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Poder

12 de Julio de 2013

Gobierno evalúa continuidad de Pereira en el SII tras negativo informe de Contraloría sobre perdonazo a Johnson’s

Mientras en el Gobierno nuevamente está en análisis la permanencia de Pereira al mando de la entidad, fuentes de la Contraloría estiman que la “lectura resolutiva” entrelíneas del informe, es que el gobierno debiera pedirle la renuncia a Pereira, antes que el sumario interno que aún se tramita, termine por derribarlo.

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La tarde de ayer en La Moneda ya estaba decidido que durante la noche el Presidente Sebastián Piñera anunciaría en cadena nacional el proyecto de ajuste al binominal del Gobierno luego de que le tomara por sorpresa al Ejecutivo esta semana el anuncio de un acuerdo entre Renovación Nacional y la oposición respecto de esta materia. Por eso cuando The Clinic Online dio a conocer el informe final de Contraloría sobre el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la condonación de intereses a Johnson’s en 2011, en Palacio hubo incomodidad y la orden expresa de no referirse al tema hasta hoy para no “opacar” la performance del jefe de Estado.

En lo concreto, el Gobierno ordenó una completa revisión del escrito en que se cuestiona en proceder del director de la entidad, Julio Pereira, en este caso y el asunto está siendo consultado con el equipo jurídico de Palacio para fundamentar cualquier decisión que se adopte respecto del personero que ya durante este verano recibió críticas incluso del propio Piñera por su proceder respecto de Johnson´s.

En la ocasión, tal como ahora, las críticas apuntaron a que la administración de Piñera se la ha jugado por instalar una imagen pro defensa del consumidor a través del Sernac, la cual se anula cuando grandes empresas acceden a beneficios tributarios impensados para el resto de las personas.

Por lo mismo ayer la molestia contra Pereira se reinstaló con creces, con el agravante de que en esta ocasión el Gobierno está tan distanciado del timonel de RN, Carlos Larraín, que no serviría de mucho la defensa cerrada que éste le prestó cuando se conoció el dictamen preliminar de enero pasado. Además, los partidos están concentrados en la campaña electoral, por lo que, reconoce una alta fuente de La Moneda, “resultaría desgastante concentrar tiempo en defender a Pereira en vez de dedicarlo a la campaña”.

Con todo, Pereira tiene a su favor que el sumario en su contra aún no concluye, por lo que el Gobierno podría esperar a tener sobre la mesa estas conclusiones antes de darlo de baja, aunque según autoridades consultadas ello sería sólo una “gentileza hacia Pereira que puede tener costos para nosotros”.

Desde RN, en tanto, Larraín insistió en que confía en la honradez de Pereira, mientras que éste afirmó, en una conferencia de prensa que “en las conclusiones más relevantes se da un plazo de 60 días al SII para derogar antiguas instrucciones del servicio. Muchas de estas, en el hecho, ya han sido derogadas, por tanto hemos cumplido”.  También dijo que “sigue pendiente” el sumario por lo que “sacar conclusiones anticipadas, además de ser a mi juicio una irresponsabilidad, es contrario al debido proceso”.

La complejidad que tiene el caso de Pereira es que, más allá de las explicaciones de Pereira, se mezcla la política y la probidad en un madeja llamada derecho administrativo.

LO QUE DICE EL INFORME

De allí que los abogados que se dedican al derecho administrativo suelen decir que los informes de Contraloría, no sólo hablan en su parte resolutiva, es decir, donde están las conclusiones, allí donde se recomienda mejorar procedimientos y se ordenan sumarios administrativos. El cuerpo de un documento emitido por el organismo fiscalizador también tiene una voz propia; y es donde muchas veces están los elementos que permiten configurar esas anomalías relativas a la probidad legal que entrañan un comportamiento cuestionable y eventualmente perseguible.

Por todo lo anterior, el último informe de la Contraloría referido a la actuación del Servicio de Impuestos Internos (SII) en la millonaria condonación a Johnson’s –adelantado ayer por The Clinic Online– no es un documento cualquiera. En su parte resolutiva, ordena a la entidad dirigida por Pereira que corrija una serie de aspectos referidos a resoluciones de años anteriores, con las cuales se adoptaban decisiones para condonar intereses y multas a empresas que lo solicitaban. Y además ordena realizar un sumario administrativo porque el tata fisco le timbró 500 facturas a Johnson’s, luego que la condonación ya estaba hecha. Hasta allí podría tratarse de una formalidad, un olvido de algún funcionario menor que no recibió el oficio o sencillamente un descuido.

Sin embargo, el gran cuestionamiento a Pereira en esta remisión de platas a la firma –hoy propiedad de Horst Paullman- fueron sus conflictos de interés, como también los del subdirector jurídico Mario Vila, quien ya no pertenece a la institución y es investigado además por la Fiscalía Oriente. Ambos, antes de ingresar al SII en 2010, trabajaron en la consultora Price Waterhouse asesorando precisamente a Johnson’s en materias tributarias.

Pues bien, la condonación –de más de 100 millones de dólares- que finalizó en diciembre de 2011, siempre ha tenido un pero: si Pereira o Vila se inhibieron de participar en cualquiera de las etapas debido a este conflicto de interés. En un informe anterior de la Contraloría de enero de este año, ya el organismo recordaba las normas que deben observar los funcionarios públicos para casos como éstos: la abstención. Ahora, en cambio, la entidad revisora asegura que antes del proceso de remisión de lucas a Johnson’s, no existen antecedentes que den cuenta de que Pereira se inhabilitó de participar. Tampoco su subalterno.

“Por su parte, en relación con el Subdirector Jurídico (Mario Vila), corresponde señalar que los correos electrónicos obtenidos y las declaraciones prestadas por los funcionarios del SII, a saber, Ivan Beltrand Cruz, Mirtha Barra Paredes, Hugo Horta Barahona, Patricio Soto Diaz, y Elena Amaya Silva, Jefe del Departamento Jurídico de la DGC, dan cuenta de que el señor Mario Vila Fernandez tuvo participación en dicho proceso, en circunstancias que, según sus propios dichos, había asesorado previamente a Ia empresa Johnson’s S.A. y que, de acuerdo a lo informado en su declaración de patrimonio presentada ante esta Contraloria General en junio de 2010, tenia una cuenta por cobrar a favor de Price Waterhouse Coopers por $ 20.000.000, consultora en la que también se había desempeñado”, señala el informe.

Cuando la Contraloría le dio traslado al SII para que opinara de lo anterior, señaló que todo es parte de sumario administrativo interno, el mismo Ramiro Mendoza deberá visar en pocas semanas más.

Por esta razón, los antecedentes fueron enviados a la División Jurídica de la entidad de control para que se pronuncie, nada menos, si el motivo invocado por Johnson’s “para obtener la condonación de intereses y multas (…) se ajusta a alguna de las causales expresamente establecidas” en el Código Tributario.

A renglón seguido la Contraloría revela que el SII argumentó que la solicitud de Johnson’s se produce para evitar una quiebra y que la condonación permitiría no sólo cumplir con sus compromisos laborales, sino además desistirse de juicios pendientes en los tribunales de justicia.

La Contraloría, sin embargo, estima que se trató de una transacción, de una negociación extra legal, es decir, sin fundamento normativo que permitiera hacerlo, cuestión que en el razonamiento de la entidad dirigida por Ramiro Mendoza, aumenta el conflicto de interés de Mario Vila y Julio Pereira.

Fuentes de la Contraloría estiman que la “lectura resolutiva” entrelíneas del informe, es que el gobierno debiera pedirle la renuncia a Pereira, antes que el sumario interno que aún se tramita, termine por derribarlo.

Lea el informe de la Contraloría completo
Informe final de auditoria a SII

Lea el dictamen de enero de 2013

Lea el dictamen de la Contraloría

Dictamen del SII contra Julio Pereira

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