caso degollados A1

Durante la jornada de este miércoles los familiares de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino difundieron una declaración pública -en el sitio de Revolución Democrática– en relación a la medida tomada por la Tercera Sala de la Corte Suprema de otorgar libertad condicional a los criminales de lesa humanidad, Miguel Pablo Muñoz Uribe y Alejandro Sáez Mardones, involucrados en el caso Porvenir y el caso Degollados, respectivamente.

En la misiva afirman que Sáez “fue condenado a presidio perpetuo por asociación ilícita por los secuestros y homicidios de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino y por el secuestro de otras seis personas en marzo de 1985, además de estar involucrado en otros casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en 1975 y 1976”.

Además, precisan que su informe psicológico de Gendarmería señala que “no hay en él conciencia del daño causado y sí permanencia en la justificación de su acción delictiva, siendo que en ambos casos lo contrario es requisito mínimo para acceder a cualquier tipo de beneficio penitenciario; por esta razón la Comisión de Libertad Condicional denegó el beneficio a Sáez Mardones, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, fundando su decisión precisamente en el hecho de no estar rehabilitado para la vida en el medio libre”.

“La libertad condicional otorgada esta semana por la Tercera Sala de la Corte Suprema a los criminales de lesa humanidad Miguel Pablo Muñoz Uribe y Alejandro Sáez Mardones nos parece de la mayor gravedad, la rechazamos con fuerza y agradecemos todas las muestras de solidaridad que hemos recibido en estas horas por esa causa (…) Además, rechazamos la forma en que la Corte Suprema resolvió otorgar este beneficio: a puertas cerradas y sin reconocernos a nosotros, las víctimas, derecho a alegato”, continúan.

En esa línea, enfatizan que la decisión ocurre días después de que falleciera Manuel Contreras. “La actitud del Poder Judicial, representado en este particular por la Tercera Sala de la Suprema, equipara de facto crímenes de lesa humanidad con delitos comunes, lo que contraviene no sólo el compromiso ético con el Nunca Más, sino también los tratados internacionales que Chile ha ratificado. El otorgamiento de libertad condicional a criminales de lesa humanidad deja la puerta abierta a la impunidad, pocos días después de que uno de los más grandes violadores de los derechos humanos, Manuel Contreras, falleciera con el grado de general de la República en el Hospital Militar, sin ser degradado de su cargo a pesar de ser ejecutor de múltiples atropellos a la dignidad humana”.

“Sabemos que en nuestra institucionalidad judicial la Corte Suprema tiene la última palabra. Por eso es que nos sentimos perjudicados por el Estado, y repudiamos la impunidad, no solamente en este caso, sino cada vez que se dan señales equívocas en materia de justicia con las violaciones graves a los derechos humanos. Los crímenes perpetrados contra nuestros familiares bajo la dictadura cívico-militar fueron perpetrados desde el Estado contra la sociedad chilena en su conjunto, y hoy el Estado de Chile nos vuelve a injuriar”, añaden.

Finalmente, enfatizan que “el daño inmenso cometido por el Estado chileno bajo la dictadura, al igual que este otorgamiento de libertad condicional a un criminal de lesa humanidad, nos ofende no solo a nosotros sino a la sociedad entera, y es como país que tenemos que hacernos cargo de rechazarlo si queremos una sociedad más justa y comprometida con la dignidad humana”.