Oposición condena los hechos de violencia en el séptimo aniversario del 18-O, pero cuestiona el balance del Gobierno tras conmemoración

Usualmente, la cita para la reunión de los presidentes de los partidos de oposición en la sede del Partido Socialista es a las 9:00 horas. Sin embargo, este lunes los dirigentes se reunieron una hora más tarde.

A medida que ingresaban a la sede socialista, los timoneles se detuvieron ante la prensa para abordar distintos asuntos de la contingencia: las pérdidas que sufrieron las AFP la semana pasada, las últimas cifras de las encuestas y las expectativas que tienen respecto de la respuesta del Ejecutivo ante la emergencia climática pronosticada para este martes.

Pero hubo otro asunto que terminó marcando las declaraciones de los dirigentes: el balance que realizó el ministro de Seguridad, Martín Arrau, sobre la conmemoración del séptimo aniversario del estallido social, que se cumplió este domingo 18 de octubre.

El tema, sin embargo, no surgió por iniciativa de los presidentes de partido, sino a raíz de las consultas de la prensa sobre las declaraciones que el secretario de Estado había realizado durante la mañana.

Arrau encabezó el comité policial destinado a evaluar los incidentes registrados durante la jornada anterior. Según el balance entregado por la autoridad, hubo 110 detenidos, 43 incidentes y una asistencia estimada de entre 2.500 y 2.800 personas.

Más allá de las cifras, fue la interpretación política que hizo el ministro sobre lo ocurrido la que terminó provocando los cuestionamientos de la oposición. “Fueron eventos más violentos que el año pasado, menos detenidos, menos eventos pero más violencia”, sostuvo Arrau, quien calificó a los responsables de los incidentes como “delincuentes, antisociales, sociópatas”.

El secretario de Estado también cuestionó el sentido de las manifestaciones. “¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin? ¿Qué ideas se instaló ayer? ¿Qué propuestas se le hizo al país?”, preguntó, antes de concluir que lo ocurrido fue “delincuencia pura y dura, es anarquismo, es generar desorden e inestabilidad”.

La oposición contra Arrau

Las palabras del ministro encontraron una respuesta entre los dirigentes del progresismo, quienes coincidieron en condenar los hechos de violencia, pero cuestionaron que el Gobierno centrara su evaluación del aniversario del estallido social en los incidentes de orden público.

El primero en llegar a la reunión fue el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, quien marcó una distinción entre las manifestaciones y los hechos delictuales. “Cuestionamos y sancionamos la violencia de cualquier lugar donde ocurra. Sin embargo, el derecho a manifestarse no es delincuencia y el Gobierno insiste en vandalizarla y criminalizarla”, sostuvo.

En el Partido Socialista Paulina Vodanovic, en tanto, los cuestionamientos apuntaron a las prioridades que ha establecido el Ejecutivo en materia de seguridad. La presidenta de la colectividad planteó que los problemas que enfrenta el país exceden el control del orden público y cuestionó que La Moneda haya concentrado parte de sus esfuerzos en medidas dirigidas a perseguir las capuchas y las barricadas.

Si bien recalcó que “no comparto ni he compartido nunca la violencia”, también puso en duda la efectividad de esa agenda para enfrentar los principales problemas de seguridad del país.

“Otra cosa es que creamos que el principal problema que tiene Chile en materia de seguridad se ataca con una ley anticapucha o con una ley antibarricada. Nosotros necesitamos medidas que combatan el crimen organizado con eficiencia, con recursos y eso no lo vemos”, señaló.

De esta manera, las críticas de los dirigentes no solo estuvieron dirigidas a las declaraciones de Arrau, sino también a la estrategia de seguridad que ha impulsado el Gobierno de José Antonio Kast. Una lectura similar planteó el diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, quien sostuvo que el discurso del Ejecutivo sobre el orden público mantiene la misma línea que durante la campaña presidencial.

Aunque también rechazó los hechos de violencia y destrucción, Ortiz cuestionó que el Gobierno haya llegado a La Moneda con la promesa de cambiar la situación del país sin que, a su juicio, esas expectativas se hayan cumplido.

En ese contexto, el parlamentario apuntó a las dificultades económicas que enfrentan las familias y a la necesidad de que la discusión política no se limite a los incidentes ocurridos durante la conmemoración del 18 de octubre. “Hay que ver cómo somos capaces de darle una cuota de esperanza a millones de chilenos y chilenas que no están llegando a fin de mes, que lo están pasando mal, que están cesantes”, manifestó.

Desde el Frente Amplio, la presidenta de la colectividad, Gael Yeomans, también cuestionó la interpretación del ministro de Seguridad, a quien atribuyó una mirada “bien estrecha y sobre todo en estos tiempos en donde hay que tener miradas más integrales”.

La diputada vinculó esa crítica con el malestar social y las dificultades que, a su juicio, enfrenta actualmente la ciudadanía. En ese sentido, llamó al Ejecutivo a “no desconocer que hay malestar en las personas con la crisis que ellos generaron”.

“Mucho cuidado porque ahí deberían estar los acentos y las prioridades del Gobierno y no en otras cosas”, advirtió Yeomans.