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El pasado 27 de abril, a las 11.15 am., la cajera de Banco Estado Sandra Carvajal, visó un depósito de $ 152.881.291 millones de pesos, cuyo destinatario era el Senado. El cheque estaba endosado en su parte posterior por Jaime Orpis, senador desaforado, formalizado y en prisión preventiva por recibir aportes ilegales de Corpesca y cometer fraude al fisco con las asignaciones parlamentarias.

El dinero era para cubrir lo adeudado y llegar de mejor manera a la imputación de cargos y evitar ir a prisión, lo que finalmente de poco sirvió porque la Corte de Apelaciones el pasado 16 de junio, lo calificó como “un peligro para la sociedad”.

Hasta ahora, se desconocía quién había aportado tal cantidad de dinero, pero la fiscal a cargo del caso Corpesca, Ximena Chong, solicitó a la Cámara Alta todos lo documentos de la operación. El oficio SG-18 fechado el 16 de junio, reveló el misterio: el dueño del cheque y su firma, pertenecen al abogado Fernando Barros Tocornal, un destacado tributarista y socio en el estudio Barros y Errázuriz.

El profesional, quien fue el cerebro tributario detrás de Augusto Pinochet cuando estalló el caso Riggs, defensor de Piñera en 2007 cuando lo multó la SVS por uso de información privilegiada, es cercano a la UDI y hombre de una amplia gama de contactos.

Para la fiscal Chong el pago por la suma señalada no es un dato menor. Por ello pidió al Banco Estado el comprobante del depósito, como también las cámaras de seguridad de la entidad para determinar quién ingresó del documento.

Sucede que Jaime Orpis no tendría tal cantidad de millones entre sus activos y tampoco Barros habría metido la mano al bolsillo para lisa y llanamente regalarlos.

Fuentes del caso explicaron que Orpis habría firmado varios pagarés con los cuáles, al menos en la formalidad, se comprometería a pagar la deuda a distintas personas, que hasta ahora permanecen en el anonimato.

Al respecto, al ser consultado por este diario Fernando Barros, explicó: “He recibido un encargo profesional, y como tal privado, de parte de más de 70 personas naturales, que me hicieron la correspondiente provisión de fondos, para que concurriere, a nombre propio y por cuenta de mis mandantes, a otorgar un préstamo a don Jaime Orpis.

“Tanto el encargo como el préstamo fueron debidamente documentados y cumplieron con todos los requisitos legales”, respondió. Igual argumento usó el abogado de Orpis, Carlos Cortés.

Si se divide la suma total pagada por Orpis, cada aportante había entregado poco más de 2,1 millones. Por todo lo anterior, no es descartable que Chong requiera dichos documentos o bien cite a Barros a explicar la operación de crédito.

Decisión

En tanto, el pasado 21 de junio, Chong envió un oficio al subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Bernardo Lara, donde lo conmina a sincerar la postura jurídica “y nos informe si se va a ejercer o no acción penal” en relación a una serie de personas ligadas a Orpis que emitieron boletas ideológicamente falsas, como también a las empresas que usaron dicha fórmula para violar los aportes electorales.

En el caso de las personas, se trata de Lorena Lara, Carolina Gazitúa, Bárbara Molina. La primera con emisión de boletas a Entel, la segunda a GTD Teleductos, mientras que la última a las firmas Agrícola Tarapacá y Costanera Sociedad Anónima.

La fiscal también le pidió al tata fisco que informe las direcciones de coreo electrónico a las que fueron enviadas, luego de ser emitidas, las boletas de otros “asesores” de Orpis.

Se trata de María Fuella Toro, Flavia Manríquez, Lucía Montenegro, Daniel Ortega, María Plaza, Alexis Ramírez, Marcelo Ramírez, Felipe Rojas, Muriel Teixido, María Yabar Orrego, Esteban Zavala, Javier Jara, Mario Candia Zlatar, Solange Hermosilla, Sebastián Prat Pannat, Alfonso Mora Domínguez y Ana Palacios Silva.

En el caso de Prat Pannat, este último aparece emitiendo boletas de honorarios a la Asociación de Industriales Pesqueros Asipes, los que fueron transferidos a Pablo Longueira, el mismo que fue formalizado este miércoles por cohecho y delitos tributarios en el marco del caso SQM.

Esta línea de investigación que ausculta a otras empresas pesqueras que también ligan a Longueira está recién comenzando, luego que aparecieran dineros de la empresa El Golfo, pagados con boletas ideológicamente falsas de los abogados Nicolás y Gustavo Guiñez.

Orpis hoy se encuentra formalizado por fraude al fisco, delito tributario y cohecho. La suma que el Ministerio Público le imputa, sobrepasa los $ 260 millones.

Junto a este último también está formalizado por soborno, el ex gerente general de Corpesca Francisco Mujica y la ex diputada Marta Isasi.