“Se ha perjudicado al estado por unos $1.900 millones”: La investigación por fraude al fisco que complica al alcalde de Chillán

Este viernes, en el Tribunal de Garantía de Chillán, fue formalizado por el delito de fraude al fisco el alcalde de esa ciudad, Camilo Benavente. La Fiscalía Regional del Ñuble le imputa un perjuicio al Estado por al menos 1.900 millones de pesos al adquirir una propiedad cuyo valor superaría la tasación real.

“El Ministerio Público ha llegado a la convicción, por lo menos en esta instancia de formalización, de que se ha perjudicado al Estado a lo menos en unos 1.900 millones de pesos, puesto que a nuestro entender este predio tiene un valor muy inferior al cual efectivamente se pagó”, dijo la fiscal Nadia Espinoza.

La persecutora sostiene que Benavente, contraviniendo las normas y principios que debe cumplir, actuó contra el interés general, adquiriendo el predio denominado Medialuna de Chillán, ubicado en el sector Schleyer, por 3.276 millones 160 mil pesos no usando una tasación fidedigna.

En la audiencia se expuso que el 9 de noviembre de 2021, el alcalde se reunió con el concejo municipal y aprobó los contratos de promesa y compraventa del inmueble por el monto ya mencionado. Al mes siguiente se realizaron las tres tasaciones ordenadas por el municipio.

“A nuestro entender este predio tiene un valor muy inferior al cual efectivamente se pagó”, precisó la fiscal.

Acusado de ocultar información al concejo de Chillán

A lo anterior se suma otro ilícito según el Ministerio Publico. Benavente acordó restituirle a la sociedad vendedora, Fiesta El Caballo Chileno, las graderías, corrales, estructuras de madera, techumbres, ventanales y demás enseres de la medialuna. ¿El problema? omitió entregar esta información al concejo municipal cuando se aprobó la compraventa.

“Dichas especies tenían un valor económico y su valor se incluyó en el precio pactado, defraudando con ello al patrimonio municipal por cerca de 200 millones de pesos“, expuso la fiscal en la audiencia de formalización.

En la instancia, la Fiscalía solicitó las medidas cautelares de arresto domiciliario total, prohibición de salir del país, prohibición de acercarse a la municipalidad y de contactarse con funcionarios municipales. 

“Estas medidas buscan garantizar los fines del procedimiento, puesto que hay diligencias pendientes que son necesarias de evaluar, y también nos hemos enterado de ciertas presiones, por parte del ente municipal, hacia sus subalternos al momento de declarar en la investigación”, señaló la fiscal Espinoza.

La magistrada del Juzgado de Garantía de Chillán, Claudia Madsen Venegas, suspendió la audiencia, hasta el lunes a las 8 horas, cuando se retomará para resolver las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.