
Tiempo Libre
22 de Octubre de 2026Desde “señal de impunidad” a “no hubiese firmado”: Las críticas de Vallejo y Matthei al Gobierno por rebajas de penas a condenados por delitos sexuales
Camila Vallejo cuestionó los beneficios concedidos a 56 condenados por delitos sexuales contra menores y pidió que se reviertan o se hagan valer las responsabilidades políticas. Evelyn Matthei también criticó la decisión del Ejecutivo y sostuvo que habría recurrido a todas las instancias para evitar las rebajas.
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Vallejo acusa “señal de impunidad” por rebajas de penas a condenados por delitos sexuales y Matthei asegura: “No hubiese firmado”
Camila Vallejo y Evelyn Matthei cuestionaron las 56 rebajas de condena concedidas por el Ministerio de Justicia a sentenciados por abuso sexual y violación de menores. Mientras Vallejo acusó una “señal de impunidad” y rechazó que el Gobierno estuviera obligado a otorgarlas, Matthei aseguró que habría hecho “todo lo posible” para no firmar las resoluciones.
La controversia se abrió tras una investigación del medio Interferencia, que reveló que la cartera encabezada por Fernando Rabat aprobó 27 reducciones de penas por abuso sexual de menores y otras 29 por violación. Los beneficios se concedieron por vía administrativa, sin que los favorecidos recurrieran a tribunales.
Las palabras de Vallejo
Vallejo apuntó a la contradicción que, a su juicio, existe entre estas decisiones y el discurso del Ejecutivo en materia de seguridad y protección de la infancia.
“¿Cómo es posible que este gobierno que se autodefinió como el gobierno de emergencia, el gobierno de la seguridad, el gobierno del ‘con mis niños no te metas’, haya decretado, sin orden de la Corte Suprema, la rebaja de condena a 56 abusadores sexuales y violadores de menores de edad?”, cuestionó.
“¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con los menores de edad que quizá en estos momentos están siendo abusados? O sea, se genera una desconfianza en el sistema tremenda”, agregó.
Según sostuvo, la ley publicada en febrero de 2022 excluyó de este beneficio a los condenados por delitos sexuales contra menores, mientras que la controversia judicial se ha concentrado en su aplicación a casos anteriores a esa reforma.
En ese sentido, afirmó que los tribunales revisan las solicitudes individualmente y defendió la estrategia del gobierno anterior de rechazar estos beneficios y enfrentar los eventuales recursos judiciales.
“En todas las solicitudes que se le extendieron al Ministerio de Justicia de rebajar penas a estos delincuentes, se les dijo que no, se rechazaron cada una”, aseguró.
Vallejo reconoció que, en algunos casos, la Corte Suprema ordenó otorgar las rebajas tras la presentación de recursos de amparo. Sin embargo, sostuvo que el Ejecutivo también obtuvo fallos favorables en cortes de apelaciones para impedirlas.
“Es muy grave cómo el gobierno sigue defendiendo este cambio de criterios que ellos aplicaron, que no es más ni menos que una señal de impunidad”, afirmó. Finalmente, pidió que la situación se revierta o que “se hagan valer las responsabilidades políticas del caso”.
Matthei: “No hubiese firmado, pero ni por nada”
Evelyn Matthei también cuestionó las resoluciones y sostuvo que su rechazo habría sido el mismo incluso si se tratara de un solo beneficiado.
“Aunque hubiese uno, y en general, no solamente contra menores, cualquier delito de violación y de abuso es algo absolutamente inaceptable. Yo, por lo menos, hubiese hecho todo, todo, todo, todo lo posible, recurrir a cuanto organismo hay para no firmar”, señaló.
Matthei agregó que el Ejecutivo debió anticipar el impacto de la decisión, considerando sus compromisos en materia de delincuencia.
“Yo, por lo menos, no hubiese firmado, pero ni por nada. Y si se iban de recurso de amparo, que lo hicieran”, sostuvo.
Además, planteó que la existencia de recursos de amparo anteriores mostraba que otras solicitudes habían sido rechazadas administrativamente. También afirmó que, si había dudas sobre el alcance de la exclusión legal, el Gobierno pudo haber impulsado una reforma urgente para explicitar su aplicación a delitos cometidos antes y después de la ley.
“Eso probablemente hubiese sido aprobado en una semana”, aseguró.
Los cuestionamientos se suman a la ofensiva parlamentaria contra Rabat. La oposición busca reunir apoyo para interpelarlo, mientras el ministro ha defendido las resoluciones invocando fallos de la Corte Suprema.