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29 de Octubre de 2026

Más de 20 mil personas tienen prohibido trabajar con menores en Chile: Contraloría detectó 164 contrataciones en organismos públicos

En cuatro años, el registro de personas inhabilitadas para trabajar con niños, niñas y adolescentes aumentó un 73%. Pese a las restricciones judiciales, una fiscalización de Contraloría detectó que decenas de personas con esta prohibición fueron contratadas por instituciones del Estado.

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En Chile, 20.114 personas tienen prohibido trabajar con menores de edad, una cifra que ha aumentado un 73% desde 2022, cuando el registro contabilizaba 11.649 inscritos. El incremento ha encendido las alertas sobre los mecanismos de fiscalización y las dificultades para garantizar que quienes tienen esta restricción judicial no desempeñen funciones relacionadas con niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con los antecedentes del Registro Civil publicados por El Mercurio, del total de personas inscritas hasta el 31 de enero de 2026, 15.590 cuentan con una inhabilidad perpetua y 4.524 tienen una prohibición temporal.

El crecimiento del registro ha sido sostenido durante los últimos años. En junio de 2023 se contabilizaban 14.013 personas, cifra que aumentó a 15.678 en abril de 2024 y a 17.832 en enero de 2025, hasta superar las 20 mil a comienzos de este año.

El aumento de los inscritos no es la única preocupación. Una investigación de la Contraloría General de la República identificó 164 casos de personas inhabilitadas que fueron contratadas por 72 organismos públicos entre 2020 y agosto de 2025, pese a tener prohibido desempeñar funciones que involucraran contacto directo y habitual con menores de edad.

La mayoría de los casos se concentró en establecimientos educacionales, lo que abrió cuestionamientos sobre los controles que aplican las instituciones antes de incorporar trabajadores a sus equipos.

Veinte instituciones aún no aclaran las medidas adoptadas

Tras conocerse los resultados de la fiscalización, la Defensoría de la Niñez solicitó explicaciones a los organismos involucrados para conocer las medidas adoptadas frente a las contrataciones detectadas.

De las 72 instituciones identificadas, 35 casos correspondían a 2025. La Defensoría requirió antecedentes a esas entidades y obtuvo respuesta de 13. Otras 20 instituciones todavía no habían informado qué acciones tomaron, mientras que las restantes situaciones fueron abordadas mediante otras gestiones.

Entre los organismos que no respondieron se encuentran 15 municipalidades, además de hospitales y servicios públicos vinculados al ámbito educacional y sanitario.

Del resto, 12 organismos comunicaron que las personas observadas ya no estaban desempeñando funciones, en otros casos no se ha podido establecer si siguen contratadas o si sus situaciones fueron regularizadas.

El registro permite conocer todos los casos

Actualmente, cualquier persona puede consultar gratuitamente el Registro de Inhabilidades para Trabajar con Menores de Edad mediante el sitio web del Registro Civil. Sin embargo, la plataforma permite verificar casos individuales y no ofrece una nómina pública completa de las personas inscritas.

Especialistas advierten que otro de los problemas es la ausencia de controles permanentes. Si bien las instituciones pueden comprobar los antecedentes de una persona antes de contratarla, no existe una obligación general de repetir periódicamente esa verificación durante la relación laboral.

Esto cobra relevancia cuando una persona recibe una condena después de haber sido contratada. En esos casos, la institución podría no enterarse de la nueva inhabilidad si no vuelve a consultar el registro.

Entre las medidas planteadas por especialistas se encuentran establecer revisiones periódicas, mejorar el intercambio de información entre organismos públicos y reforzar la fiscalización en sectores donde existe contacto habitual con menores, como el deporte, transporte escolar y servicios de cuidado.

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