Obligados a postergar: el enredo opositor tras el anuncio de la acusación constitucional contra Rabat por falta de antecedentes jurídicos

Es usual que, durante las semanas posteriores al anuncio de una acusación constitucional, comiencen a conocerse los antecedentes que la respaldan y los elementos que pretenden reforzar el libelo acusatorio: los ejes sobre los que se sostendrán los argumentos, el número de capítulos del documento y los reconocidos abogados de la plaza que colaboran con los parlamentarios en la elaboración del texto.

El martes de la semana pasada, la oposición anunció que presentaría una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por haber beneficiado con rebajas de condenas a 56 abusadores sexuales y violadores de menores de edad. Además, por haber otorgado dicho beneficio a condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Sin embargo, a una semana de ese anuncio, no se han conocido los principales ejes de la acusación, los argumentos, los capítulos ni los abogados que están respaldando el trabajo de los parlamentarios encargados de preparar el libelo acusatorio.

Esto no necesariamente responde al hermetismo que mantiene la oposición sobre el tema. Al interior de la izquierda, entre dirigentes y abogados del sector, reconocen que la presentación de la acusación constitucional no es tan simple como pensaban algunos parlamentarios y se complejizó al ver los detalles del caso.

El enredo y la falta de abogados

Durante la semana anterior, más de un dirigente señaló que sería esta semana cuando Rabat conocería los antecedentes de la acusación. Sin embargo, ante la falta de información, reconocen en la oposición, optaron por esperar.

Si bien existe consenso en la izquierda respecto de que el Gobierno tiene el deber de hacer valer las responsabilidades políticas del caso, más aún cuando el propio Presidente José Antonio Kast reconoció que otorgar los beneficios a esos condenados fue un “error grave”, lo cierto es que todavía no cuentan con argumentos jurídicos suficientemente claros para sustentar la acusación, señalan desde la oposición.

Prueba de ello, indican, es que algunos abogados de la plaza, si bien están colaborando, lo hacen bajo reserva. Esto porque, según señalan dirigentes opositores, no quieren poner en juego su prestigio ni su nombre al impulsar una arremetida política que, hasta ahora, reconocen, carece de suficiente sustento jurídico.

El exministro de Justicia Luis Cordero señaló ayer en Tolerancia Cero que en este caso “todavía no se dispone de toda la información. Se conoce particularmente por la labor de la prensa, cuáles son los decretos. La segunda es que hay un conjunto de aspectos que todavía es necesario evaluar, no sólo si hay un cambio de criterio en este ámbito, sino que también, por ejemplo, en el caso de delitos de lesa humanidad. Y creo que esa información tiene que estar disponible para los diputados. Ellos evaluarán si hay mérito o no”.

Con todo, Cordero agregó que “respecto del mérito de este caso en particular, me parece que todavía falta información y antecedentes”.

Desde la oposición señalan que han solicitado información al Ministerio de Justicia, pero que aún no reciben las respuestas, lo que ha retrasado tanto la elaboración como la presentación de la acusación.

Hay quienes sostienen que el exministro Cordero y su sucesor, Jaime Gajardo, son quienes están respaldando a la oposición. Sin embargo, ambos han negado estar colaborando en la elaboración del libelo. Los dos, de todas formas, llegaron el lunes pasado a la sede de la Democracia Cristiana para reunirse con los presidentes de los partidos de oposición y abordar una eventual acusación contra Rabat.

El vaso medio lleno

Si bien hay quienes reconocen un enredo detrás de la postergación de la acusación, otros sostienen que, en realidad, este diseño puede resultar conveniente.

En primer lugar, indican que, a medida que se conozcan nuevos antecedentes, la acusación podría adquirir mayor solidez jurídica. Esto, además, en un escenario en el que ya existen figuras de la derecha que se han declarado a favor de respaldar una acusación contra Rabat. La propia Evelyn Matthei se mostró favorable a esa posibilidad ayer en Tolerancia Cero.

En esa línea, algunos dirigentes opositores consideran que también puede resultar conveniente postergar la presentación del libelo para mantener el foco mediático sobre Rabat y el Presidente Kast.

Desde la oposición señalan que esta situación resulta provechosa, dado que obliga a La Moneda a entregar respuestas públicas sobre el tema y, a medida que pasa el tiempo, puede erosionar el respaldo político y ciudadano con el que cuenta el Gobierno.

Asimismo, hay quienes plantean que, dada la falta de antecedentes, sería conveniente esperar a que termine la tramitación de la Ley de Presupuestos, prevista para el 23 de noviembre, antes de presentar la acusación constitucional.

Esto, según explican diputados de oposición, para evitar que el Gobierno utilice la negociación presupuestaria como una instancia para alcanzar acuerdos con parlamentarios clave a cambio de proteger a Rabat.

Desde el oficialismo, sin embargo, descartan que el escenario de la izquierda sea favorable.

“Me da la sensación de que la oposición se ha ido dando cuenta de que una cosa es cometer un error político y otra cosa muy distinta es imputar una infracción constitucional”, señaló el diputado de RN Diego Schalper.

En esa línea, el parlamentario preguntó: “¿Cuántos días más se va a tomar la oposición para la supuesta acusación constitucional? Porque aparentemente, a medida que pasan los días se han ido dando cuenta que no tiene mérito jurídico”.

Además, Schalper indicó que, si la oposición pretende invocar una inejecución de la ley por parte de Rabat, ya podría haber conseguido los antecedentes necesarios para sustentar ese argumento.

“Les pediría un poquito más de seriedad”, señaló el diputado.