Con dos recursos ante el Tribunal Constitucional (TC), un grupo de senadores de la oposición pretende impugnar la Ley de Pesca que este miércoles fue aprobada en la cámara alta.

La primera se interpuso a las 9 horas de este jueves por el abogado Patricio Zapata en representación del senador del PS, Pedro Muñoz, y de su par de la DC, Ximena Rincón, y se cuestiona la constitucionalidad del artículo 1º numeral 19 que agrega los artículos 26 A y 26 B y el 2º transitorio.

Según el presidente de la cámara alta, Camilo Escalona, al otorgar licencias renovables se entregan “privilegios odiosos” en favor del sector industrial pesquero y “en desmedro de todos los chilenos y chilenas”.

“Se vulnera el principio de la libertad económica. Claramente el artículo 19 número 2 de la Constitución establece que no se pueden fijar privilegios a favor de ningún sector de la población sin razón ni justificación”, recalcó.

La senadora Rincón emplazó al Presidente Sebastián Piñera a que explicite si está a favor de proteger los intereses de las cuatro empresas que controlan el mercado o del interés de todos los chilenos.

A su juicio, la Ley de Pesca consolida una sociedad de “privilegios y no de oportunidades”.

El senador del MAS, Alejandro Navarro, dijo que el requerimiento es la más trascendente que se ha presentado en los últimos 20 años, porque apunta a un tema de fondo: La propiedad colectiva de los recursos marinos.

El parlamentario espera que el TC analice con prudencia, pero a la brevedad la acción legal.

Según el jurista que patrocina la causa, el organismo tiene un plazo de un mes para pronunciarse, el que se puede prorrogar por 15 días.

El escrito también lo suscriben los senadores del PS, Isabel Allende y Ricardo Lagos Weber; del PPD, Guido Girardi; y de la DC, Mariano Ruiz Esquide.

CONVENIO 169 DE LA OIT Y DERECHOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS

La segunda opción que busca la oposición para mejorar la ley es encabezada por el senador del PPD, Eugenio Tuma, y apunta a respetar los derechos de los pueblos originarios que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Para el parlamentario, se trata de un “abuso y discriminación arbitraria” el tomar decisiones sin consultar a etnias que habitan legendariamente el borde costero.

En tanto, el senador del mismo partido, Guido Girardi, se está ante una triple discriminación: Despojo de recursos que pertenecen a todos, exclusión de participar en la actividad pesquera y por tratarse de una “ley racista” que niega derechos ancestrales.