Política
15 de Octubre de 2026Las gestiones del PS para contener el flanco abierto en el Socialismo Democrático por la conmutación de penas a condenados por DD.HH.
Las declaraciones de la exministra Carolina Tohá y del senador Fidel Espinoza sobre la posibilidad de que condenados por violaciones a los derechos humanos puedan pasar sus últimos días de vida en sus hogares abrieron fuertes diferencias en el progresismo. En medio de la controversia, el PS emitió una declaración para rechazar iniciativas que puedan abrir espacios de impunidad. Por su parte, desde La Moneda y el oficialismo han destacado la posición que tomaron ambos dirigentes.
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“El señor Aliste Vega debió haberse ido en sus últimas horas a su casa y los condenados por derechos humanos que están agonizando también debieran poder irse a a su casa”. Esa frase, pronunciada por la exministra del Interior Carolina Tohá en referencia al exlautarista que falleció en la cárcel tras padecer un cáncer, generó molestia e incomodidad en sectores de la izquierda.
Luego de manifestar su posición en El Mostrador y ante las primeras reacciones internas que provocaron sus dichos, Tohá explicó su postura en X: “Todas las personas en prisión que están en fase terminal debieran pasar sus últimas horas en su casa y no morir en la cárcel, sea cual sea el delito cometido”.
El senador Fidel Espinoza, quien actualmente se encuentra suspendido del Partido Socialista debido a una investigación por violencia intrafamiliar en su contra, publicó una columna de opinión en Radio Bío Bío en la que planteó una postura en la misma línea que Tohá.
“Quien está postrado, en fase terminal o devastado por el Alzheimer al extremo de no reconocer su propio nombre, ya no está eludiendo a la justicia de los hombres: está rindiendo cuentas ante un tribunal que ninguno de nosotros preside”, se lee en dicha columna.
Si bien ambos forman parte del Socialismo Democrático, espacio político que reúne a sectores del Partido Socialista, el PPD y el Partido Liberal, entre otras colectividades, el PS ha desplegado una ofensiva para evitar que la idea de conmutar penas a condenados por violaciones a los derechos humanos se extienda dentro del sector.

El debate, además, generó reacciones en La Moneda. Desde el Gobierno han divulgado en minutas internas mensajes dirigidos hacia sus dirigentes para destacar la posición que tomaron tanto dirigentes de la centroizquierda. “Hasta Tohá y Espinoza lo reconocen. Nadie debiera morir en la cárcel”, decía un mensaje divulgado dentro de los partidos oficialistas.
En en Ejecutivo explican que se trata de una estrategia de salir a relevar las diferencias que se han producido dentro de la izquierda con una materia que hasta hace unos días enfrentaba más bien a los partidos de la derecha, dado que sectores de Chile Vamos, en particular RN, han llamado a dejar de lado la discusión en torno a los indultos.
Por su parte, desde el Partido Nacional Libertario, su timonel, Johannes Kaiser, realizó un reconocimiento tanto a Espinoza como a Tohá “porque han mostrado más carácter y coraje moral en materia humanitaria, que lo que ha mostrado prácticamente todo el resto del espectro político, además del sector académico, eclesiástico e intelectual”.
La contención socialista
Fue ayer por la tarde cuando la mesa directiva del Partido Socialista emitió una declaración pública en la que, en medio de la controversia generada por los dichos de Tohá y Espinoza, advirtió que“el respeto a los derechos humanos no puede transformarse en un camino hacia la impunidad”.
En el documento, la colectividad señaló que su pronunciamiento respondía a las informaciones sobre eventuales indultos presidenciales y proyectos de ley que permitirían sustituir penas de prisión por reclusión domiciliaria.
Así, la mesa directiva del PS manifestó su “firme rechazo a aquellas iniciativas que, bajo argumentos de edad avanzada, enfermedad o deterioro físico, puedan abrir espacios de impunidad para quienes han cometido delitos especialmente graves y, en particular, crímenes de lesa humanidad”.
En esa línea, la directiva socialista indicó que su principal preocupación es que estas iniciativas “puedan beneficiar a responsables de secuestros, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura”.
Esto, según argumentaron en el texto, porque “los crímenes de lesa humanidad tienen una gravedad excepcional y su sanción efectiva constituye un compromiso irrenunciable de nuestro sistema democrático y la principal garantía de que dichas violaciones de derechos humanos no vuelvan a ocurrir”.
El diputado socialista Daniel Manouchehri, señaló en su cuenta de X que su “empatía está con las víctimas y sus familias. La señal debe ser clara. Quien viole niños, asesine con crueldad, torture o haga desaparecer personas debe saber que va a morir en la cárcel. El Estado debe garantizar atención médica y hacer cumplir las condenas hasta el final. Punto.”



