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Poder

30 de Enero de 2015

El día que el abogado de los Penta rechazó un premio de Pinochet

Ese hecho es significativo en la vida del abogado que pese a defender a los dueños del grupo empresarial ligado a la UDI, es de izquierda, pro aborto, legalización y consumo de la marihuana y las uniones homosexuales.

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Fue hace 30 años, cuando apenas cursaba el primer semestre de derecho, que Julián López Masle, el abogado que hoy defiende a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín en el escándalo del Pentagate, se topaba por primera vez con el senador de la UDI, Iván Moreira, por entonces dirigente de la Secretaría Nacional de la Juventud del gobierno de Pinochet.

El senador, que por esas cosas del destino también está involucrado en el caso de las platas truchas de la política, en ese entonces llamaba a López para informarle que era el ganador de el Premio Presidente de la República Augusto Pinochet: había sacado el mejor promedio de enseñanza media de la Región de Magallanes.

“No le voy a aceptar el premio. Tengo mis convicciones políticas”, fue la respuesta que recibió Moreira, quien insistió, “pero esto no es político. El premio se lo dará, en una ceremonia en Santiago, personalmente el Presidente de la República”.

“Por eso mismo no lo voy a aceptar”, enfatizó López.

El diálogo es parte del perfil que Qué Pasa elaboró del hombre que hoy lleva la defensa de los fundadores y dueños de unos de los grupos económicos más poderosos del país, involcrados en delitos tributaros y de desvíos irregulares de platas a campañas políticas a cambio de boletas o facturas falsas, como ellos mismos reconocieron en sus declaraciones ante la fiscalía.

Qué Pasa recuerda, tras el sabroso diálogo que tuvo lugar hace 30 años, el día en que López salió a enfrentar a los medios luego de que la Fiscalía anunciara las formalizaciones contra los Carlos.

“Han detectado que existen errores e irregularidades dentro del manejo contable de algunas de sus sociedades de inversiones, que constituyen, a nuestro juicio, infracciones a las leyes tributarias y a la ley de financiamiento electoral”. Y añadió: “Mis representados admiten que han cometido errores, el principal de los cuales es no haber implementado medidas de control que evitaran que en algunas de sus sociedades de inversión imperara una estructura de malas prácticas que nunca debió existir”, fue lo que dijo en esa oportunidad López.

Más allá de cualquier consideración, ese 8 de enero marcó un antes y un después en la historia, pues los Carlos comenzaban a reconocer su participación en los hechos.

Después de ese episodio hubo otro hecho que dio cuenta de que la estrategia de López tomaba forma.

Esto porque además de reconocer la participación, los propios dueños de Penta revelaron a Gajardo que, además, en la empresa se usaba una fórmula para sacar dinero del holding sin dejar registro y rebajando así su base líquida en su declaración de impuestos, algo que hicieron a través de cuatro contratos de forwards con la empresa de asesorías Siglo Outsourcing.

Qué Pasa relata que quienes conocen a López cuentan que su sello es ser “muy pragmático en sus defensas” y que prefiere “asumir las realidades tal como son”.

Detrás de las estrategias legales de Julián López, reconocen sus pares, está su gran conocimiento en la Reforma Procesal Penal. De hecho, no sólo fue uno de los primeros en enseñar litigación y funcionamiento del sistema, también han sido formador de jueces.

Otro de sus rasgos característicos es que es reconocido como “un gran comunicador”.

Agrega la publicación, que pese a que no viene de una familia especialmente política,  López se inclinó por la oposición a Pinochet desde muy joven, tal como quedó reflejado en el diálogo que tuvo con Moreira hace 30 años, cuando le dijo no a un premio del dictador.

En su adolescencia tuvo simpatía por la DC, y tuvo varios vecinos de la Unidad Popular.

Del grupo más militante en la escuela de Derecho de la Chile, pocos recuerdan a López. “Nunca estuvo en la primera línea”, dice un abogado.

Su participación en las protestas y la toma de la Escuela de Derecho por la designación del rector José Luis Federici, sin embargo, le valió ser detenido junto a varios compañeros.

Además, su generación estuvo marcada por la política: fue compañero de Yerko Ljubetic, de Carolina Tohá, de Luis Mariano Rendón. También estaba en su mismo curso Mónica Van der Schraft, su esposa, hoy socia de Cariola, Diez, Pérez-Cotapos y con quien pololeó desde primer año de universidad: ambos estudiaron en Harvard y hoy tienen tres hijos.

También compartió aula con a con el fiscal nacional Sabas Chahuán, Andrés Jana, Lucas Sierra, Alejandro Ferreiro y la jueza Karen Atala, a quien, de hecho, representó en el juicio por la tuición de sus hijas.

Dice Qué Pasa que pese a su historial cercano a la izquierda nunca ha sido convocado a trabajar ni por la Concertación ni por la Nueva Mayoría.

De hecho,  su única incursión en un gobierno se produjo con Piñera, cuando la ex ministra de Justicia Patricia Pérez lo llamó en 2013 para formar parte de la Comisión de Expertos para el Perfeccionamiento del Sistema de Justicia Penal.

Otro aspecto que se destaca de su posición es que es agnóstico y liberal en lo valórico: pro aborto, a favor de la despenalización del consumo de marihuana y partidario tanto del matrimonio homosexual como de la adopción de hijos de parejas homoparentales.

Además, a fines de los 90 fue parte de los abogados que llevaron a los tribunales la prohibición de que se exhibiera la película La última tentación de Cristo.

Casos emblemáticos

DE CLODOMIRO ALMEYDA A CASCADAS
Cuando aún era estudiante de Derecho y, trabaja como procurador del abogado Luis Ortiz Quiroga, llegó a la oficina el requerimiento que el régimen militar formuló en contra el socialista Clodomiro Almeyda por apología del terrorismo.

Después vino el proceso de la Armada en contra de Óscar Guillermo Garretón, quien estuvo preso en la Cárcel de Valparaíso y fue liberado después del plebiscito de 1988. López iba a alegar la libertad.

Hoy López, además de Penta también es protagonista de otro bullado caso, pues defiende a Aldo Motta, el gerente general de las sociedades cascadas Pampa Calichera y Norte Grande acusado de entregar “información maliciosamente falsa al mercado”.

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