A pocas semanas de haber cerrado la crisis del gas en Magallanes, Piñera está ad portas de enfrentarse nuevamente con los habitantes de esa región. La millonaria inversión de una minera en Isla Riesco -de los grupos Angelini y Von Appen- a 130 kilómetros de Punta Arenas, tiene a grupos organizados que se están preparando para recibirlo en su próxima visita a la zona en febrero.

Isla Riesco, la poderosa inversión de más de 500 millones de dólares que pretenden hacer los grupos Angellini y Von Appen en Magallanes, promete ser el nuevo Punta de Choros para el gobierno de Piñera.

El conflicto ya tiene a un importante grupo de profesionales de la zona que se opone, ambientalistas haciendo seguimiento a todos los trámites y aprobaciones por los que debe pasar el proyecto y a figuras del espectáculo que estuvieron dispuestos a grabar una campaña que hoy circula con fuerza por internet.

El temor en la zona va en aumento: A mediados de febrero el comité de seremis de Magallanes y la criticada intendenta regional, Liliana Kusanovic, tendrán que votar la aprobación de una mina a rajo abierto para explotar carbón sub-bituminoso (el más contaminante de todos) en una isla ubicada a 130 kilómetros de Punta Arenas,  que se encargará de alimentar al menos tres termoeléctricas en otras regiones (Ver recuadro al final del reportaje).

Y el mayor problema será que -en caso de oponerse- deberán contradecir a su jefe, el Presidente de la República.

El Plan Magallanes

En la última visita de Piñera a Punta Arenas, el 5 de noviembre de 2010 -dos meses antes del Puntarenazo por las alzas del gas que culminaron con la salida del ex ministro de Energía Ricardo Raineri- el mandatario detalló por completo el Plan Magallanes del gobierno y destacó dentro de las inversiones privadas clave para la zona un proyecto minero llamado Isla Riesco.

Luego del anuncio, las alarmas en Alerta Isla Riesco, el grupo que lidera la oposición al proyecto, se encendieron. Pese a que ya llevan varias semanas trabajando en una campaña en internet a través de las redes sociales, por primera vez sintieron que la batalla estaba cuesta arriba. ¿Por qué el Presidente de la República hacía un gesto político a una inversión privada que aún no contaba con su aprobación?

La pregunta, para ellos, calzaba. Sobre todo porque recién a mediados de febrero las autoridades de la región tendrán que votar por un proyecto que supera los 500 millones de dólares, que cuenta con la simpatía de Piñera y que tiene las espaldas de dos de los grupos económicos más poderosos del país.

Sin embargo, en la empresa a cargo, Isla Riesco S.A., argumentan que sólo traería beneficios para los habitantes de la zona: 800 puestos de trabajo en su construcción y y en funciones otros 1.000 trabajadores más para la mina.

Pero también el proyecto traerá consigo costos invaluables: Los efectos que impactarían al seno Otway, un mar interior que recibiría desagües, material particulado de la mina y aguas de lastre de los buques que llevarán el combustible desde la Patagonia a quemarse en otros puertos de Chile. Además, la empresa declaró en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que sólo taparía el 65% del yacimiento y no se refirieron al acopio de material que no será ocupado.

Frente a eso, Isla Riesco S.A., asegura que las exigencias y medidas de mitigación comprometidas en su  EIA “cumplen estándares similares a los existentes en países desarrollados”. Y en estricto rigor, las instituciones regionales involucradas en evaluarlas como Conaf, el Consejo de Monumentos Nacionales y la Seremi de Salud, ya se declararon conformes.

Vista del Seno Otway desde Isla Riesco, lugar donde habitan Ballenas Jorobadas, el Delfín Chileno y otras especies.

“Aprobado” antes de tiempo

Por el momento, el Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes tiene que aprobar o rechazar la explotación de la primera mina, Invierno en Isla Riesco.

Por ahora, ya que en el futuro se le sumarían otras cuatro minas: Río Eduardo, Elena, Oeste y Adela. Todas del mismo tamaño, alrededor de 500 hectáreas con una profundidad máxima de 180 metros y con un impacto, según la empresa, de hasta 1.500 hectáreas a la redonda. Para hacerse una idea, cada una es un hoyo comparable a 72 estadios nacionales juntos.

Todas dentro de una isla donde se encuentra una de las reservas más grandes de carbón de Chile y donde habitan varias especies protegidas como el huemul y el cóndor, que en esta zona llega al encuentro de los Andes con el Océano Pacífico.

Esto, además de tener bosques nativos de lenga, ser vecina al seno Otway y el parque marino Francisco Coloane, donde habitan el delfín chileno y la ballena jorobada, entre otros.

“Es un asesinato a toda la biodiversidad que existe en la isla. Acá la empresa ha declarado efectos menores, ha calculado mal el efecto que tendrá el viento esparciendo el material particulado y la lluvia con residuos ácidos penetrando en la tierra. Ni siquiera la compensación de la tala de bosques es real porque eso ellos lo ponen como mitigación cuando es obligación de la ley hacerlo”, dice Ana Stipic, de Alerta Isla Riesco.

A los reclamos de Stipicic se suma Nicolo Gligo, ingeniero agrónomo, Premio Nacional del Medio Ambiente 2001 y autor del “Informe País Estado del Medio Ambiente en Chile”, quien afirma que Isla Riesco y sus alrededores, “son ecosistemas muy complejos y extremadamente sensibles a cualquier noxa (elementos del medio ambiente que actúan sobre el organismo afectando su salud), exigiendo la extrema necesidad de un orden territorial para la instalación de industrias altamente contaminantes”.

Todos argumentos que no han sido aclarados, según Alerta Isla Riesco, por la empresa a cargo del proyecto, creada en unión por Copec y Ultramar, de las familias Angellini y von Appen, respectivamente.

Punta Arenas resignado

Sumado a esto, la gente de Alerta Isla Riesco denuncia que hubo “compra de conciencia” por parte de la empresa, primero prometiendo inyectar empleo a la región y luego con “regalos” directos hacia algunas figuras o instituciones. Entre ellos, la municipalidad de Río Verde, donde se ubica geográficamente la isla, que recibiría una ambulancia nueva de parte de los inversores.

The Clinic Online intentó comunicarse con la alcaldesa Tatiana Vásquez, pero no respondió a los llamados.

Pero en algunos sectores de Punta Arenas, el clima es de resignación. Un grupo llamado Frente de Defensa Ecológico Austral intentó hace unos meses impedir la votación tras los dichos públicos de la intendenta Kusanovic declarándose dispuesta a aprobar el proyecto, al igual que Piñera, en medio de su tramitación ambiental.

Pero su demanda no fue atendida. “Acá no hemos tenido un debate sobre este tema, nadie lo ha discutido. Nadie habla de lo que va a pasar con el huemul, con la lenga y el coigüe que serán arrasados y eso que están en protección bajo la ley de bosque nativo”, dice un integrante del grupo.

Lo mismo opinan algunos parlamentarios de la zona, como la diputada Carolina Goic y el senador PS Pedro Muñoz. “Entre esto y la salmonicultura, pueden terminar arruinando la flora y fauna nativa y afectando el entorno y la belleza estética, por la cual recibimos miles de visitantes. El proyecto Isla Riesco no ha logrado demostrar su inocuidad y, por el contrario, hay indicios de que afectará el Parque Marino Francisco Coloane y la Reserva Alacalufe, que impactará en la misma isla y en sitios aledaños, como Otway y las pinguineras”, dice el senador Muñoz.

Por su parte, la diputada DC Carolina Goic también se declara en contra del proyecto y coincide con Muñoz en que la isla debe figurar por su biodiversidad y no por entregarle carbón a otras regiones. “Es una isla maravillosa, que no muchos conocen pero que no puede ser intervenida así. Es uno de los lugares más prístinos del mundo y debiera resaltar por su belleza, no por ser el lugar desde donde sacamos del carbón de más baja ley para mandarlo a quemar en otros lugares de Chile”, señala.

El conflicto de interés de Golborne

En La Moneda y en las oficinas de Minera Isla Riesco están muy atentos a lo que ocurra una vez aprobado o rechazado el proyecto. Tienen en mente lo que ocurrió con Barrancones, donde el mismo Presidente tuvo que echar pié atrás de la decisión técnica y prohibir la instalación en Punta de Choros, saltándose de paso toda la normativa mediambiental chilena.

Pero este conflicto tiene otro matiz al interior del gabinete. El ahora biministro de Energía y Minería, Laurence Golborne.

El titular con la más alta aprobación actual entre los jefes de cartera, casi segura carta presidencial para el próximo mandato y quién logró un acuerdo con los magallánicos hace unas semanas para terminar con la paralización de la zona por el alza en la tarifa del gas, tiene doble opinión en esta materia.

Además de tratarse de un tema que alude directamente a los dos ministerios que hoy dirige, se suma un posible conflicto de intereses si es que el proyecto llega al consejo de ministros.

El gerente general de Minera Isla Riesco S.A., Jorge Pedrals, reconoció a revista Qué Pasa que sus potenciales compradores serán centrales térmicas que están construyendo o terminando de construir centrales, incluso argumentando que la producción ya se está negociando de manera secreta por la compañía. Y dentro de las empresas con centrales a carbón en Chile, la más importante es AES Gener, dependiente de AES Corporation.

Golborne se desempeñó como gerente corporativo de finanzas de la filial chilena entre 1993 y el 2000, cuando el mayor accionista era Copec, uno de los grupos detrás de la explotación en Isla Riesco. Y hasta el momento, las plantas declaradas que ocuparan el carbón magallánico son de propiedad de AES: Guacolda 1, 2, 3, 4 y 5 en la región de Atacama; los Robles en la región del Maule; y Campiche, en Valparaíso.

Campaña Salvermos Punta de Choros

* Imágenes fotográficas de Isla Riesco: José de Pablo