos en avanzar en materia de seguridad.

Solamente un ejemplo: en el caso de la reforma de la carrera policial y modernización de Carabineros, es un proyecto que se ingresó en el 2025 y estaba estancado en el Senado. Pero ahora hubo una disposición de todos los sectores políticos y tuvo una tramitación muy rápida en el Senado, con jornadas maratónicas en la Cámara de Diputados, para sacar e impulsar este proyecto.

“Un exgeneral director de Carabineros no debería referirse a la gestión de la autoridad en ejercicio. Soy bastante crítica de eso”

—A propósito de este proyecto, esta semana ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, cuestionó esta iniciativa y señaló que a los funcionarios se le entregaría una asignación que no alcanza a ser un sueldo mínimo dividido en cuatro meses. ¿Cómo se explica esa molestia al interior de la institución?

—Creo que un ex general director no debería estar refiriéndose a la gestión de un general director que hoy está en ejercicio. Y soy bastante crítica de eso. Él también formó parte de la agenda de modernización de Carabineros y conoce bien el proyecto de ley que hoy día se está tramitando en el Congreso. 

El proyecto nunca buscó tener un 13° sueldo, eso no es verdad. Creo que hay desconocimiento, y creo que es importante hablarle tanto a nuestros carabineros como a la ciudadanía de que eso no es lo que busca el proyecto. El proyecto lo que buscaba era establecer un bono trimestral de incentivo de 8,4%. Eso es lo que se ingresó en el proyecto anterior del gobierno del presidente Boric y, además, alargar la carrera de 30 a 35 años, lo que alargaba la pensión. 

Este Gobierno tomó la decisión de reconocer que había un buen proyecto, pero con la intención de mejorarlo. Para eso, el 8,4% de incentivo se amplía a un 10% para todos los funcionarios de Carabineros, tanto personal operativo como personal administrativo. Todo el que trabaja en Carabineros tiene un aumento en su remuneración de manera trimestral. Pero este no es un cheque en blanco: es cumpliendo indicadores operativos y también haciendo cumplimiento de no faltar al trabajo.

En segundo lugar, se amplía el bono de riesgo, que en el gobierno anterior lo que se hizo es que se fijó en un 20%. Lo que hace nuestro proyecto es eliminar ese tope y puede llegar hasta un 100%, ya que buscamos premiar a quienes están en la calle en sectores peligrosos. Entonces.Lo que busca este proyecto es beneficiar a quienes están en la calle, ese es el corazón del proyecto. No es un bono trimestral ni un sueldo preciado. De hecho, es más que eso.

—Ricardo Yáñez hablaba de que se estaba jugando con la expectativa de quienes arriesgan la vida…

—Es que es precisamente lo contrario. De hecho, es importante decir que hoy día tenemos un problema de retención de personas que están en formación, porque hay mucho mercado competitivo, con la seguridad municipal y  seguridad privada. Pero este proyecto también premia a quienes se están formando. Hoy día, un carabinero alumno recibe una remuneración de 70 mil pesos, con una formación de cuatro semestres. Por tanto, Carabineros va a recibir 248 mil pesos en los tres primeros semestres, mientras que en el cuarto serán 700 mil pesos. 

Si uno mira el presupuesto del presidente Boric, tenía un informe financiero de alrededor de 33 mil millones, mientras que el nuestro es de 106 mil millones. Esto es más de un 13° sueldo, es más que mentirle a los Carabineros y de jugar con las expectativas. Hay que ser muy responsables con nuestros carabineros, ya que este proyecto reconoce su labor a través del riesgo y además premia la formación.

Entonces, creo que hay que ser superprolijos en los datos, en lo que se transmite, porque generar división en nuestras policías y descontento no es bueno para la democracia.

Pilar Giannini y cambio del Plan Calles sin Violencia: “Le digo a la exministra Tohá que estamos manteniendo este programa y que lo mejoramos”

—Esta semana se conocieron detalles del proyecto de presupuesto 2027. ¿Quedó conforme con lo que se está estableciendo para seguridad?

—Acá no podemos reclamar nada, el presupuesto de seguridad es de lo más importante y plasma lo que quiere nuestro presidente, que es que la seguridad es una prioridad para todos los chilenos. Es uno de los presupuestos que más crece.

—¿Se contempla descontinuar algún programa?

—No, porque el presupuesto crece.

—Ahora bien, el Plan Calles Sin Violencias, que fue uno de los emblemáticos durante la administración de Gabriel Boric, se decidió intervenirlo y cambiar su nombre. ¿Por qué?

—Son dos cosas. El plan Calles Sin Violencia tiene tres componentes: patrullaje, una partida del programa del Ministerio Público y una con la Policía de Investigaciones. Este plan estaba observado tanto por Contraloría como por la Dipres en la focalización y en la construcción de indicadores.

Si íbamos a continuar con una política pública impulsada por el gobierno anterior, ya que la idea era buena pero tenía deficiencias, lo que hace este cambio de nombre es arreglar esas deficiencias metodológicas. Decidimos darle un nuevo enfoque en delitos violentos y homicidios. 

—La exministra Carolina Tohá dijo que le pareció una cosa más bien mezquina y marquetera.

—Es que no conoce los cambios metodológicos que se hicieron. Creo que no se ha dado a conocer ese detalle, y ahí está la importancia. Aquí se quiere mejorar el instrumento más que el cambio de nombre. Tengo la mejor impresión de la exministra Tohá, pero le digo que estamos manteniendo este programa y lo mejoramos.

—¿Qué metas de seguridad se comprometió a cumplir el Gobierno con este presupuesto?

—En términos de indicadores, nuestro plan es desde aquí a cuatro años volver a niveles prepandemia. Sobre todo en delitos violentos, esa es nuestra focalización, porque es lo que genera mayor temor en la ciudadanía. Los números van a la baja, tenemos cifras muy positivas. Pero siempre se puede ir mejor. 

Acá es importante enfrentar las dos cosas: el temor de la gente, que es clave porque cambia el comportamiento de las personas, y también los indicadores concretos de casos policiales que fueron a la alza en los últimos años y que buscamos revertir.

“Estoy segura de que vamos a tener una mayor valoración ciudadana. Los números dan cuenta de un buen resultado”

—El Ministerio destacó algunos resultados de la última medición de Paz Ciudadana, entre ellos, que las personas que sienten un alto temor al delito disminuyeron de un 24,3% a un 20,9%. ¿Cuánto se atribuyen estos resultados a la instalación de este gobierno?

—Efectivamente, el temor ha ido a la baja. Tuvimos un peak en 2022, donde alcanzó el 37%. Y segundo, hay un aumento a la valoración de las policías, y eso también es importante porque da legitimidad al actor policial y ante un hecho delictual, la policía está legitimada para hacer uso de la fuerza y actuar. Y tercero, la victimización va un poco a la baja, se mantiene estable. 

¿Cuánto es atribuirle a este gobierno? Harto. Hay una valoración policial, hay un apoyo a las policías importante, hay presupuestos, hay entrega de medios y hay políticas públicas serias. ¿Pero es solamente este gobierno? Por supuesto que no. Hay una política pública y una política de seguridad. Hay estrategias que se implementaron en el gobierno anterior, pero ya vamos con seis meses de trabajo en este gobierno que se notan. Los números dan cuenta de eso, de un buen resultado y de un buen trabajo de las policías, del Ministerio Público y del sistema de seguridad en concreto.

—Pero la gente no necesariamente percibe esos resultados. Hemos visto que la desaprobación del Gobierno ha ido al alza alcanzando un 65% de rechazo.

—El temor es algo que cuesta cambiar. Si bien del número histórico que yo le hablo de 2022, esos cambios cuestan que se materialicen en las encuestas Pero eso no implica que este gobierno no siga trabajando y no siga bajando los indicadores de delincuencia.

Estoy segura que vamos a tener una mayor valoración, porque la gente se va a empezar a dar cuenta de que no son víctimas de delitos violentos y tampoco su entorno. Hay una cosa mucho de percepción de ver en los medios que a alguien le pasa algo y por tanto vive con el temor de que también le podría pasar a ella. Pero mientras bajen los delitos violentos, esto se va a ir plasmando en una menor cantidad de temor y en mayor valoración de las acciones del gobierno.

—¿Cuánto golpean las dos muertes de carabineros en una semana, para un gobierno que prometía recuperar el control de la seguridad?

—Creo que no nos golpea, sino que nos hace más fuerte. Lamentamos estos hechos dolorosos para el país y la institución. Pero lo que nuestras policías y el Gobierno también transmite es que no nos van a amedrentar, la delincuencia no nos va a parar y cada uno de los caídos va a ser recordados. Lo que esto hace es fortalecer a nuestras policías y trabajar más unidos para hacer frente al problema de la delincuencia. 

“Esto de si el Gobierno tenía un plan de seguridad o no… creo que fue parte de una operación más política”

—¿Se puede decir que hoy día el Gobierno sí tiene un plan de seguridad? Se lo pregunto a propósito de todo el cambio que hubo en el ministerio en los últimos meses.

—Eso ha sido un poco caricaturizado. El ministerio tiene un año operando. La política de seguridad pública fue publicada en febrero de este año. Y los planes y programas son los énfasis que le da un gobierno a otro, legítimamente por tener diferencias programáticas, pero las líneas de política pública que ha de apuntar un Ministerio de Seguridad están plasmadas en la Política Nacional de Seguridad Pública.

Esto de si se tenía un plan o no…  creo que también fue parte de una operación más política, porque siempre existía un plan, siempre existía una estrategia, siempre existía una política de seguridad pública.

—Sería innegable decir que se empezó con el pie izquierdo…

—Una de las grandes ventajas de tener un Ministerio de Seguridad, pese a que está harto en la contingencia, es que trata de alejar el Ministerio del Interior de Seguridad para sacarlo de la contingencia política. Lo que busca una separación de un ministerio de Seguridad de interior, es alejar la política, porque este es un ministerio que debería ser técnico, estratégico, con políticas de Estado. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, con grandes acuerdos.

—En ese sentido, ¿no fue un error la declaración del ministro Arrau cuando mencionó que si fuera por él, no iría al Congreso porque la gestión era mucho más importante?. ¿Qué revela esa frase?

—Fue un poco sacado a contexto lo que dijo el ministro. El ministro sí va al Congreso. Su perfil es más de gestión por su naturaleza. Pero he visto al ministro en el Congreso con muchas leyes (…). La balanza entre temas legislativos que son tremendamente importantes y temas de gestión es importante. No es que el Congreso no sea importante, todo lo contrario, es uno de los poderes del Estado y necesitamos estar aliados con nuestros parlamentarios y sacar adelante leyes, pero hay veces que uno lo hace mejor en gestión y otras veces en temas legislativos.