Columna de Marco Moreno: El Gobierno de las mil explicaciones

En política, las formas nunca son solamente formas. A veces revelan más sobre un gobierno que sus discursos. La fotografía del subsecretario Máximo Pavez a bordo de un avión de la FACh rumbo a República Dominicana podría haber quedado como una anécdota. Pero las redes sociales y la producción de memes hicieron el resto. En una administración que ha convertido la austeridad en parte de su identidad, la imagen terminó comunicando exactamente lo contrario. Y ninguna explicación sobre las razones del viaje consigue borrar del todo esa impresión.

El ministro Claudio Alvarado calificó la publicación como un profundo error. La fotografía fue retirada, pero el problema ya estaba instalado. No porque el traslado fuera necesariamente improcedente, sino porque la imagen exhibía una distancia entre el comportamiento de una autoridad y las exigencias que el Gobierno proclama. La austeridad pierde fuerza cuando parece una obligación para los ciudadanos y una recomendación para quienes gobiernan.

Casi simultáneamente, el presidente Kast reconocía un error de consecuencias mucho más graves: las rebajas de condena a responsables de delitos sexuales contra menores. Admitió que el Estado había fallado a las víctimas, pero decidió mantener al ministro de Justicia, Fernando Rabat, responsable político de la cartera involucrada.

El caso Rabat permite observar una paradoja mayor. Las explicaciones oficiales han transitado desde la defensa de un proceso «impecable» hasta el reconocimiento de que «el Estado les falló». Este miércoles, ante la sesión especial de la Cámara de Diputados, el ministro volvió a insistir en que no había incumplido la ley. Su defensa busca establecer que su actuación se ajustó a la normativa. Pero mientras más explicaciones se acumulan, menos parecen conseguir su propósito: recuperar la confianza.

No hay necesariamente contradicción jurídica entre afirmar que se cumplió la ley y reconocer que el resultado fue un error. El problema es político. La legalidad de un procedimiento no agota la responsabilidad de quienes toman decisiones públicas. Un gobierno puede actuar dentro de sus atribuciones y, aun así, tener que responder por las consecuencias de sus decisiones. Confundir ambas dimensiones termina reduciendo la responsabilidad política a una discusión sobre formalidades.

Tampoco se trata de equiparar una fotografía desafortunada con decisiones que afectan a víctimas de delitos graves. Precisamente porque son situaciones distintas, llama la atención cómo el Ejecutivo administra sus consecuencias. Mientras una imagen merece una desautorización pública, una controversia sustantivamente más grave termina con la ratificación del ministro involucrado.

Aquí está la distancia entre la responsabilidad que se declara y aquella que efectivamente se exige. Reconocer un error no equivale a hacerse cargo de sus consecuencias. Tampoco la renuncia es siempre la respuesta adecuada. Pero entre la destitución y el respaldo incondicional existe espacio para establecer responsabilidades, exigir correcciones y explicar los criterios utilizados.

Kast ha convertido la permanencia de Rabat en una obligación de corregir. La decisión tiene un costo adicional: al ratificarlo, el presidente también asume el desgaste de sostenerlo. Las protestas, las críticas oficialistas, la amenaza de una acusación constitucional y el rechazo registrado en las encuestas muestran que la controversia ya no está contenida en Justicia. Llegó al escritorio presidencial.

Estos episodios, además, no se procesan aisladamente. Los ciudadanos no llevan una contabilidad separada de cada controversia. Las experiencias se acumulan y construyen una interpretación sobre el Gobierno. Una fotografía, una decisión ministerial o una explicación poco convincente pueden alimentar una misma percepción: que las reglas proclamadas no siempre coinciden con las prácticas observadas.

Es lo que llamo efecto «acumulación de incongruencias». No significa que una fotografía provoque una caída en las encuestas ni que todos los errores tengan idéntica gravedad. Significa que, cuando se debilita la confianza, cada episodio puede reforzar una interpretación que ya circula. Y cuando el apoyo presidencial muestra señales de erosión, esa dinámica adquiere especial relevancia.

La Moneda enfrenta así una pérdida de autoridad para fijar el significado público de sus decisiones. Puede justificar un viaje, defender la legalidad de un procedimiento o respaldar a un ministro. Pero las explicaciones ya no necesariamente convencen. Gobernar no consiste en encontrar una justificación para cada controversia, sino en sostener criterios reconocibles y hacerse cargo de sus consecuencias.

La pregunta, entonces, no es cuántas explicaciones puede ofrecer el Gobierno, sino cuánto valor conserva cuando no van acompañadas de responsabilidades visibles. ¿De qué sirve que un gobierno reconozca sus errores si la ciudadanía no logra identificar qué consecuencias tiene ese reconocimiento?