La Comisión Política de la CAM se refiere al infiltrado Castro Antipán y critica el uso de testigos secretos

La Comisión Política de la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, envió una declaración pública donde se refieren al caso de Raúl Castro Antipán, informante y colaborador de la Dipolcar, además de otros casos que según la CAM ya se conocían: Los Hermanos Ñancucheo, Jaime Pilquiman, Elcides Pilquiman y José Santos Jorquera, cada uno con distintas características.

Para la CAM “en este sentido no estamos hablando de un hecho aislado, como se pretende plantear, ni de responsabilidades sólo de Carabineros; el rol de Castro Antipán es sólo una arista, de una estrategia mayor en donde están involucrados el Ministerio del Interior, Ministerio Público y las policías, la cual se viene aplicando desde hace años”.

La declaración profundiza en el rol del infiltrado y asegura que “a pesar de sus cometidos y “esmerada labor”, finalmente, nunca se condenó a un peñi, producto de la delación de este informante a sueldo. Al contrario, paradojalmente, el único condenado fue él mismo al admitir públicamente su participación en el “caso Tur Bus” y el caso del “peaje Quino”, ocurridos en julio y octubre de 2009. Además, por su testimonio como testigo protegido de la Fiscalía, treinta comuneros mapuche han sido encarcelados y posteriormente liberados entre el año 2009 a la fecha”.

La Comisión Política de la CAM, a raíz de lo anterior, puntualiza lo siguiente:

-Existe una estrategia general por parte del Ministerio del Interior, articulada por parte de la Dipolcar, PDI y Ministerio Publico con el objetivo de criminalizar y generar las condiciones para perseguir y condenar a comuneros mapuche.

-En el caso que exista un objetivo político-judicial de lograr una condena; a los anteriores organismos del estado se suman también los Tribunales de Justicia (De Garantía, Orales y hasta la Corte Suprema) quienes dan a los Testigos Protegidos la validez probatoria, transformándoles en el gran mecanismo para lograr condenas efectivas.

-Es importante mencionar entonces, que los únicos casos que se encuentran en esta situación, es decir, que han sido condenados debido a la aplicación de la Ley Antiterrorista y además por el testimonio de Testigos Secretos, son los ocurridos durante los gobiernos de la Concertación con los casos Longkos, Ancalaf y Poluco-Pidenco y el ocurrido en el periodo de Bachelet y Piñera, nos referimos al Caso Elgueta-Jorquera.

En su declaración, la CAM recuerda las observaciones del relator especial de la ONU Ben Emmerson y lo citan: “Quienes fueron condenados por el testimonio de testigos protegidos deberían tener el derecho de que se revisen sus condenas y, cuando resulte apropiado, que se realice un nuevo juicio bajo las disposiciones de la legislación penal ordinaria, sin recurso a testimonios anónimos.”

Según la CAM, “Ben Emmerson hace un claro llamado al Estado Chileno a revisar las condenas de los presos políticos mapuche que fueron procesados y condenados por Ley Antiterrorista y el uso de Testigos Secretos, como es el Caso Elgueta-Jorquera que mantiene en prisión, desde hace cinco años, a Héctor LLaitul y Ramón LLanquileo”.