PDG mantiene suspenso con el Gobierno sobre su apoyo a la AC contra Rabat ante diferencias internas sobre “salvar” o no al ministro

Un acuerdo tomaron anoche los 14 diputados de la bancada del Partido de la Gente (PDG) sobre la inminente acusación constitucional que se presentará por parte de la oposición sobre el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Ante la latente discusión referida a si La Moneda cuenta con los respaldos suficientes para defender a su ministro en el Congreso o, por el contrario, la izquierda tiene mayoría para enjuiciar políticamente a Rabat, en la bancada liderada por el diputado Juan Marcelo Valenzuela —que comenzó a recibir los focos de atención— definieron no emitir una posición como bancada hasta que la acusación constitucional como tal sea presentada en la Cámara de Diputados.

La semana pasada, luego de que Rabat compareciera en la sesión especial que se realizó en la corporación para que explicara los decretos que el Ministerio de Justicia emitió para rebajar sus penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores, la oposición anunció la ofensiva contra el ministro. Hasta ahora, sin embargo, no han existido avances en la presentación del libelo acusatorio.

Ese factor ha provocado que los diputados del PDG decidieran resguardar su postura al respecto. En el grupo parlamentario tienen presente que sus votos podrían vapulear la ofensiva de la izquierda si es que el oficialismo actúa en bloque en contra. Pero es este último punto el que alerta a La Moneda, pues tanto diputados como senadores de la UDI y RN han pedido la salida de Rabat e, incluso, coqueteado con la idea de apoyar una ofensiva en el Congreso contra él. Para contrarrestar aquello es que el vocero del Gobierno, Gonzalo Arenas, iniciará un despliegue en las bancadas del oficialismo por estos días.

A partir de eso en la tienda fundada por Franco Parisi prevén que adquirían, nuevamente, un inusitado protagonismo en la discusión respecto a las responsabilidades políticas por la rebaja de penas. Ante eso, desde el bloque consideraron que era mejor mantener la incógnita y mostrar apertura tanto a aprobar como a rechazar la acusación, lo que es cuestionado en el algunos grupos del Congreso, que consideran la posición del PDG como “oportunista“.

Mantener la incertidumbre

Al interior del PDG, en tanto, afirman que la definición tomada anoche entre sus diputados responde a que son “mateos” y que no quieren anticipar un juicio sobre el cual no existe una acusación aún. Asimismo, esperan actuar como bloque en el mejor de los casos, pero incluso aquello tendrá que esperar hasta que, sostienen conocedores, “se tenga la completa visión académica de la acusación“.

En la bancada, eso sí, reconocen que sus pares opositores les dijeron que aún no se presentaría la acusación constitucional contra Rabat. Lo anterior debido a que están a la espera de tener a mano los 56 decretos de reducción de penas para fundamentar técnicamente el escrito y que, ante la ausencia de estos, no les queda más que esperar.

De todas formas, en el Congreso se han hecho lecturas de la posición que adoptarían los diputados del PDG ante la acusación, a partir de cómo votaron una de los proyectos de resolución planteados en la sesión especial de la que participó el ministro de Justicia.

Al someterse a votación el planteamiento de que el Presidente José Antonio Kast le solicitara la renuncia a Rabat y a los subsecretarios de la cartera —en ese momento, Luis Silva (Justicia), removido el viernes, y Pablo Mira (Derechos Humanos)—, siete parlamentarios militantes del PDG estuvieron a favor de la premisa.

Así fue en el caso de Patricio Briones, Paula Olmos, Fabián Ossandón, Tamara Ramírez, Eileen Urqueta, Guillermo Valdés y Cristián Contreras —este último militante PDG, pero apartado de la bancada—, quienes estuvieron de acuerdo con la salida del titular de Justicia y de sus subsecretarios del gabinete.

El número reflejó las dos bloques que hay al interior del grupo, en donde el diputado Valenzuela ha sido menos proclive a apoyar la ofensiva en la que, incluso, la diputada Pamela Jiles ha sostenido que tiene la intención de “salvar” a Rabat.

Asimismo, la diputada Zandra Parisi participó el lunes de la semana pasada en una reunión con Rabat en el Ministerio de Justicia. La cita se dio con la finalidad de que parlamentarios oficialistas y cercanos al Gobierno pudieran elaborar un proyecto de ley que limitara la entrega de beneficios carcelarios a condenados por delitos relacionados a la pederastia.

Jefe de bancada del PDG: “Lo que vemos hasta hoy es un profundo error político. Si hay una falta constitucional, me cuesta verla”

Un reflejo de que hay posiciones encontradas en el partido se pudieron ilustrar en las declaraciones que esta mañana brindó Valenzuela, el jefe de bancada.

En conversación con Radio ADN el parlamentario por Valparaíso señaló que “nosotros no somos los que impulsamos esto. Desconozco cuáles son los méritos de una acusación constitucional. Hoy día me cuesta ver aquello”.

Aunque tuvo reparos sobre el argumento jurídico para acusar a Rabat, sí fue severo con su permanencia en el Gobierno “si el PDG hubiese estado en el Ejecutivo“, pues afirmó que lo habrían removido en 24 horas “solo por el error político, por el error comunicacional”.

Además, Valenzuela manifestó sus aprensiones con la acusación al recoger un argumento que dio en las últimas horas el exministro Luis Cordero, quien afirmó que una ofensiva de este tipo contra Rabat podría generar que esta se replicara en los jueces del Poder Judicial que visaron las reducciones de penas.

“Podría abrir una caja de Pandora. La pregunta es si los que quieren profudinzar en una acusación constitucional contra el ministro, ¿lo van a hacer contra los ministros de la Corte?”, añadió el líder del PDG.

“Lo que vemos hasta hoy es un profundo error político o comunicacional. Respecto de si es que efectivamente hay una falta constitucional, a mí en lo personal me cuesta verlo. Evidentemente no puedo hablar por todos. Tenemos que ver cómo avanzan los antecedentes, los argumentos que esgrima la oposición“, selló.