Rousseff EFE

El Gobierno brasileño negó hoy que haya ofrecido dinero para comprar los votos de diputados dispuestos a rechazar la apertura de un juicio político con fines destituyentes contra la presidenta Dilma Rousseff.

“Ante la posibilidad de que el juicio sea frenado en la Cámara de Diputados, parlamentarios de la oposición esparcieron el rumor de que se estaría ofreciendo dinero a cambio de apoyo en la votación; una información que no tiene fundamento o cualquier prueba”, según una nota publicada hoy por la Presidencia en su blog en internet.

Tanto el Gobierno como la oposición vienen cabildeando votos de cara a la votación de mañana en la que la Comisión Especial de 65 diputados creada por el Congreso para definir si existen méritos jurídicos para el probable juicio decidirá si aprueba o rechaza el informe en que su instructor recomienda darle luz verde al proceso.

Como ambas partes dan por hecho que la apertura del juicio será respaldada por la Comisión Especial, las negociaciones tienen como fondo la votación inicialmente prevista para el próximo viernes, que puede prolongarse a sábado y a domingo, en que el plenario de la Cámara de Diputados se pronunciará sobre el juicio.

El proceso seguirá adelante si es apoyado el lunes por la mayoría simple en la Comisión Especial pero solo será remitido al Senado con el respaldo de la mayoría calificada de dos tercios (342 de 513 votos) en el plenario de la Cámara Baja.

“Es absolutamente falso el rumor de que el Gobierno haya ‘comprado’ diputados para que voten contra el juicio político. Se trata de una información falsa que comenzó a ser difundida por la oposición y llegó a ser publicada por la prensa, pero que no tiene ningún fundamento”, aseguró la Presidencia en su blog.

De acuerdo con la nota, el Gobierno participa en conversaciones con varios parlamentarios para convencerlos de que voten contra el proceso pero en ningún diálogo se ha mencionado dinero.

“El Gobierno sí ha conversado con parlamentarios indecisos para presentar sus argumentos jurídicos contra el juicio, así como la oposición también dialoga con los diputados para convencerlos a votar a favor del proceso”, asegura la Presidencia.

Pero las conversaciones de los representantes del Gobierno, agrega la nota, tienen como asunto principal los argumentos jurídicos de que la presidenta no puede ser juzgada por no haber cometido ningún crimen de responsabilidad.

“Incluso para que cargos (públicos) no sean usados como moneda de pago, el Gobierno anunció que no impulsará ninguna reforma ministerial antes de la votación”, agrega el blog del Palacio de Planalto.

Según versiones de prensa, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo nombramiento como ministro de la Presidencia fue suspendido por una cautelar, es quien comanda las negociaciones con los diputados, que se centran principalmente en cargos, desde un cuartel que instaló en un lujoso hotel en Brasilia y en el que todos los días es visto un entre y sale de parlamentarios.

De acuerdo con el resultado de un sondeo entre diputados que el diario O Estado de Sao Paulo actualiza diariamente, 287 legisladores son partidarios hasta ahora del juicio, 115 son contrarios, 61 se dicen indecisos y 50 se niegan a declarar su voto.

En caso de que tanto la Comisión Especial como el plenario de la Cámara Baja aprueben la apertura del juicio, el caso seguirá rumbo al Senado, cuyos 81 miembros decidirán, por mayoría simple, si someten a Rousseff al proceso.

De llegarse a ese extremo, Rousseff tendrá que separarse del cargo por 180 días, plazo que tiene el Senado para realizar el juicio y en el que sería sustituida por el vicepresidente, Michel Temer.