“Ningún miembro de la Secom mantiene relación profesional o contractual”: La defensa de Alvarado al Gobierno en la comisión Cerimedo

Cerca de 40 minutos se tardó en intervenir el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado (UDI), ayer lunes por la tarde, cuando participó de la comisión especial investigadora que aborda los actos del Gobierno “en relación al conocimiento, prevención, detección, fiscalización frente al uso de bots”, también denominada “comisión Cerimedo“.

El nombre de la instancia surgió por el apellido del polémico consultor Fernando Cerimedo, vinculado a campañas políticas de desprestigio en Latinoamérica, de las cuales parlamentarios de oposición mantienen dudas sobre su influencia en Chile y en los procesos electorales en suelo nacional.

Para despejar dudas fue que se invitó al jefe del gabinete y, además, líder de la cartera encargada de las comunicaciones de La Moneda.

Sin embargo, la participación de Alvarado en la sesión debió esperar, pues antes el presidente de la comisión, José Carlos Meza (Partido Republicano), tuvo la misión de poner orden en reiteradas ocasiones —tanto a diputados oficialistas como opositores— ante las sucesivas intervenciones cruzadas que se hacían en simultáneo en el salón.

La situación se explicaba por las quejas que generaba que la diputada Chiara Barchiesi (Partido Republicano) pidiera exponer un informe que algunos consideraban que no correspondía presentar en la comisión: este contemplaba datos desde el estallido social de 2019, cuando la sesión tenía como finalidad indagar sobre los procesos electorales ocurridos a partir de 2020 y el aparente uso de bots en las campañas.

En ese tira y afloja, con llamados a no convertir de la sesión “un circo” —como dijo el diputado Benjamín Moreno (Partido Republicano), misma expresión usada por el diputado Luis Cuello (PC)—, finalmente se definió que no se votaría, por ahora, la lectura del informe de Barchiesi.

Lo anterior ocurría pese a que el propio Meza explicitó que estaba cometiendo un acto que no correspondía y que podía convertirse en una sanción para los parlamentarios, puesto que no está permitido que no se sometan a votación asuntos que sean discutidos en la comisión y que, además, se propongan por alguna de las partes.

En la oposición afirman que la jugada oficialista consistía en cambiar los objetivos de la comisión y trasladarlos a eventos que ya fueron tratados en otra instancia, como el estallido social. Como fuera el caso, el tema quedó postergado para más adelante para que Alvarado pudiera presentar.

El Gobierno no ha “financiado” ni “difundido” contenido mediante cuentas cuyo “titular no sea un órgano del Estado”, dice Alvarado

Así, el biministro agradeció la invitación —aunque estaba obligado a asistir, dado su rol como autoridad pública— y comenzó su intervención tomando unas hojas de papel que comenzó a leer. Se trataba de una “declaración de principios” que quiso resaltar en la comisión.

“La transparencia, la integridad de los procesos electorales y la confianza de los ciudadanos en la democracia son bienes públicos que se deben proteger siempre sin ningún tipo de distinción política. Ese es un principio esencial, fundamental, que nos debe regir, sobre el cual no tengo duda que estamos todos de acuerdo”, señaló Alvarado en su inicio.

De inmediato, el secretario de Estado hizo una precisión relevante y continuó señalando que, dado que la comisión era convocada para indagar sobre los actos de Gobierno, él sólo podía referirse a eventos que ocurrieron desde el 11 de marzo a la fecha. Con el punto planteado, afirmó: “El Gobierno actual jamás ha instruido, financiado, coordinado ni tolerado directa o indirectamente la difusión de contenidos gubernamentales mediante cuentas o perfiles cuyo titular no sea un órgano del Estado“.

“Nuestras comunicaciones institucionales se desarrollan a través de canales oficiales, formales y debidamente identificables, con sujeción a los principios de probidad, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública”, sumó Alvarado, junto con establecer que La Moneda orientaba su “labor comunicacional teniendo en consideración el respeto de la dignidad y de los derechos de las personas, evitando la difusión de contenidos anónimos, engañosos, ofensivos o destinados a desacreditar a personas o instituciones”.

“Ningún miembro de la Secom mantiene relación profesional” con las empresas de Cerimedo

Cuando Fernando Cerimedo fue detenido en Bolivia tras ser acusado del delito de femicidio, rápidamente se comenzaron a tirar los hilos de las relaciones políticas con las que contaba el consultor argentino.

Además de haber realizado asesorías a los hoy presidentes Javier Milei (Argentina) y Rodrigo Paz (Bolivia), Cerimedo también era asociado a los procesos electorales chilenos, particularmente a los que guardaron relación con el proceso constitucional. En 2020, su empresa Numen realizó encuestas que pronosticaban el resultado que tendría el plebiscito de entrada de octubre de ese año en las que se vaticinaba un amplio triunfo del Rechazo, cuando en realidad terminó imponiéndose por amplio margen el Apruebo de ese entonces.

Como justificación, Cerimedo relató que su compañía fue requerida por la Casa Común por el Rechazo, grupo civil contrario a la elaboración de una nueva Constitución, y en la que habría coincidido con dos asesores que hoy son parte de La Moneda: Felipe Costabal, director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) de la Segegob,, y Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores de la Presidencia de la República.

Aquello motivó a que parlamentarios oficiaran a las instituciones respectivas para esclarecer la cercanía del consultor argentino con el actual Gobierno. Eso en parte también instó a que ayer el propio diputado Juan Santana (PS) le preguntara a Alvarado si podía afirmar que ningún funcionario de la Segegob o de la Secom “generaron contratos con Numen SpA, Numen Group, Enrique García (socio de Cerimedo en Numen), o La Derecha Diario (medio de comunicación de Cerimedo)“.

“Ningún miembro de la Secom mantiene relación profesional, contractual, societaria de asesoría o de cualquier otra naturaleza con Numen Group o Numen SpA“, respondió Alvarado de forma concisa, a la vez que afirmó que su repartición tampoco ha contratado servicios digitales que provengan de otros países, también atendiendo una pregunta que le planteó Santana.

En su respuesta, el secretario de Estado también debió referirse a si el Gobierno patrocinaría alguna propuesta parlamentaria en la que se brindaran mayor facultades al Servicio Electoral (Servel), que en un oficio señaló que carecía de algunas competencias relativas a la fiscalización de servicios contratados por candidatos en procesos electorales.

“Para su tranquilidad, señor diputado, para nosotros la transparencia, la integridad de los procesos electorales y la confianza de los ciudadanos en la democracia son bienes públicos que se deben proteger sin distinción política. Si hay iniciativas que contribuyan a ese propósito obviamente que estamos dispuestos a escuchar“, sostuvo el biministro.

Por último, Alvarado fue requerido por el diputado José Montalva (ind.-PPD) respecto a los riesgos que habría en los procesos electorales ante la ausencia de fiscalización. No obstante, el jefe del gabinete desdramatizó la situación y la aterrizó: “Nuestro país se destaca por servicios electorales de excelencia (…). No existen cuestionamientos a esa labor (…). Así que, ante amenazas o riesgos que efectivamente se constaten, que exista evidencia, hechos concretos, indudablemente que nadie puede quedar indiferente”.

Esto último era “distinto es suponer, especular o generar hipótesis que no tengan una base de sustento real comprobado“, señaló. Tras ello, ningún otro diputado requirió al biministro y este se retiró, con un especial saludo a Moreno al salir del salón.

En la comisión también se notificó que el diputado Hotuiti Teao (ind.-UDI) enviará un cuestionario a Evelyn Matthei (UDI), excandidata presidencial de Chile Vamos que acusó una campaña “asquerosa” de desprestigio en redes sociales en los comicios de 2025, para que sea contemplado en la instancia.

La exalcaldesa ya habría dado el visto bueno a responder las preguntas que Teao envió, aunque la acción fue reprochada por sus pares por haberse anticipado a las definiciones de la comisión.