Pablo Wagner A1

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) resolvió presentar una querella por el delito de cohecho en contra de Pablo Wagner, ex subsecertario de Minería de la admiistración Piñera.

El libelo, según detallaron dos fuentes a The Clinic Online, habría ingresado en el Octavo Juzgado de Garantía, donde está ingresada la investigación del fiscal Carlos Gajardo, que hasta ahora es secreta amparada en la Ley de Lavado de Activos.

Hay que recordar que Wagner recibía un pago bimensual por parte del dueño de Penta, Carlos Alberto “Choclo” Délano, desde que asumió la subsecretaría del ramo, durante la administración anterior.

Se trata de 3 millones cada dos meses a través de un familiar cercano que Wagner confirmó a los dirigentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y que justificó por una deuda que la empresa tenía con él, tal como lo publicó este diario a fines de octubre.

De allí que la elección del delito haya sido analizada, dijo el consejero, con profundidad en el Comité Penal del organismo que dirige Juan Ignacio Piña, como también en el ampliado de los consejeros que aprobaron la acción legal.

No es la única acción legal que ha presentado el CDE en contra de Wagner. En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, ingresó acciones legales por falsificación de instrumento público en 2013, a raíz de la fallida licitación del litio, hecho por el cual Wagner debió renunciar a su cargo.

Hace algunas semanas Wagner declaró por los pagos de Délano en la fiscalía en compañía de su abogado Rodrigo Medina. En la oportunidad, sin embargo, se reservó su derecho a guardar silencio, ya que la carpeta aún es secreta.

Sin embargo, cuando fue entrevistado por el diario La Segunda, no desmintió los pagos, sino solamente que hubiera intervenido en su calidad de subsecretario de Minería en favor de la minera de Délano.

Si el fiscal Gajardo logra acreditar que el pago a Wagner es cohecho, tiene la posibilidad de formalizarlo por lavado de dinero, como también a quien sobornó e ir por la responsabilidad de la empresa en el marco del cuerpo legal que castiga el blanqueo de capitales.