Columna de Marco Moreno: Chile ya no solo llega tarde a la emergencia

En enero escribí que Chile no fallaba cuando ardía, sino cuando decidía tarde. Los incendios forestales mostraban un Estado capaz de movilizar recursos y responder a la emergencia, pero con serias dificultades para anticipar los riesgos. Los acontecimientos de los últimos días obligan a revisar esa afirmación. El aluvión de San Carlos de Apoquindo y las inundaciones en Ñuñoa y Providencia sugieren que el problema puede ser más profundo: estamos teniendo dificultades no solo para prevenir las emergencias, sino también para conducirlas.

Lo ocurrido en Santiago no puede explicarse únicamente por la intensidad de los fenómenos meteorológicos. El clima está cambiando y las ciudades enfrentan amenazas cada vez más complejas. Pero una cosa es la imprevisibilidad de una tormenta y otra, muy distinta, la vulnerabilidad acumulada de los territorios donde descarga. Las lluvias pueden sorprender. Las quebradas, los sistemas de evacuación de aguas lluvias y las condiciones de la infraestructura urbana llevan años a la vista.

El caso de San Carlos de Apoquindo resulta especialmente revelador. Existían advertencias técnicas sobre el riesgo de remociones en masa, mientras las obras de contención seguían pendientes. Después vino la discusión sobre las alertas, los tiempos de respuesta y las competencias institucionales. Ahora, tras las inundaciones del martes, nuevamente aparecen autoridades que reclaman recursos, cuestionan la coordinación y disputan responsabilidades.

El problema no es que falten instituciones. Chile tiene una institucionalidad especializada, protocolos, organismos técnicos, gobiernos regionales y municipios con capacidades de respuesta. Lo que estos episodios ponen en cuestión es la capacidad de ese entramado para funcionar como un sistema. Una emergencia no se gobierna sumando instituciones que actúan simultáneamente. Se gobierna cuando existe una conducción capaz de transformar información dispersa, atribuciones diferentes y recursos disponibles en decisiones oportunas.

Aquí aparece una distinción importante. La coordinación no equivale a la conducción. Reunir autoridades, activar comités y desplegar equipos puede ser necesario, pero no garantiza que alguien esté integrando las decisiones. Cuando cada institución responde por su ámbito, sin una dirección suficientemente articulada, el Estado puede estar presente en todas partes y, aun así, ofrecer una respuesta fragmentada.

La controversia sobre la disponibilidad de tecnología meteorológica ilustra otra dimensión del problema. Contar con mejores radares y sistemas de monitoreo es indispensable. Sin embargo, la información no toma decisiones. Entre una advertencia técnica y una acción preventiva existe una cadena de responsabilidades políticas y administrativas. Si esa cadena no funciona, disponer de más información puede terminar ampliando el registro de aquello que se sabía y no se hizo.

Hay, además, una dimensión territorial que suele quedar fuera del debate. Los municipios son la primera puerta a la que golpean los ciudadanos cuando sus viviendas se inundan o sus calles quedan inutilizadas. Sin embargo, buena parte de las decisiones, atribuciones y recursos que condicionan su respuesta dependen de otros niveles del Estado. Esa distancia entre quien recibe la demanda ciudadana y quien controla los instrumentos para resolverla produce una gobernanza de responsabilidades dispersas. Todos tienen alguna competencia, pero nadie dispone por sí solo de las capacidades necesarias.

La consecuencia política es significativa. Cuando la emergencia se convierte en una controversia entre el Gobierno central, el gobierno regional y los municipios, la ciudadanía termina observando una competencia por explicar quién debía actuar, mientras continúa esperando soluciones. La disputa por las responsabilidades puede ser legítima y necesaria. Pero cuando desplaza la gestión de la crisis, agrega incertidumbre precisamente donde el Estado debería reducirla.

Hay otro problema menos visible, pero igualmente importante: la disolución de las responsabilidades políticas. Mientras la emergencia ocupa la agenda, las autoridades se atribuyen o disputan competencias. Después, cuando la atención pública disminuye, las responsabilidades quedan atrapadas en investigaciones administrativas y judiciales que pueden prolongarse durante meses o años. Esos procedimientos son necesarios, pero no sustituyen la rendición de cuentas política. No todo desempeño deficiente constituye una falta administrativa o un delito. Sin embargo, eso no significa que deba quedar sin consecuencias. En Chile existe un déficit de exigencia de responsabilidades por los resultados de la gestión pública. Rara vez se evalúa quién decidió, quién dejó de hacerlo y qué consecuencias tuvo. Si nadie exige cuentas por el desempeño, termina instalándose una señal preocupante: hacerlo bien o hacerlo mal parece dar lo mismo.

Lo ocurrido también interpela a La Moneda. No porque el Presidente deba dirigir personalmente cada operativo, sino porque al Gobierno central le corresponde asegurar que la institucionalidad funcione de manera integrada. La conducción política de una emergencia no se mide por la presencia de autoridades en terreno ni por la cantidad de reuniones realizadas, sino por la capacidad de resolver los problemas que ninguna institución puede solucionar aisladamente.

En enero el diagnóstico era que Chile había desarrollado capacidades para reaccionar, pero no para anticipar. Octubre introduce una advertencia adicional: esas capacidades de reacción tampoco pueden darse por descontadas cuando la fragmentación institucional dificulta su articulación. Y cuando las responsabilidades políticas se diluyen sin una evaluación efectiva del desempeño, también se debilitan los incentivos para corregir los errores.

El desafío, por tanto, no consiste simplemente en comprar tecnología, modificar protocolos o encontrar responsables después de cada desastre. Consiste en revisar cómo se toman las decisiones, quién tiene autoridad para integrar la respuesta y cómo se conectan las capacidades del Estado central con las necesidades de los territorios. Pero también en establecer mecanismos que permitan exigir cuentas por las decisiones y sus resultados.

Durante años nos acostumbramos a pensar que Chile podía fallar antes de la emergencia, pero sabía responder cuando esta llegaba. Los últimos acontecimientos obligan a revisar esa convicción. Hoy no solo está en cuestión nuestra capacidad de anticipación, sino también la conducción de la respuesta y la disposición a exigir responsabilidades por sus resultados. Porque un Estado donde nadie responde políticamente por lo que hizo o dejó de hacer tiene pocas razones para aprender de sus errores.