“En el momento de mi detención, Carabineros me ataca lanzándome un golpe en la cara. Me quebraron la naríz y cuando constataron lesiones solamente pusieron que fue una contusión, o sea, golpes y lesiones menos graves. Fue una fractura nasal y me tuvieron que hacer una reconstrucción simple de la nariz”. El testimonio es de Sebastián Robles, un joven chileno de 16 años detenido por efectivos de fuerzas especiales de Carabineros el jueves 6 de octubre, en un intento de marcha no autorizada en los alrededores de Plaza Italia.

Robles, aficionado a la fotografía, fue tomado preso mientras retrataba el accionar de Carabineros, golpeado al interior del bus de la institución y llevado hasta la 3ª comisaría, donde le consignaron el daño “leve”. Tras ser liberado, su madre lo llevó a la Clínica Indisa, donde le diagnosticaron la fractura nasal y lo operaron inmediatamente. Ese fue el relato que Sebastián le dio a la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, en una reunión que sostuvo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos la semana pasada.

Ésta es uno de los hechos detallados en el informe “Violencia Policial en Chile (Período Agosto a Octubre de 2011)” que la Alta Comisionada se llevó del país y que enumera varios excesos de la policía uniformada chilena en contra de distintas organizaciones que han convocado a marchas pacíficas durante ese período. Entre ellos, tortura y secuestro después que los jóvenes han sido retenidos y son llevados a las unidades policiales.

3ª comisaría

El miércoles pasado, tras la última movilización convocada por las organizaciones estudiantiles, que terminó con un acto cultural en Blanco Encalada a la altura de Beaucheff, en la Tercera Comisaría de Santiago quedó la escoba. Después de intervenir la jornada una hora antes de cumplirse la hora de término de la autorización de la Intendencia, los manifestantes detenidos comenzaron a llegar en masa hasta ese lugar. Y permanecieron ahí hasta bien entrada la noche.

Según Marta Cisternas, coordinadora de los Observadores de Derechos Humanos, Carabineros no tuvo registro oficial de los detenidos y fueron ellos los que, junto a abogados de distintas organizaciones, levantaron un consolidado de detenidos en esa comisaría. Eso, sin contar que varios de ellos, la mayoría estudiantes secundarios, habían sido golpeados por los uniformados y, tal como en el caso de Sebastián Robles, notificados con lesiones leves, a pesar de sus visibles golpes y contusiones.

“Ellos (los estudiantes detenidos) tampoco sabían por qué estaban detenidos. Entonces, los abogados decían que podía haber alguna cosa intencional o que los pacos son muy hueones -perdonando la expresión- porque escriben mal, no saben hacer un parte policial o algo parecido. No nos queda claro el por qué estaban detenidos”, señala la observadora.

A raíz de esto, llegó hasta el lugar la jueza Carla Capello, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, quien contra toda lógica declaró que lo ocurría en esa comisaría era “una situación normal”. “Los abogados decían ‘si ella dice que la situación es normal, nosotros no tenemos mucho más que hacer ahí’. Pero la situación era preocupante: el gobierno dijo que las manifestaciones no superaban los 250 detenidos y sólo en ese lugar había más, pero sin identificar”, dice Cisternas.

La situación, sin embargo, no ha sido única en las últimas manifestaciones. Según el grupo de Observadores de DD.HH., tanto en las marchas mapuche, de los indignados y varias convocadas por los estudiantes en los últimos tres meses, las manifestaciones terminan con un alto número de detenidos golpeados, torturados y hasta secuestrados por Carabineros durante su detención. Y en todas, lamentablemente, con un alto número de denuncias de excesos y tratos vejatorios de los policías hacia los manifestantes.

Uno de los más graves, a juicio de los observadores, es “el paseo” que le da Carabineros a algunos manifestantes. “En buses y carros policiales, a veces se llevan a los cabros y los pasean por todos los lugares, por mucho rato, incluso horas, sin llevarlos a las comisarías y sin hacerles una correcta constatación de lesiones. Cuando ocurre eso se puede tipificar como secuestro, porque además al llegar a las unidades son dejados en libertad sin cargo alguno”, dice la observadora.

Criminalizar la protesta social

Según constata el informe, los hechos se repiten en casi todas las marchas que tienen autorización directa de la Intendencia Metropolitana. Sin embargo, en las innumerables ocasiones en que se ha pedido información consolidada sobre las detenciones, los observadores se han encontrado con muchas trabas burocráticas y el desentendimiento de las autoridades.

“Yo siento que el gobierno, eso hemos visto nosotros en las manifestaciones, está buscando las excusas para criminalizar la protesta social. Vemos mucha provocación. Una cosa es lo que pasa en la comisaría y otra la que vemos en la calle cuando salimos con los chicos en las manifestaciones.Tú ves el estado en el que llegan los cabros y dan ganas de llorar. Yo soy mamá y me da mucha pena, impotencia, rabia y pienso, como siendo jóvenes ellos van a canalizar esa rabia y esa impotencia si les están sacando la cresta en la calle”, dice Cisternas.

Tanto ella como Eduardo Sánchez, ambos coordinadores de los obsrvadores, muchas veces Carabineros realiza un delito tipificado como tortura durante las detenciones de los estudiantes. “Hay algunos que los torturan, descansan mientras los tienen ahí tirados en el suelo, dejan que llamen a sus familias para avisar y después los siguen golpeando. Eso es tortura. La CNI hacía eso. Y en este minuto eso está avalado por le Estado chileno, por la Intendencia, por su encargado de seguridad, Gonzalo Días del Río, que anduvo personalmente a cargo de la represión junto con el coronel Tapia el día de la marcha de los Indignados. Ellos están buscando la excusa para reprimir”, dice Sánchez.

Según José Miguel Guzmán, también de la campaña “Alto Ahí”, que engloba a todas las organizaciones de Derechos Humanos, esto no se trata de hechos aislados. Por el contrario, en Chile se “está instalando un patrón de comportamiento, sistemático y estructural, que es avalado por las autoridades.

Según los denunciantes, los hechos más graves se producen al momento de la detención y durante el traslado de los detenidos a unidades policiales. Ahí son objeto de insultos verbales, golpes en el cuerpo y rostro, incluso con fracturas expuestas; actos de tortura e incomunicación; violencia sexual y vejámenes, todos afectando principalmente a menores de edad y mujeres (adolescentes y adultas).

Laura Ortiz, ex vocera de la Asamblea Cordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), también da testimonio en el informe de la detención ilegal que sufrió, en la que debió bajarse de una micro de Transantiago junto a otros 6 estudiantes y fueron obligadas a desvestirse frente a uniformados hombres en una unidad policial. De hecho, al momento de hacer público este informe los denunciantes mostraron un video donde, durante la disuasión de una marcha estudiantil, se escucha por la radio de Carabineros a un oficial ordenando “subirle las faldas a las mujeres” durante la detención (minuto 04:38 del siguiente video).

Pacos autónomos

De los excesos de Carabineros, aparte del aval que el gobierno les ha entregado todas las veces en que han sido cuestionados por distintas organizaciones y personas, nadie responde. En el mismo informe los abogados explican que Carabineros no es una fuerza autónoma e independiente y que, por tanto, la responsabilidad de su actuar cabe en la autoridad de turno. En este caso, la Intendenta de Santiago, Cecilia Pérez, y su jefe directo: el ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter.

Sin embargo, los observadores denuncias que nadie se hace cargo. “El propio ministro del Interior dijo que no tenía control sobre carabineros y ellos dicen que son mandados. Ahora, en este minuto, carabineros está haciendo lo que quiere y ellos se saben impunes”, dice Cisternas.Alicia Lira, presidenta de Agrupación de Ejecutados Políticos, dijo el pasado jueves que ya es preocupante es la estigmatización del manifestante y la naturalización que se está construyendo en torno al actuar policial, lo que se ve amplificado por los medios de comunicación. Uno de sus ejemplos más cercanos fue la situación del partido entre Universidad Católica y Colo Colo en el estadio San Carlos de Apoquindo.

“Aquí se está instalando el terrorismo contra la civilidad, pues todo lo que se muestra y destaca es el caos, los desórdenes, pero no se da cuenta de las particularidades de este movimiento y menos aún las brutales agresiones de la que son víctimas nuestros niños. Y si es que llegan a hacerlo, se muestra como parte de algo necesario para proteger el orden público”, señaló.

En esa misma línea, el jueves pasado un grupo de estudiantes fue imposibilitado de llegar a manifestarse en el Parque Diego de Almagro de Santiago. Carabineros los detuvo una cuadra antes de llegar al parque, les realizó control de identidad y los devolvió por calle San Diego, sin ninguna explicación.

Esto a pesar de que en la Constitución se garantiza el derecho a reunión, sin permiso previo, según explicó Alberto Coddou, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. “Esto se ve obstruido por la utilización de un Decreto Supremo (N°1.086) dictado a principio de las movilizaciones políticas de los ’80, en contexto de dictadura. Este decreto permite prohibir de facto cualquier movilización y hoy es utilizado contra manifestaciones sociales, convirtiendo actos de autoridad en verdaderos permisos de nuestra autoridad política”, dijo.

De una u otra manera, el próximo viernes 28 de octubre a las 15 horas se realizará en Washington la audiencia especial concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer la situación de violencia policial en Chile en el marco de movilizaciones estudiantiles.

La presentación expondrá cuatro puntos: regulación del derecho de reunión; violencia de agentes del estado contra niños, niñas, jóvenes; Justicia Militar y debido proceso y criminalización de la protesta social. Después de eso, dicen los observadores, habrá resoluciones para comenzar a esclarecer los hechos y empezar a terminar con los abusos policiales, una postal repetida en casi todas las manifestaciones.

Acá el informe completo