Defensoría de la Niñez se suma a la ofensiva y presenta recurso de amparo para dejar sin efecto rebajas de condena entregadas por el Ministerio de Justicia

La Defensoría de la Niñez se sumó a las distintas iniciativas y ofensivas que se han impulsado la última semana para revertir las rebajas de condena concedidas por el Ejecutivo a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

El organismo liderado por Anuar Quesille anunció este viernes un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago para dejar sin efecto las 56 rebajas de condena que entregó el Ministerio de Justicia y que tienen a las autoridades de la cartera y del Gobierno en tela de juicio y tratando de controlar una de las mayores crisis que ha tenido la administración de Kast, que a raíz de la polémica deberá sortear también la primera acusación constitucional a uno de sus ministros.

En concreto, la acción presentada por la Defensoría está dirigida contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y solicita que se declaren ilegales y arbitrarios los actos administrativos que permitieron las rebajas, dejando sin efecto los decretos correspondientes. Según sostiene el organismo, estas decisiones amenazan y perturban los derechos a la libertad personal y seguridad individual de las víctimas.

“Asimismo, solicita que se informe a los respectivos Juzgados de Garantía para que determinen las medidas que correspondan para el cumplimiento efectivo de las penas impuestas, incluidas eventuales órdenes de detención, si procede”, lee la declaración de la Defensoría.

Entre los argumentos expuestos, la institución cuestiona el cambio de criterio aplicado por el Ministerio de Justicia para conceder estos beneficios, pese a que la Ley N.º 19.856, modificada por las leyes N.º 21.421 y N.º 21.522, establece exclusiones expresas para determinados delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes.

El recurso también plantea que el propio ministerio había sostenido anteriormente una interpretación contraria al otorgamiento de estos beneficios en casos de similares características, criterio que había sido respaldado en distintas resoluciones de la Corte Suprema.

Otro de los principales cuestionamientos apunta a que las decisiones no habrían considerado ni ponderado el interés superior de los niños, niñas y adolescentes víctimas, ni evaluado adecuadamente los riesgos para su seguridad. Esto, especialmente en aquellos casos en que las personas condenadas ya recuperaron su libertad.

Según plantea la Defensoría, esta omisión afecta la integridad física y psicológica de las víctimas, además de su posibilidad de desarrollar sus vidas en condiciones de seguridad.

Asimismo, el organismo también solicita que la cartera coordine con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia la activación de medidas de protección para las víctimas, y pide mantener en reserva todos los antecedentes que permitan identificarlas, con el objetivo de evitar su revictimización.

Defensor de la Niñez: “El Estado tiene la obligación de adoptar medidas concretas para proteger a las víctimas”

Al respecto, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, sostuvo que “no estamos solo frente a una discusión sobre beneficios penitenciarios, sino que también estamos frente a decisiones del Estado que pueden afectar directamente la seguridad y los derechos de quienes fueron víctimas de graves delitos sexuales”, afirmó.

“Por eso hemos acudido a la justicia, porque consideramos que estas rebajas deben quedar sin efecto y que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas concretas para proteger a las víctimas. No basta con explicar por qué se concedieron estos beneficios; también hay que responder qué se está haciendo para resguardar a quienes sufrieron estos delitos”, agregó.

La presentación también sostiene que las decisiones del Ministerio contravienen las obligaciones de protección de las víctimas establecidas en la Ley de Garantías de la Niñez, la Convención sobre los Derechos del Niño y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas normas exigen considerar el interés superior de menores de edad, además de resguardar su seguridad, protección y recuperación frente a la violencia sexual.