Universidad-Central-de-Chil

Un duro golpe a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central ocurrió ayer luego que dos académicos de esa institución denunciaran comisiones fantasmas y falsificación de exámenes de cursos de pregrado de la carrera de Derecho al interior del plantel privado.

Un procedimiento que consistía en recibir “Actas de examinación” de ramos de Derecho cursados en la universidad supuestamente realizados durante años anteriores por alumnos que convalidaron estudios en esa institución, pero que venían con notas ya aprobadas y sólo para agregar firmas de los integrantes de comisión.

Algunas actas de examinación, que comenzaron a elaborarse durante el segundo semestre de 2014, fueron firmadas por los profesores denunciantes: Carolina Venegas, directora del Departamento de Derecho Económico y del Trabajo de ese plantel; junto a Christian Merino, ex director del Departamento de Ciencias del Derecho.

Sin embargo, Venegas concurrió hasta la primera notaría de Providencia el 27 de octubre de 2014, donde legalizó algunas de las actas de examinación que les pedían firmar, junto a declaraciones juradas que certifican dichos documentos en periodos académicos correspondientes a los años 2003, 2004 y 2008 con sus respectivas notas.

Así lo demuestran las actas a las que tuvo acceso The Clinic Online, que muestran los documentos sin firmas de integrantes de comisión pero con las notas ingresadas o con la palabra “aprobado” y con el timbre respectivo del Registro Curricular de la Facultad de Derecho.

Es el caso del siguiente documento, de la asignatura Dº Internacional Público, fechado el 8 de abril de 2008, con los profesores integrantes de comisión Hugo Llanos Mansilla y Christián Merino Álvarez. La ficha aparece con nota de examen “aprobado” y con el timbre de la Facultad de Derecho.

Acta Derecho Inter Público

Este documento fue legalizado por la abogada Venegas el 27 de octubre, una semana antes de realizar la primera denuncia ante las autoridades de la Facultad. Según relató la académica, un día después entregaba los documentos a la Escuela agregándole su firma.

Comisiones fantasmas

Según la denuncia ingresada ayer ante la Corte Suprema con el patrocinio del abogado Roberto Celedón, en la Escuela de Derecho de la Universidad Central se adoptó desde junio de 2014 una política de “revisión exhaustiva” de los expedientes de algunos egresados a quienes se les habían convalidado una o más asignaturas, provenientes de otras universidades o carreras.

El procedimiento se efectuó después la Corte Suprema rechazara algunos expedientes en cuanto a la convalidación de algunos ramos de alumnos que egresaron de Derecho en ese plantel, lo que impedía la titulación de esos mismos estudiantes.

Según la denuncia, los hechos consisten en hacer firmar profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad Central respecto de alumnos en situación de convalidación, Acta de Examen, con fechas pre-datadas, como si hubiesen rendidos exámenes como alumnos regulares de la Escuela, lo que no se corresponde a la verdad. En efecto, los exámenes son simulados, las comisiones examinadoras sólo “existen” en el papel, las notas son predefinidas. Ni alumnos ni profesores concurren al supuesto examen. Todos son actos administrativos preparados previamente y los profesores son requeridos a firmar”.

Venegas señala que al plantear los reparos ante este proceso, las autoridades de la universidad dijeron que el procedimiento se ajustaba a lo instruido por la Corte y por lo tanto el proceso estaba autorizado, aunque no existía un documento oficial que hablara de ello.

Por esa razón, Venegas alertó de la situación el pasado 6 de noviembre y conminó a sus colegas a detener los procesos hasta que hubiera una aclaración, en un correo que envió al Decano de Derecho, Andrés Naudón, y otras autoridades de esa facultad.

Sin embargo, no hubo respuesta a su requerimiento, por lo que una semana después, el 13 de noviembre de 2014, le envió la información al Presidente de la Junta Directiva de la Universidad, Ricardo Napadensky.

Sí bien los académicos denunciaron ante la propia institución el mal proceder y reconocieron haber firmado actas falsas, aseguran que la universidad dijo que los procedimientos se ajustaban a lo instruido por el Máximo Tribunal y el proceder estaba autorizado. Por esa razón, dice Venegas, tomó los recaudos de legalizar los documentos antes de entregarlos firmados.

“Es el único formato preimpreso que tenemos”

La denuncia, dada a conocer ayer por radio Biobío, generó una respuesta casi inmediata desde la universidad. Mediante dos comunicados públicos, la rectoría de la Universidad reconoció la denuncia de presunta falsificación de actas de exámenes y señaló que “al enterarse por sus más altas autoridades sr. Presidente de la Junta Directiva don Ricardo Napadensky y el Rector profesor Rafael Rosell, por medio de una denuncia formal de estos hechos presuntamente irregulares, instruyó en el mes de diciembre al Sr. Fiscal de la Universidad, una investigación, que está en su fase de término”.

Según la escueta declaración, “una vez que se cuente con las conclusiones emanadas del informe de la fiscalía de la Universidad, nuestra comunidad debe confiar, que se adoptarán las medidas que sean necesarias, si procedieren”.

Sin embargo, sólo unos minutos después, el decano Naudón envió su propio comunicado donde negó tajantemente los hechos denunciados por los profesores y acusó la intención de conseguir “ventajas personales” por los denunciantes.

Naudón dice que el procedimiento se llevó a cabo luego que recibieran tres casos de rechazo por parte de la Corte Suprema de expedientes de Licenciados en la Escuela de Derecho, basados todos en problemas de convalidaciones, y que en ese proceso detectaron otros 14 casos que podrían llegar a la misma situación.

En conversación con The Clinic Online, el decano señaló primero que la denuncia fue realizada en el mes de diciembre con copia masiva a otros profesores y facultativos de la Facultad, lo que motivó que él pidiera que se abriera una investigación, aunque asegurando que el problema estuvo que “no se respetó el conducto regular que era hablar conmigo, no que se viraliza esto”.

Sin embargo, el decano luego reconoció que el correo fue enviado durante el mes de noviembre, aunque no recordó la fecha exacta. Según la denuncia, el primer correo de Venegas fue enviado el 6 de noviembre de 2014 a Nuadón y otras autoridades, y luego hubo un correo enviado el 13 de noviembre al presidente de la Junta Directiva, el que fue respondido cinco días después por Napadensky (17 de noviembre).

En él, la máxima autoridad del plantel le señala que instruirá al rector del plantel a solucionar el tema y agrega al final del correo que “tenga usted la certeza, que me ocuparé personalmente de colaborar en la inmediata solución a este importante problema”.

El decano además señaló que la denuncia sólo tienen como objetivo conseguir “ventajas personales” por parte de los denunciantes, quienes están querellados por él y por el director de la carrera, Santiago Hurtado, por injurias con publicidad. Merino, el segundo denunciante en este caso, fue desvinculado durante diciembre de la universidad, aunque el decano señala que esto se debió a “pérdida de la confianza” y no a una represalia por este tema.

Ante la denuncia, la autoridad señala que los documentos que acompañan la denuncia son “actas internas de validación” y no actas de exámenes, aunque a la cabeza de los documentos aparece claramente la sigla “Acta de examinación”.

Consultado por The Clinic Online, el decano dijo que eso era efectivo, pero justificó el uso de esos papeles diciendo que no tenían otros. “Lo que pasa es que es el único formato preimpreso que tenemos nosotros son esas actas, que efectivamente son actas de examinación. Pero resulta que esas actas iban acompañadas de un oficio conductor que señala claramente que se ha hecho la revisión y que la fecha que llevan las actas son aquellas que se tienen que incorporar en cuanto al periodo académico. Entonces, claro, no se fijan por sí mismas. Parecen un acta de examinación pero son las únicas actas preimpresas que tenemos nosotros”, dijo Naudón.

El decano, además, insistió que estos documentos no eran enviados a la Corte Suprema sino que eran documentos internos. “Es un papel de trabajo, como llamarían los contadores”, señaló el abogado. Consultado por este punto por The Clinic Online, el decano señaló finalmente que “justamente este procedimiento es para que aparezcan como aprobados, no como convalidados. En el fondo hay un cambio de nomenclatura administrativo. Donde decía convalidado, dice aprobado. Fue la única solución a la que pudimos llegar después de muchas conversaciones con la Corte por este tema porque si no, no hay otra solución. Son alumnos que ya aprobaron, que egresaron y que no pueden volver una carrera de la cual ya están egresados”.

Acta Derecho Econ II

Declaración jurada