Marisa Navarrete: la mujer que desató la tempestad que hoy tiene a Penta y a políticos investigados

“Yo estaba en 2013, como jefa de la oficina de litigación penal del Servicio de Impuestos Internos (SII), en Defensa. Por mi pasaban todas las denuncias y querellas del país. Debía ser así, porque las tenía que firmar el subdirector y previo a ese paso, las debía revisar yo. Delitos tributarios hace recopilaciones de antecedentes de casos relevantes. Recibí el 24 de mayo de 2013 un informe importante y se lo asigné a una de las abogadas que trabajaba conmigo, quien es, cuando asume Gonzalo Torres como subdirector jurídico, nombrada jefa de gabinete. Entonces me lo devuelve un mes y medio después y me dice que no había alcanzado a revisar el informe. Se lo asigno entonces a otra abogada, muy eficiente, quien empieza a analizarlo y pasan no más de 15 días y esta abogada se acerca a mi oficina y me dice: “Marisa, he revisado este informe y hay funcionarios del servicio metidos, es decir, funcionarios públicos involucrados”. Yo reaccionó de inmediato para ver de qué se trataba y leo que en una declaración aparece mencionado Iván Álvarez (el ingeniero comercial que habría ideado el Fraude al FUT), quien había participado en una petición de dinero a alguien que había recuperado plata a través de internet. Le digo a la abogada que siga revisando, y luego, de inmediato, le comentó que voy a enviar un email al director Gonzalo Torres -el 23 de julio de 2013- donde le explico que hay antecedentes para denunciar el delito funcionario.

Hay que tener claro que en cuanto a delitos tributarios, la iniciativa exclusiva es del Servicio de Impuestos Internos, es decir, la fiscalía no puede investigar nada si es que previamente no tiene una denuncia o querella del Servicio. Tiene discrecionalidad el SII para decidir si denuncia, se querella o no hace nada. Pero respecto del delito funcionario, el SII se rige por el código procesal penal que establece que un funcionario público tiene la obligación de denunciar cuando advierte, en la comisión de su desempeño, algún delito, especialmente si se trata de algún subalterno. Acá se estaba ante un delito de cohecho, y con estos datos yo le envío un correo a Torres advirtiendo que hay un plazo perentorio de 24 horas para denunciar porque si no lo hacemos podríamos estar nosotros ante la comisión de un delito.

No me responden y me reúno entonces, al día siguiente, 24 de julio, con los fiscalizadores del Servicio para que me expliquen cómo habían recabado la información y ese mismo día llamo al fiscal Carlos Gajardo, con quien tenía una relación profesional muy cercana porque estaba viendo con él otras causas como el tema de las universidades. Le pregunto: ‘¿Carlos, te denuncio todo, o sólo los casos radicados en Providencia?’. Carlos me dice: ‘denuncia todo’. Entonces le remito a Torres un borrador de la denuncia, pero pasan los días y no pasa nada, y es él quien tenía que firmar la denuncia.

Lo enfrento en los días posteriores por el tema y le pregunto a Torres, que estaba con Andrés Vío, jefe del departamento de Defensa, qué está pasando y me dicen que el director no quiere denunciar porque “no se quiere echar a los gremios”. Les digo que no puede ser, que el director es ingeniero y nosotros abogados y debemos hacerle ver a Alejandro Burr las consecuencias de no denunciar. Además les digo que hay que tener ojo, porque hay un informe, el número 11, con una fecha de mayo donde queda claro que se debe denunciar, y ellos me dicen que no me preocupe, que lo del informe se puede manejar.

Me sentí defraudada porque yo había sido fiscal mucho tiempo, entonces no estaba acostumbrada a ese tipo de situaciones. Entonces voy a la oficina de Carlos Gajardo, con la excusa de ir a ver otras causas, y le cuento todo esto, todos los antecedentes del caso, porque había una supuesta autodenuncia previa que era un volador de luces, porque no tenía nada que ver con el delito tributario y sólo hacía referencia a un delito informático. Eso era falso porque se está ante un delito tributario. Le doy a Carlos los rut de las personas involucradas -Iván Álvarez y Mitzi Carrasco Rioseco- para que Carlos pueda mandar a pedir la información al Servicio, que es lo que él hace.

Es incómodo para los dos, porque tal vez no era el procedimiento formal. Y de esa forma, casi clandestina se gesta esta causa.

Torres es sorprendido cuando Gajardo le manda a pedir, a raíz del delito tributario, todos los antecedentes, lo que significa no sólo los 49 contribuyentes que estaban aún chequeados, sino la historia de los 122 que estaban siendo revisados.

Cuando Torres se ve en esta situación, me llama un 12 de agosto cerca de las 21.00 horas porque me dice que había que firmar la denuncia, que yo se la había enviado en borrador semanas antes. Yo llego al Servicio y me da un poco de risa y les digo: “¿Ustedes de verdad creen que Gajardo ahora está esperando la denuncia?”. Lo que hicieron fue cambiarle la fecha al informe de mayo, le pusieron el día anterior a la denuncia, le cambiaron sólo el primer párrafo y quedó como si recién se hubieran enterado del caso con el informe 27, que es una copia del número 11 de mayo. Es una maniobra bien burda, que era para decir que el delito funcionario se había denunciado en las 24 horas correspondientes, lo que no era efectivo.

Torres inicia una persecución laboral, me baja la nota de calificación, porque sospechó inmediatamente que había sido yo la que denunció frente a Gajardo. Él me pide el cargo, y le digo que no, que yo había postulado por concurso público, pero como era un cargo a contrata, esto significó que el 31 de diciembre no me renovaron la contrata. Evidentemente yo sabía que corría ese riesgo. Escribí un mail despidiéndome y conté todo esto.

Jamás me imaginé en qué iba a terminar el caso. Si lo hubiera sabido, con mayor razón denuncio”.