Gonzalo Arenas asume protagonismo en tarea de alinear al oficialismo en contra de AC a Rabat tras amenaza de desmarques

“Fue un bautizo de fuego“. Así identificó Gonzalo Arenas su estreno en la vocería de Gobierno, cargo al que ingresó el miércoles 21 de octubre, mismo día en que estalló la crisis de la reducción de penas que tiene en la mira al Ministerio de Justicia y al titular de la cartera, Fernando Rabat.

Que el ministerio liderado por el abogado independiente concediera 56 decretos de reducción de penas a condenados por delitos sexuales contra menores —sin haber apelado en los tribunales de justicia— provocó un flanco imprevisto en La Moneda, que ha llevado a que la oposición anuncie una acusación constitucional contra Rabat, mientras parlamentarios del propio oficialismo, como en el caso de la UDI (entre ellos, la diputada Marlene Pérez) y RN (la senadora María José Gatica), solicitaron la salida del secretario de Estado.

Esto último ha generado un ambiente hostil en el oficialismo, sobre todo luego de que personeros del Partido Republicano recriminaran a sus pares, acusándolos de actuar con “cobardía política”. El planteamiento motivó a que diputados UDI contestaran señalando que si los republicanos querían que dejaran el Gobierno, lo transparentaran.

“Por supuesto que estamos tensionados“, reconoció ayer el vocero Arenas en conversación con Canal 13. En ese mismo espacio sostuvo que tenía varias reuniones pendientes con parlamentarios del bloque para unificar la posición del oficialismo frente a una eventual acusación.

Lo anterior responde al diseño para el cual fue reclutado en el Ejecutivo, el que no se basa únicamente a ser el portavoz oficial de La Moneda. Para ingresar al gabinete, Arenas pidió tener la libertad suficiente para desplegarse políticamente, lo que consideraba un rol en mejorar la relación del Gobierno con el Congreso.

Lo anterior a pesar de que quien suele realizar esa tarea al interior de la administración de Kast es el ministro Segpres, José García Ruminot (RN). Sin embargo, la ausencia de García en Chile durante esta semana —se encuentra acompañando al mandatario en su gira por España e Italia— facultó a Arenas para agendar reuniones esta semana con la bancada de diputados de la UDI, del Partido Republicano y de RN con el fin de limar las asperezas del bloque.

En todo caso, en los acercamientos de las huestes oficialistas también se prevé que tome un rol el vicepresidente Claudio Alvarado (UDI), quien también se ha involucrado en las negociaciones legislativas en los meses que lleva Kast en La Moneda.

“Estamos conversando con todos, explicando y tratando de que actuemos en este tema como debería ser una coalición que tiene una vocación de Estado“, explicó Arenas, quien tendrá su primera bilateral en esta materia el martes con la bancada del partido gremialista liderada por Flor Weisse (UDI), desde donde incluso provino la idea de apoyar la acusación contra Rabat, como planteó el diputado Hotuiti Teao (ind.-UDI).

Con los republicanos aún no hay fecha, según afirman conocedores.

“Lealtad a la Constitución”

El argumento que comenzó a difundir La Moneda para que sus parlamentarios apoyen a Rabat en una eventual acusación no se basa en ser “leales” con el Gobierno.

Ante las aprensiones que genera el ministro de Justicia en el mundo parlamentario—sostienen en privado que respaldarlo implicaría estar del lado de los pederastas que se vieron beneficiados de la reducción de penas—, el Gobierno ha afirmado su postura de que no se cayó en ninguna falta reglamentaria o legislativa en el caso, y que se actuó sobre lo que determina la ley.

“Nosotros no le estamos pidiendo lealtad al Gobierno, le estamos pidiendo lealtad a la Constitución (…). No es una lealtad política, sino al cargo para el cual fueron elegidos”, afirmó Arenas el domingo.

De todas formas, hay quienes sostienen que aunque esa sea el enfoque, no puede pasarse por alto que el propio mandatario sostuvo —hace una semana— que lo ocurrido se trató de un “error” y que la mantención de Rabat en el gabinete se debía a que sería el ministro quien daría con una solución al tema. Esta respuesta sería una ley que no permita que condenados por delitos sexuales contra menores tengan acceso a rebajas de pena.

Asimismo, en el sector reconocen que la remoción de Luis Silva como subsecretario de Justicia también fue vista como una forma de la que se pagaran costos políticos por la crisis. Lo anterior a pesar de que el propio Arenas sostuviera que la salida de Silva respondió al video que subió a sus redes sociales tratando de explicar el asunto que también lo involucraba a él —por haber firmado los decretos— y no por la reducción de penas.