Derechos Humanos, abusos policiales y justicia militar: Las críticas a Chile en el informe anual de Amnistía Internacional

La impunidad, tanto por las violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar en el pasado como por las que se seguían cometiendo en 2016, continuó siendo la asignatura pendiente en Chile, según Amnistía Internacional (AI).

En su informe anual presentado hoy en París, AI explica que se confirmaron varias declaraciones de culpabilidad por crímenes de derecho internacional durante la dictadura, pero “en pocos casos, los implicados fueron encarcelados”.

A finales de año seguía pendiente ante el Congreso un proyecto de ley para negar la posibilidad de obtener la libertad condicional a las personas halladas culpables de crímenes de lesa humanidad.

Entre los casos más destacados de 2016 relativos a abusos durante la dictadura de Augusto Pinochet, AI señala la sentencia de la Corte Suprema que confirmó las condenas a cuatro años de prisión dictadas contra dos exmilitares por torturar en 1973 al general Alberto Bachelet, padre de la presidenta chilena, Michelle Bachelet.

También hubo numerosas denuncias de “uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de la policía, sobre todo en el contexto de las protestas públicas” y “entre las víctimas figuraban menores, mujeres, periodistas y trabajadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que actuaban como observadores”.

Esos casos, explica AI, “siguieron siendo competencia de los tribunales militares”, aunque una ley aprobada en noviembre excluyó a la población civil de la jurisdicción militar.

En enero, el INDH interpuso una querella para que los tribunales ordinarios siguieran investigando la desaparición forzada de José Huenante, de 16 años, visto por última vez en septiembre de 2005 al ser detenido por la policía. Un tribunal militar también reabrió una investigación, pero su suerte y su paradero siguen sin conocerse.

En el informe de la ONG también se aborda la comisión creada por el Congreso para investigar la violencia en la Araucanía, la región más afectada por conflictos de tierras que implican al pueblo mapuche.

AI destaca que ésta sólo se centró en delitos presuntamente cometidos por los indígenas como forma de protesta, sin abordar las constantes denuncias de uso excesivo de la fuerza y de detenciones arbitrarias durante las operaciones policiales contra esas comunidades.

Respecto a los derechos sexuales y reproductivos, AI destaca que el aborto siguió tipificado como delito en todas las circunstancias.

Tras varios años de debate, Chile dio “el primer paso” hacia la aprobación del proyecto de ley de identidad de género cuando en septiembre superó el trámite en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, aunque al concluir el año aún no había superado la votación en el Senado y en la Cámara de Diputados.

En julio, Chile alcanzó un acuerdo amistoso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una denuncia de tres parejas gais a las que se les había negado el derecho a contraer matrimonio.

Ese acuerdo llevó al Gobierno a anunciar en agosto un proceso participativo con la sociedad civil para redactar un proyecto de ley que establezca la igualdad respecto al matrimonio de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales.