Quiénes son los estudiantes con gratuidad que están en la mira de Quiroz: 28 mil jóvenes son parte del 20% más rico de Chile y reciben el beneficio

En medio del debate en torno a dónde se podía contener el gasto público, el Gobierno apuntó a la educación superior. Comenzaron los millonarios y polémicos embargos a los deudores del CAE, pero la gratuidad también se puso en la palestra y se convirtió en uno de los principales puntos de donde se busca ahorrar presupuesto.

Principalmente porque se descubrió que en algunos casos habían estudiantes con gratuidad que no pertenecían a los deciles socioeconómicos para los que fue pensado el beneficio. En entrevista con The Clinic, la ministra María Paz Arzola afirmó que “la gratuidad es un beneficio muy cuantioso en términos monetarios y que no se estaba asignando con el rigor que se requería”.

Y en octubre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que a comienzos de año intentó impulsar poner límites y restricciones para la gratuidad, explicó, en la misma línea, que existía una “viveza” por parte de algunos beneficiarios que buscarían “ir chequeando y eliminando”.

Quiénes son los beneficiarios de gratuidad

Hay al menos 100 mil beneficiarios que, según se corroboró con la Casen 2024, no corresponden a los primeros seis deciles socioeconómicos (60% de la población con menores ingresos), uno de los requisitos para obtener la gratuidad.

Según una investigación de Fernanda Castillo, del centro de estudios Horizontal, observando los datos de la Casen, las estimaciones giran en torno a que hay cerca de 28.586 beneficiarios que se encuentran en los deciles 9 y 10.

A modo de ejemplo, según las cifras de la Casen (con valor del peso a 2024), para pertenecer al decil 9, los miembros de un hogar deben tener un ingreso mensual por persona entre $825 mil y $1,3 millones. Mientras que quienes integran el último decil son quienes tienen un ingreso mensual por integrante que supera los $1,3 millones.

Con el valor de la moneda actual, el rango de ingresos por persona para el decil 9 está entre los $886 mil y los $1,4 millones, y el décimo debe superar este último monto.

Es decir, hoy un hogar de cuatro personas entra al decil 9 si sus ingresos suman entre $3,5 y $5,8 millones mensuales. Mientras que, para entrar al decil 10, debe superar los $5,8 millones mensuales.

De los beneficiarios, comenta Castillo a The Clinic, hay una estimación de que son cerca de 6.680 las personas con gratuidad que se encuentran en el decil diez.

El mismo estudio de Horizontal apunta a que los beneficiarios fuera de la población objetivo se caracterizan por ser naturalmente de altos ingresos, hogares más pequeños y con mayor inserción laboral que aquellos estudiantes parte de la población objetivo que reciben gratuidad. Se concentran en carreras profesionales y en la Región Metropolitana.

Un gasto de más de $500 mil millones del fisco hacia beneficiarios que no pertenecen al 60% más vulnerable de la población

Solo la mala asignación a quienes pertenecen a los últimos dos deciles de mayores ingresos del país equivale a un gasto aproximado para el fisco de $373 mil millones en 2024 (pesos de 2025), según Horizontal.

Y un estudio de Libertad y Desarrollo, que apunta a las mismas cifras de beneficiarios, menciona que aplicando la distribución por deciles al presupuesto de gratuidad, bajo el supuesto de costos promedio homogéneos por beneficiario, se obtiene una estimación referencial cercana a $500 mil millones anuales destinados a quienes no deberían tener el beneficio.

A lo que ha apuntado el Ejecutivo precisamente es a que existe un uso malicioso por parte de algunos para modificar sus datos del Registro Social de Hogares y acceder a la gratuidad.

Según el propio Quiroz, habría cerca de 80 mil beneficiarios que declaran vivir solos, cuando, se piensa, en realidad viven con sus padres. O que algunos estudiantes no declaran que viven con sus padres, sino con algún familiar de peor situación socioeconómica.

Florencia Croxatto, economista del Programa Social de Libertad y Desarrollo, explica que las cifras son “una señal de alerta sobre la focalización de esta política”.

¿Por qué ocurrió esto? Según la economista, “esto puede explicarse por problemas administrativos del Registro Social de Hogares. Durante la pandemia, el registro se amplió rápidamente (porque era auto reportado), y quedaron en evidencia dificultades para verificar los ingresos y la composición de las familias. Estas debilidades persisten: hoy el 51% de los hogares inscritos en el RSH figura como unipersonal, frente al 21% que registra Casen”.

Así también Castillo comenta que “el problema de fondo de la gratuidad es anterior y tiene que ver con la debilidad de sus mecanismos de focalización. La información declarada en el FUAS se contrasta con el Registro Social de Hogares y otras bases del Estado, pero persisten deficiencias en la calidad de la información y su verificación. Esto abre espacio para que estudiantes con ingresos muy superiores a los de la población objetivo accedan al beneficio”.

“A ello se suma un problema de diseño que también afecta a otros beneficios sociales del Estado, la lógica del ‘todo o nada’. Un estudiante cuyo hogar supera mínimamente el umbral del 60% de menores ingresos queda completamente excluido de la gratuidad. Este diseño genera incentivos para manipular la información socioeconómica y quedar dentro del tramo que permite acceder al beneficio”, dice Castillo.

El cambio a un modelo que cruce más bases de información que se traduce en un ahorro estimado de $39.700 millones

Precisamente porque se detectó un mal uso del beneficio, es que el Gobierno está realizando más cruces de bases de datos y enfocándose en que la gratuidad se otorgue de manera correcta.

La subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, comenta a The Clinic que a comienzos de año implementaron “un modelo de anomalías que cruza información del FUAS con registros administrativos del Estado, como el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Registro Social de Hogares (RSH), el Registro Civil, entre otros, permitiéndonos identificar inconsistencias que antes podían pasar inadvertidas”, con lo que aumentaron su capacidad de detección y lograron un impacto de ahorro estimado de $39.700 millones.

Explican que esa cifra se calcula tomando en consideración el valor promedio ponderado del arancel regulado, de acuerdo con la oferta académica 2026 (3.7 millones), y los 10.730 beneficiarios menos en curso inicial que hubo entre 2025 y 2026 (con prácticamente la misma cantidad de postulantes).

“Estamos dando un paso importante hacia una asignación más justa y precisa de los beneficios estudiantiles. Con un nuevo modelo que cruza información educativa, tributaria y patrimonial, fortalecemos la detección de inconsistencias y resguardamos los recursos públicos para que la gratuidad llegue a quienes realmente las necesitan”, dice la subsecretaria.

Desde la subsecretaría ejemplifican que en 2026 fueron 23.264 versus 26.348 el 2025 (un 8,2% menos) apelaciones para beneficios y becas estatales, pero que finalmente solo se le asignó gratuidad a 5.908 apelantes versus 9.757 que se otorgaron el 2025 (un 39,4% menos).