Secciones

Más en The Clinic

The Clinic Newsletters
cerrar
Cerrar publicidad
Cerrar publicidad

Nacional

5 de Octubre de 2011

Cómo la Cámara de Comercio metió la cola en la “Ley Hinzpeter”

Según la propio CNC, ellos le enviaron un documento que proponía endurecer los castigos al saqueo dos semanas antes que el gobierno presentara el polémico proyecto que prohíbe ocupar establecimientos educacionales y que crispó el ánimo de los estudiantes en vísperas de una nueva reunión de trabajo con el Mineduc. Ayer ingresó a la cámara de diputados con el punto resistido por los estudiantes, aunque desde el gobierno rechazaron que el proyecto fuera a coartar las tomas pacíficas.

Por

Una semana antes de fiestas patrias, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) le envió una documento al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Preocupados por los saqueos y los ataques que recibe Carabineros, la CNC decidió proponerle una solución al jefe de gabinete y le hizo llegar un proyecto de ley para modificar el Código Penal y sancionar con penas más duras estos hechos. Un proyecto muy parecido al que levantó polémica estos últimos días por penalizar las tomas de colegios y universidades.

La idea era ponerle freno a la destrucción de sus locales comerciales, que según los propios sondeos de la Cámara de Comercio alcanzaban los 34 atentados durante el último mes. De esa forma, el texto legal fue redactado por el consejero de la CNC, ex diputado RN y ex embajador de Chile en Argentina, Miguel Otero Lathrop, removido de ese cargo tras dar una entrevista a un medio argentino donde justificaba el golpe militar de 1973.

Posteriormente, el documento fue aprobado por unanimidad por el consejo del gremio y enviado a la oficina de Hinzpeter, en La Moneda. Según sus propias declaraciones, la Cámara consideraba que ésta era “la única manera de disuadir más efectivamente a sus autores a no cometer” los ilícitos. Y el gobierno, en tan solo un par de semanas, decidió atender su preocupación.

Las “sugerencias”

Según el proyecto de ley que la CNC le envió a Hinzpeter, los comerciantes coincidieron en que había que endurecer algunas penas y tipificar como delitos las acciones que encapuchados realizaban al término de algunas marchas estudiantiles. De esta forma, los comerciantes pedían instaurar “como delito los destrozos o daños materiales a bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las Fuerzas de Orden y Seguridad y castigar a quienes, con motivo de alteraciones del orden público, ataquen, destruyan o saqueen propiedad fiscal, municipal o particular o se tomen dichas instalaciones impidiendo su normal funcionamiento”.

Esto, a juicio de ellos, no considerados delitos hasta ahora sino que atentados o desacatos contra la autoridad, lo que les valía apenas una multa comparable con el daño que habían provocado. De hecho, proponen “eliminar la posibilidad de penar a los infractores sólo a través de multas y establecer la cárcel efectiva como castigo”.

Y en efecto, el proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público, propone lo mismo. En una de las modificaciones que han levantado más polvareda, justamente propone castigar con penas de presidio menor en su grado medio (desde 541 días a 3 años de cárcel) a todos quienes “invadan, ocupen o saqueen viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos o cualquier otro, sean privados, fiscales o municipales”.

Es decir, a cualquiera que se le ocurra tomarse un colegio o universidades, como es el caso de los estudiantes movilizados. Esto, sin embargo, hoy no está penalizado y una muestra de ella se conoció ayer. Según lo constató el sitio Emol, la Corte de Apelaciones de Arica rechazó un recurso del sostenedor del colegio Cardenal Antonio Samoré que pedía el desalojo alegando una vulneración del derecho a enseñanza y esgrimió que la conducta de los secundarios no ere ilegal ni vulneraba los derechos ciudadanos y hasta justificó la toma tomando en cuenta “el contexto que vive el país”.

A pesar de que la gran mayoría de los parlamentarios del oficialismo y el propio vocero de gobierno dijera lo contrario. “Si las tomas son pacíficas, no hay problema, pero si las tomas son con violencia y son por la fuerza, impidiendo el derecho de otras personas a poder ingresar a un establecimiento educacional, hospitalario o a usar las calles, no va a ser aceptado y por eso es que hemos mandado un proyecto de ley para que esto sea sancionado”, aclaró ayer el ministro Andrés Pío Chadwick.

Molotov a la autoridad

Otro punto que contiene la propuesta de la CNC es sobre sancionar “a quienes injurien u ofendan de hecho o de palabra a un miembro de las Fuerzas de Orden y Seguridad” mientras están en servicio. Junto a eso, explica que hoy el Código Penal establece el desacato sólo contra autoridades como parlamentarios, miembros de un tribunal de justicia, ministros de Estado u otra autoridades en ejercicio o un superior jerárquico, pero no existe contra carabineros ni miembros de la PDI y por eso se deberían agregar.

De esa forma, el texto legal que ayer volvió a promover y defender el Presidente Sebastián Piñera incluye una reflexión del mismo tipo que la expuesta por la Cámara de Comercio. En el documento, que ingresó ayer a la Cámara de Diputados, se explicita que tanto carabineros, detectives y gendarmes deben entenderse como sujetos de la protección jurídica de nuestra ley penal, y por lo tanto, quien los agreda también arriesgará una pena de presidio menor en su grado medio si lo hace con mano armada o se hagan contra alguien que vaya en auxilio del uniformado atacado. Si el caso no contiene mano armada, las penas bajan a presidio menor en grado mínimo, es decir, de 61 a 541 días.

Además, el proyecto de la CNC busca modificar, al igual que el proyecto de ley enviado por el gobierno, ampliar la definición de armas para que estas “sean calificadas como tal las bombas molotov, ballestas, arcos, hondas y elementos similares, todas ellas herramientas regularmente utilizadas en actos vandálicos con ocasión de marchas y manifestaciones”.

Y tal como ocurre en los ejemplos anteriores, el proyecto de ley presentado por el gobierno tipifica el castigo a quienes empleen “armas de fuego, cortantes o punzantes, artefactos o elementos explosivos, incendiarios o químicos u otros capaces de producir daños a la persona o a la propiedad”.

Acá el proyecto de Ley completo:

Notas relacionadas