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Foto: Fedérico Álvarez Santibáñez (crédito: www.memoriaviva.com)

El 16 de febrero de 2015 la señora Fresia Santibáñez Silva tuvo un accidente cerebro vascular que la hizo perder la memoria. Un año después el ministro Mario Carroza dictó sentencia en el caso por el que había luchado toda su vida: el homicidio calificado de su hijo mayor, Federico Álvarez Santibañez, un militante del MIR que murió en la Posta Central producto de las torturas de la CNI.

“Se va a morir sin saber que ya condenaron a los culpables”, cuenta Ariel, el hijo menor de Fresia al enterarse de la sentencia que, tal como lo venía señalando su familia desde hace más de 36 años, condenó a cuatro oficiales del Ejército, pero también de manera inédita a dos doctores que colaboraban con la CNI.

Dos médicos que lo examinaron al interior del Cuartel Borgoño y que extendieron certificados diciendo que estaba en buenas condiciones y sin lesiones a la vista mientras literalmente se moría por dentro.

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La sentencia dictada en febrero pasado por el ministro Carroza condenó al general (r) de Ejército Julio Salazar Lantery; al coronel (r) Carlos Durán Low; al teniente coronel (r) Jorge Andrade Gómez; y al oficial de Ejército Jorge Vargas Bories a diez años y un día por el homicidio calificado del profesor Álvarez, que murió la madrugada del 21 de agosto de 1979 en la Posta Central.

Pero además de los agentes de la CNI, Carroza incluyó a los médicos cirujanos Manfred Jurgensen Caesar, como cómplice, y a Luis Losada Fuenzalida, como encubridor del mismo crimen. El primero de ellos, condenado a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, mientras que el segundo a dos años de presidio menor en su grado medio.

Dos facultativos que llevan más de 30 años expulsados del Colegio Médico por su participación en el hecho, rol que resultó crucial para el destino de Álvarez: diciendo que tenía buen estado de salud y a lo más un “dolor de estómago” mientras el informe pericial posterior señaló que el profesor de Química murió por traumatismo torácico con contusión pulmonar y grave insuficiencia respiratoria no diagnosticado y no tratado, anemia, deshidratación con encefalopatía urémica, bronconeumonía, equimosis y aspiración final de vómitos.

Álvarez, de 33 años, que en esa época hacía clases de Química en la escuela nº 55 de Quilicura, fue detenido en la madrugada del 15 de agosto de 1979 junto a Raúl López -un compañero militante del MIR- tirando volantes en el centro de Santiago, pero fue acusado de poner un artefacto explosivo bajo un bus de Carabineros estacionado en la intersección de las calles Morandé con Santo Domingo y orquestar la colocación de otras dos bombas en financieras de la capital.

Álvarez y López fueron detenidos mientras corrían por la vereda de la carretera Norte Sur por Carabineros, subidos en un furgón y trasladados a la 9ª comisaría. En la detención, Álvarez recibió un golpe con la culata de un revólver que le provocó una herida en la cabeza, que después sería ocupada por los organismos represores para justificar su muerte en la Posta Central.

Ese mismo día, un grupo de agentes de la CNI los llevaron hasta el Cuartel Borgoño. Allí fueron atendidos por el doctor Camilo Azar Saba, quien los encontró en buen estado y sólo certificó la sutura en la cabeza de Álvarez, que ya había sido atendido en el Hospital J. J. Aguirre. Un certificado médico que a la postre sería clave para culpar a sus otros dos colegas.

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El certificado de defunción de Álvarez Santibañez, fechado a las 06.50 horas del 21 de agosto de 1979, señala que la causa de muerte fue “fractura de cráneo”. Sin embargo, durante la investigación fueron varias las declaraciones e informes periciales que dieron cuenta de los apremios recibidos por la CNI y la presencia de una serie de patologías en el cuerpo del detenido.

Por ejemplo, los carabineros que fueron a buscar a Álvarez y López para llevarlo al hospital señalan que debieron ayudarlo a bajar escaleras y subirlo al furgón. Según su declaración, le costaba hablar, tenía hipo, estaba muy mal de salud y al entregárselo en Fiscalía Militar les dijeron que lo llevaran de inmediato a la enfermería.

En el Hospital de Gendarmería verificaron contusiones, hematomas y compromiso respiratorio cuando Álvarez estaba en una camilla. Tenía una contusión parietal izquierda antigua suturada, equimosis perorbitaria (ojo morado) y contusiones múltiples en las extremidades. Según ese informe, a las dos horas de haberlo recibido, botó 20 centímetros cúbicos de sangre por la boca, con dificultades respiratorias progresivas llegando a presentar cianosis distal (coloración azul en los dedos) y polipnea (respiración forzosa) acentuada. Por esa razon, fue enviado a la Posta Central.

Allí los gendarmes dejaron a Álvarez directamente en el quinto piso, en la Unidad de Tratamiento Intenso. En el expediente también aparece la declaración de un auxiliar de la Posta Central que señaló que cuando le tocó hacer aseo se quejaba cuando le tocaban cualquier parte del cuerpo. Tenía un ojo morado, le faltaban dientes y se quejaba mucho del tórax.

Además aparece el testimonio de una enfermera a la que Álvarez le dijo que llevaban días pegándole. Allí constataron que en la región superior del tórax tenía manchas que parecían quemaduras, las que también se veían en el glande del pene. Un doctor de turno señaló que tenía quemaduras eléctricas en pliegues inguinales y axilas más quemaduras parecidas a las que deja un cigarrillo en piernas y la base del glande.

A las cinco de la mañana del 21 de agosto sufrió un paro respiratorio. Los enfermeros lo recuperaron con masaje cardíaco y lo entubaron, pero a las 06.50 tuvo otro paro del que no se pudo recuperar y finalmente falleció.

El boletín de la Posta Central señaló que la causa de muerte fue “contusiones múltiples, contusión pulmonar, hemoptisis e insuficiencia pulmonar”. Con esa información lo enviaron al Servicio Médico Legal.

Un informe pericial del 29 de enero de 1982 señaló que las causas de la muerte fueron el traumatismo torácico con contusión pulmonar y grave insuficiencia respiratoria no diagnosticado y no tratado, a pesar de haber sido examinado por dos doctores antes de llegar a morirse en la enfermería de la Penitenciaría y la Asistencia Pública. También mencionó que la anemia, la deshidratación con enecefalopatía urémica, la bronconeumonía y la aspiración final de vómitos influyeron en su deceso.

Sobre las torturas, Raúl López, señaló en su declaración que fueron apresados y golpeados en la cabeza con las culatas de las armas que portaban Carabineros y fueron suturados en la Hospital JJ Aguirre. Una vez examinados al llegar al Cuartel Borgoño, sólo pudo escuchar cómo se quejada de los vejámenes que recibían en el recinto de la CNI.

El 18 de agosto los juntaron en la Fiscalía Militar y se dio cuenta que estaba muy mal de salud, porque se quejaba constantemente y tenía arcadas. Lo vio con un ojo morado y la boca reseca con sangre. En el cuartel, tal como a él le había ocurrido, a Álvarez le aplicaron corriente en los testículos, la sien, los brazos y las rodillas.

Luego, el 20 de agosto de ese año -cuando ya cumplían seis días detenidos- les pasaron elementos de aseo porque iban a pasar a Fiscalía Militar. Antes de salir, lo revisó un médico acompañado de una señora que actuó como enfermera. Según López, a ambos los hicieron desnudarse la parte de arriba y les preguntan si tenían dolencias. A Álvarez el médico lo encontró bien, pese a que hablaba con un hilo de voz y le costaba respirar. En ese mismo lugar los hicieron firmar el documento en que señalaban que no les habían pegado.

En la investigación consta esa supuesta declaración de Álvarez del 20 de agosto de 1979 donde ratifica haber participado en la colocación de artefactos explosivos en el centro de Santiago y manifiesta que no ha recibido ningún tipo de violencia durante la detención, ya que al ser detenido por Carabineros, se habría caído y golpeado la cabeza.

Según López, en el último tramo que compartieron, cuando los llevaban desde la Fiscalía a la Cárcel Pública, él le preguntó si había firmado algún papel y Álvarez, con escasas fuerzas, asintió con la cabeza.

A su declaración se suma la de tres amigas, dos de ellas profesoras del colegio donde trabaja Álvarez, quienes relataron haber escuchado las sesiones de torturas a las que lo sometieron y haberlo visto completamente desecho al interior de las celdas. Todo eso, nada que hayan visto ni informado los doctores hoy condenados por el ministro Carroza.

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Posta Central A1

El impacto de la noticia en esa época obligó al régimen a nombrar un ministro en visita para investigar su muerte. Fue entonces cuando el ministro Alberto Chaigneau, quien investigó la causa los primeros años, hizo una denuncia en contra de los doctores ante la Comisión de Ética del Colegio Médico. Antes de declararse incompetente y cerrar la causa, Chaigneau se percató de las diferencias entre el informe médico de la Posta Central (Asistencia Pública) y el informe de autopsia del SML.

Ahí partió la investigación que terminó en febrero en la sentencia del ministro Carroza, donde señala que Jurgensen tenía conciencia de los interrogatorios en el cuartel secreto de la CNI, al que concurrió el 18 de agosto de 1979 a atender a Álvarez, y que a pesar de que el detenido pudo no decirle que sufría los apremios, como él había argumentado, el profesional podría haber visto perfectamente las lesiones que le provocaban las torturas.

En el expediente el ministro señala que Jurgensen solamente mencionó que “le dolía la guata” en un certificado médico pero omitió todas las lesiones anteriores que luego fueron detectadas en la Posta Central y en el Hospital Penal.

Además, señala que el excusarse diciendo que la muerte de Álvarez fue por una insuficiencia renal “no es suficiente para disfrazar su conducta de cooperación ilícita. Le estaba dando luz verde para que siguieran interrogando con misma intensidad, lo que él mismo señala diciendo que probablemente sus lesiones se originan con las torturas posteriores a su visita”.

Por esa razón, lo declara responsable de “colaborar con actos simultáneos con sus interrogadores, aporte que a los agentes les fue útil en relación a la ejecución el ilícito”.

En tanto, el doctor Losada, quien emitió un certificado médico el 20 de agosto donde señaló haberlo encontrado “en buenas condiciones de salud, no presentando lesiones de ningún tipo”, dijo primero que no constató la lesión en la cabeza que fue sindicada al principio como su causa de muerte y luego, en octubre de 2013, cambió su versión de los hechos diciendo que los certificados que había emitido eran en realidad de Raúl López.

Sobre el facultativo, Carroza dice que hay un intento de exculparse, pero que de todas formas colaboró con la CNI al conceder visos de normalidad al estado de salud de los detenidos, lo que también facilitó los medios para que se aprovecharan del crimen cometido.

“Lo importante es su cooperación con organismos de inteligencia y su indolencia profesional, no si los documentos son falsos, por lo demás reconocidos ese año y luego desconocidos para una salida a su incapacidad profesional y dolosa actuación, dice la sentencia.

Por ese motivo, el ministro en visita señala que hubo participación del médico avalando las acciones homicidas y “blanqueando las conductas ilícitas de los integrantes de la CNI y las acciones inhumanas en contra de las personas que no profesaban su ideología, como encubridor”.

Si bien, la expulsión de Mandred Jurgensen y Luis Losada del Colegio Médico se concretó el 29 de Julio de 1986, ambos doctores siguieron ejerciendo sin mayores problemas. Jurgensen, quien también ha sido indicado como sospechoso en el caso que investiga el posible asesinato de Pablo Neruda, hasta hace dos años era el Jefe del Departamento de Educación del Hospital de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) y mantenía su consulta particular.

En 2014, el programa En la mira lo interceptó en una estación de combustible, donde se refirió al tema. “Son mentiras. Yo jamás he participado en algo que sea poco ético (…) Yo lo vi, lamentablemente, cuatro días antes que falleciera. Yo lo vi bien. Lamentablemente falleció cuatro días después. Yo no lo vi con vejámenes”.

“Yo hice un turno que no corresponde, hice un turno de reemplazo y lamentablemente eso ha significado que toda mi vida ha sido un calvario”, señaló en esa oportunidad.

Losada, en tanto, trabajaba en el Instituto Nacional de Geriatría, en Integramédica sede Alameda (esquina Santa Lucía) y en el Hospital del Salvador como ortogeriatra. En términos prácticos, podrá seguir ejerciendo ya que sólo estará bajo observación durante dos años ya que fue beneficiado con la remisión condicional de la pena. En cuanto a Jurgensen, éste fue beneficiado con libertad vigilada intensiva por los tres años a los que fue condenado, pero perdió sus derechos políticos.

Con esa condena, Jurgensen y Losada se suman al también médico y coronel (r) de Ejército, Vittorio Orvieto, condenado en 2008 por el caso Tejas Verdes y al ex funcionario del Ejército José María Fuentealba, condenado en 2010 por la desaparición de tres personas en Coihayque en octubre de 1973. En ambos casos, eso sí, se trataba de miembros del Ejército y no civiles.

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Ariel Álvarez Santibañez, el otro familiar querellante en la causa, se enteró de la sentencia un mes después que fue dictada, al ser consultado por este medio. Tras leer el documento y comunicarse con su contacto en la Vicaría de la Solidaridad, el menor de la familia dice que en parte podrán cerrar un capítulo de esta historia, pero considera que la sentencia fue mínima contra algunos de los responsables, especialmente con los doctores.

Ariel señala que por la contextura de Federico, un hombre de 33 años de no más de 1,60 de estatura y 55 kilos de peso, era imposible que los médicos no hubieran visto las marcas en su cuerpo.

“Ellos examinaron a mi hermano entre el 18 y el 21 de agosto del año ’79 y viéndolo que había sido torturado -porque mi hermano a parte de recibir golpes fue torturado en su cuerpo, se notaba que había sido torturado con electricidad tanto en sus testículos como en su pecho- ellos deberían haberse dado cuenta. Sus costillas estaban totalmente quebradas, le dieron agua después de ponerle electricidad. Eso mata a cualquier persona”, dice.

Además, Ariel explica que esto no fue una situación puntual. Tanto él como su hija cuentan que su familia fue perseguida y observada de cerca para saber si tenían actividades políticas contra la dictadura. Cuando los allanaron en su antigua casa en Ñuñoa, el hermano menor de Federico tenía 19 años pero recuerda que se llevaron hasta el libro “La dama del perrito”, de Aton Chejov, sólo por ser de un autor soviético.

“No solamente fue un momento de que mataran a mi hermano y nosotros tratáramos de buscar a los victimarios, no fue solamente eso. No fue un acto individual. Fue algo que se mantuvo durante todo el tiempo. A mi madre la vigilaban de la CNI, tratando de amedrentar. Yo quise otra profesión y no la pude ejercer porque era de conocimiento público mi apellido y la relación que tenía con mi hermano. Hubo una persecución social con respecto al régimen militar y ahora que se hace justicia, mi madre no puede saberlo. Es un alivio, pero genera una impotencia gigante al mismo tiempo”, agrega.

The Clinic Online intentó comunicarse con las defensas de ambos médicos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Sin embargo, tanto los abogados de los doctores como el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior apelaron a la Corte de Apelaciones de Santiago, que deberá ratificar o revocar el fallo en los próximos meses.