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Nacional

24 de Marzo de 2015

Abogado SQM con todo contra Fiscalía: Pide “test de blancura” por relación sentimental de fiscal y asegura que nadie quiere una “Stasi”

Gabriel Zaliasnik acusó un "doble estándar" de la Fiscalía al pedir inhabilitar a un miembro del Tribunal Constitucional para conocer el requerimiento a favor de la minera, y no cuestionar el que el fiscal Emiliano Arias sea pareja de la ex funcionaria del SII que destapó el caso. Además, dijo que nadie quiere que el Ministerio Público "sea una suerte de órgano persecutor totalitario".

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abogado sqm A1

El abogado de SQM, Gabriel Zaliasnik, cuestionó el vínculo sentimental que une a la ex funcionaria del Servicio de Impuestos Internos que destapó el esquema de corrupción en el organismo abriendo las puertas del caso, Marisa Navarrete, con el fiscal Emiliano Arias, parte del equipo que lleva la investigación.

“Este caso partió por el caso FUT, que se inició por una denuncia de una ex jefa de la Oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos, la señora Marisa Navarrete, quien –dicho sea de paso- es la pareja o cónyuge de uno de los fiscales a cargo de la investigación”, dijo Zaliasnik a radio Cooperativa, para luego, a partir de ello, acusar un supuesto “doble estándar” de la Fiscalía al pedir inhabilitar a un miembro del Tribunal Constitucional para conocer el requerimiento a favor de la minera.

“¿Qué ocurre cuando le denunciante de esta causa, la que inicia todo esto, que hace de vocera, prácticamente, que va de canal en canal, de radio en radio, (…) es la cónyuge, la pareja, de uno de los señores fiscales, donde ella emplaza al Servicio de Impuestos Internos, donde señala que el SII está actuando en forma incomprensible, errática, extraña; hace interpretaciones legales para señalar cuál es la interpretación correcta de la legislación tributaria en esta materia? ¿Eso no inhabilita, no contamina la investigación? Yo creo que el Ministerio Público tiene que someterse al mismo test de blancura o de escrutinio al que quiere someter a otras autoridades del país”, criticó Zaliasnik.

Asimismo, el ex presidente de la Comunidad Judía de Chile destacó que el dueño de SQM, Julio Ponce Lerou, no ocupó su derecho a permanecer en silencio al ir a declarar ante la Fiscalía.

De todos modos, el defensor reivindicó como válida esa posibilidad, -ocupada por Jovino Novoa al ir ayer a declarar por otra arista del caso-, así como también la negativa de SQM de entregar información contable a la Fiscalía, si es correspondiente a un período que sobrepase el que figura en la querella del SII.

“Esta idea de que uno al no entregar información o al no declarar prácticamente se transforma, de cara a la opinión pública, en alguien que no colabora o no contribuye, es un completo error en cómo entendemos el sistema penal chileno, que permite a cualquier persona en una investigación no sólo guardar silencio, no sólo no autoincriminarse. Yo no tengo por qué colaborar o entregar información…”, dijo el abogado.

“En aras de poner en un altar la transparencia (…) no podemos sacrificar el derecho a defensa de las personas, porque (…) caemos en las prácticas de países totalitarios, y lo menos que queremos, como ciudadanos, es que tengamos un Ministerio Público que haga ejercicios como la Stasi en Alemania Oriental, que sea una suerte de órgano persecutor totalitario”, añadió el abogado.

Para el abogado, los fiscales “no investigan en el aire, lo que tienen que hacer es investigar un hecho que eventualmente sea constitutivo de delito. En el caso de los delitos tributarios, ese hecho lo define única, exclusiva y discrecionalmente, por mandato de la ley, el Servicio de Impuestos Internos, no lo puede definir el Ministerio Público ex ante para intentar salir en una suerte de expedición de pesca para ver si encuentran algún tipo de antecedente que corrobore meras sospechas o conjeturas que no tengan asidero, quizás, en la realidad”.

Por tanto, no respetar esto es “pretender dar vuelta o invertir el orden procesal por la vía de que sea el Ministerio Público quien, con la argucia de sostener que pudieran haber otros hechos ilícitos –eso es, casi, forzadamente- salga a pesquisar información para encontrar, aparentemente, evidencia (…) Es derechamente invertir todo nuestro sistema procesal en materia de delitos tributarios”.

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