Chile no falla cuando arde: falla cuando decide tarde

Cada nuevo ciclo de incendios vuelve a activar la misma secuencia: emergencia, despliegue del Estado, coordinación política, diagnósticos correctos y promesas de aprendizaje. Y, sin embargo, el patrón se repite. No porque el Estado sea incapaz de reaccionar, sino porque el problema no está en la reacción. El déficit es previo, silencioso y persistente: la falta de anticipación política.

Conviene partir despejando un equívoco frecuente. La emergencia no es el momento donde el Estado chileno falla. Cuando el incendio ya está activo, el aparato público responde: hay recursos, coordinación interinstitucional y liderazgo visible. Incluso se producen gestos transversales de responsabilidad política. Eso habla de capacidades existentes. Pero también revela una paradoja: Chile funciona razonablemente bien cuando el daño ya ocurrió, no cuando todavía podía evitarse o atenuarse.

El núcleo del problema es decisional. La prevención es políticamente huérfana. No da votos, no genera épica, no produce imágenes potentes. Implica costos anticipados, regulaciones más exigentes y conflictos con intereses establecidos. En cambio, la emergencia sí ofrece visibilidad, relato y protagonismo. En un sistema político tensionado por el corto plazo, la balanza se inclina una y otra vez hacia la reacción.

Esta lógica expresa una falla más profunda: el Estado chileno no gobierna bien el tiempo largo. La planificación estratégica queda subordinada a la urgencia. Se decide cuando el riesgo se materializa, no cuando aún hay margen para elegir. Anticipar exige sostener políticas en el tiempo, invertir sin resultados inmediatos y asumir costos hoy para evitar daños mañana. Es un tipo de liderazgo menos visible, pero decisivo.

Chile, sin embargo, sí ha demostrado que puede anticipar cuando hay decisión política. El contraste más claro está en el aprendizaje posterior al terremoto de 2010. Tras esa tragedia, el país optó por fortalecer y hacer más exigente la normativa de construcción antisísmica. Fue una decisión política y técnica que tocó intereses, elevó costos y exigió mayor fiscalización. Nadie sostuvo que con ello los terremotos desaparecerían. Lo que se entendió fue algo clave: la anticipación no elimina el riesgo, pero reduce drásticamente sus efectos.

Ese aprendizaje se tradujo en regulaciones más estrictas y en una institucionalidad más robusta de gestión del riesgo, hoy expresada en organismos como SENAPRED. El resultado es evidente: en un país sísmico, los desastres no se evitan, pero sus consecuencias son menores porque hubo liderazgo para decidir antes.

¿Por qué esa lógica no se replica frente a los incendios forestales? Porque anticipar en serio supone ordenar el territorio, regular el uso del suelo, intervenir zonas de interfaz urbano-forestal y redefinir responsabilidades públicas y privadas. Es decir, asumir conflicto político. Allí, la decisión suele diluirse.

La fragmentación institucional profundiza el problema. La prevención se reparte entre el nivel central (ministerios) y subnacional (gobierno regional y local) y múltiples agencias, sin un centro político claro de conducción del riesgo. La técnica advierte, pero la decisión se posterga. Cuando la responsabilidad se distribuye sin jerarquía, la política pierde capacidad de mando y la anticipación se transforma en retórica post desastre.

Además, persiste un error conceptual: seguimos hablando de catástrofes “naturales”, cuando una parte sustantiva del riesgo es políticamente producido. El cambio climático importa, pero también las decisiones acumuladas sobre expansión urbana, planificación territorial y modelos productivos. El fuego no aparece de improviso; se incubó en omisiones prolongadas.

La coordinación en la crisis es necesaria y valiosa, pero no reemplaza la institucionalidad preventiva. Cooperar cuando el incendio avanza es una obligación básica del Estado. Gobernar de verdad implica decidir antes, cuando prevenir exige liderazgo y capacidad de enfrentar intereses.

En el fondo, el problema es claro: Chile carece de prospectiva vinculante. Hay informes y advertencias, pero no escenarios que condicionen de verdad presupuestos, regulaciones y decisiones territoriales. Mientras la anticipación no tenga consecuencias políticas reales, seguirá siendo un buen discurso… después del desastre.

Por eso, más que preguntarnos por qué vuelven los incendios, la pregunta incómoda es otra: ¿por qué el Estado sigue decidiendo solo cuando ya no tiene alternativa? Chile no falla cuando el incendio ocurre. Falla antes. No es un problema de reacción, sino de anticipación política. La prevención no da votos; la emergencia sí. Y ese es el déficit estructural que seguimos postergando.

El desafío, entonces, no es técnico. Es político. Anticipar exige liderazgo para asumir costos hoy y proteger a la sociedad mañana. Chile ya demostró, después de 2010, que puede hacerlo. La pregunta es por qué, frente a los incendios, seguimos esperando que el fuego vuelva a enseñarnos la misma lección.