El video es del 28 de agosto de 2010. Sebastián Piñera se desplaza parado en la proa de una pequeña embarcación pesquera. Va con los brazos estirados hacia el frente, sosteniendo una bandera nacional. Lleva puesta la clásica chaqueta roja del gobierno y sobre ella un chaleco salvavidas. Lo secunda Sergio Gahona, el intendente de la cuarta región. Es su primera visita a Punta de Choros luego de que dos días antes, él mismo bajara el proyecto de la Central Termoeléctrica Barrancones, que ya había sido aprobado por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. El viaje busca reafirmar el compromiso medioambiental del que habló en su campaña.

-Es realmente un santuario de la naturaleza y yo siento que teníamos que protegerlo, porque es un lugar único, con una riqueza, una biodiversidad, una belleza, que nos llega al alma. Por eso me siento tan contento que como presidente tuve la oportunidad de salvar este parque marino –le dice a la cámara.

La imagen no sería importante y aquellas palabras trascendentales, sino fuera porque Bancard –tal como lo reveló una investigación de radio Bío Bío- era socia de otro proyecto que también generaba resistencia en la comunidad. Algunos kilómetros más al oeste estaba ubicada Minera Santa Dominga, de propiedad de Minería Activa Uno SPA, compañía donde los Piñera tenían presencia al menos desde abril de 2009, mediante una enmarañada red de sociedades: habían invertido a través del Fondo de Inversión Privado (FIP) Mediterráneo, que era administrado por Bancorp S.A., una de las sociedades de Bancard, la insigne matriz que hasta marzo de ese año manejaba su padre.

La compañía no sólo tenían interés en la mina. A 25 kilómetros al sur de donde iba a estar Barrancones, en un sector llamado Totoralillo Norte, Minería Activa pretendía construir un muelle para sacar la producción de minerales. El 27 de septiembre de ese año ingresaron la solicitud de concesión de borde costero a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Entonces, Sebastián Piñera era presidente y Mediterráneo aún era socio del proyecto.

LOS TRÁMITES DE DOMINGA

Cuando minera Dominga era sólo un buen prospecto, una concesión minera con muy buena proyección, Minería Activa Uno inició los papeleos para solicitar una concesión marítima de borde costero. Antes siquiera de iniciar el proceso de evaluación medioambiental, pusieron sus energías en conseguir el pedazo de playa y fondo de mar para hacer un muelle mecanizado. El primer trámite ocurrió el 2 de febrero de 2010, cuando Iván Garrido, el gerente general de Activa, solicitó el pronunciamiento del Seremi de Obras Públicas de Coquimbo sobre la construcción del atracadero. Piñera había salido electo presidente hacía 15 días y aún era socio del proyecto a través de Bancard.

La respuesta llegó el 17 de marzo, en la ordenanza 0371, donde la Dirección de Vialidad y la de Obras Portuarias dijeron que el puerto no interfería en ningún otro proyecto. Para esa fecha, el Seremi de Vivienda y Urbanismo también había dado su opinión. El 9 de marzo, dos días antes de que Piñera asumiera, el arquitecto Hernán Rodríguez Baeza explicó que el área donde se emplazaría la obra era un sector rural, complementario a las actividades de la playa, y calificó “favorablemente” la solicitud.

La Dirección Regional de Pesca fue el último organismo en certificar que el proyecto era apto. El 3 de junio de 2010 emitieron el certificado número 17, donde no ofrecieron reparos a la iniciativa. Eso, pese a que justamente al lado atracaban botes de pescadores artesanales.

Para entonces, el muelle de Dominga ya tomaba forma. A fines de ese mes, la consultora de ingeniería en puertos PRDW Aldunate Vásquez, le envió a Minera Activa Uno el resultado del anteproyecto “Terminal marítimo de graneles”, que la compañía luego debía adjuntar en su presentación a la subsecretaría. Allí se describían las instalaciones. En tierra se construirían 4 torres de transferencia, 4 pilas de acopio, 2 apiladores, y las oficinas para el personal. Todo en una superficie de 300 metros de playa a lo largo. En el mar habría un puente de acceso de 1.050 metros y maquinaria para la carga de los buques. Todo por un costo de 114 millones de dólares.

El terminal estaba proyectado para atender “naves Cape Size de aproximadamente 180.000 toneladas”, barcos que pueden medir hasta 300 metros de longitud. Según la Carta Gantt, la construcción tardaría 19 meses, desde julio de 2011 hasta febrero de 2013, fecha en la que ya debería estar operativo. En un año, decía el informe, podrían exportarse casi 12 millones de toneladas de hierro.

Con todos estos antecedentes, Minería Activa Uno ingresó la solicitud a la subsecretaría el 27 de septiembre de 2010. En pleno boom del hierro, cuando según el listado histórico de precios del Fondo Monetario Internacional se pagaban más de 150 dólares por tonelada, Dominga asomaba como un multimillonario proyecto. Dos meses después, Bancard vendió su participación a Carlos Alberto Délano, un muy buen amigo de la familia que se transformó en el socio mayoritario de la compañía Andes Iron, bajo la cual quedó Dominga. Según la investigación de Radio Biobio, en la pasada el FIP Mediterráneo ganó al menos $213 millones sólo por la venta de sus acciones clase C, en una transacción que involucró un pago de $6.675 millones en total. “Todos triplicaron su plata. Ahora, Piñera no sabía del negocio minero. No sabía de sus etapas, fue inversionista de pasada, y ganó. Lo que no sabía era que si seguía podía ganar mil veces más”, dijo Iván Garrido en entrevista con El Mostrador a fines de febrero, una vez destapado el escándalo.

LA APROBACIÓN

Desde el primer momento, las comunidades y organizaciones vinculadas a la protección de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt vislumbraron el proyecto del muelle como una amenaza para la fauna del sector. La principal preocupación era la ruta de los barcos, que pasarían muy cerca de la Reserva Marina Islas Choros-Damas. Fueron ellos los que hicieron saber a la subsecretaria que una concesión en ese lugar afectaba el medioambiente.

Nancy Dumas, representante de la Fundación Alemana Sphenisco, creada para conservar las escasas poblaciones de Pingüinos de Humboldt de Chile, recordó a comienzos de este mes cómo se inició el trámite en el 2010. En una reunión realizada en el departamento de física y astronomía de la Universidad de La Serena, que juntó a organizaciones opositoras al proyecto con algunos diputados de la región, habló del conflicto de interés de Piñera cuando era presidente. “No puede ser que él no tuviese idea de esto. Su familia era dueña y participaba aún de la sociedad cuando el proyecto ingresó, pero además él nombró al intendente y a los seremis que después aprobaron la concesión”, explica hoy.

La Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC), liderada por el intendente Sergio Gahona, el mismo que acompañó a Sebastián Piñera el día en que prometió proteger Punta de Choros, aprobó la solicitud el 20 de diciembre de 2011 por unanimidad, un año después que Bancard abandonara el negocio. “Sin desarrollo portuario privado no va a ser posible desarrollar proyectos mineros en la región”, apuntó la empresa en aquella sesión.

En paralelo, a comienzos de ese año, Minera Andes Iron había presentado una Declaración de Impacto Ambiental para iniciar la prospección de la mina: 300 sondajes en las pertenencias de la compañía que fueron aprobados en julio de 2011. Fue luego de aquella autorización que la compañía de Délano se enteró que Dominga daba para una gran minería. Pasaron de una proyección de 200 millones de toneladas a una de 2.000 millones.

El 18 de julio de 2012, la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas otorgó la concesión. El decreto iba firmado por Andrés Allamand, ministro de defensa en ese tiempo. Luego, el 13 de septiembre del 2013 -tres meses después del almuerzo de Piñera con el Gerente de Bancard Nicolás Noguera en La Moneda- el proyecto ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. El monto de la inversión había crecido a 2.500 millones de dólares. Dos días antes, el nuevo tamaño de la minera modificaría la concesión de borde costero. Dominga proponía ampliar la capacidad de los barcos a 400 mil toneladas. El 27 de febrero de 2014, durante la última reunión del CRUBC de Coquimbo en el gobierno de Piñera, el intendente Gahona autorizó la ampliación. Meses más tarde la subsecretaría confirmó la resolución, entregando la concesión hasta el 2032.

Según una fuente cercana a Bancard, la presentación del requerimiento de concesión de borde costero fue el único trámite ante dicha autoridad que inició Minería Activa Uno, mientras el FIP Mediterráneo era accionista. Agrega, además, que aunque la participación de los Piñera se vendió en diciembre, ésta se acordó el 10 de septiembre de 2010, 17 días antes de que se iniciaran los papeleos de la concesión. El simple hecho de la solicitud, explica, no justifica un conflicto de interés, pues la resolución fue aprobada 18 meses después, cuando el proyecto era de Délano. “Toda empresa y proyecto en Chile, incluidos aquellos en que participa como inversionista Mediterráneo, deben llevar a cabo actuaciones ante sus autoridades para poder desarrollarse, sin que esto indique que exista un conflicto de interés, ni menos que no se haya manejado de manera correcta”, señala la misma fuente.

El diputado del Partido Comunista Daniel Núñez, parlamentario por la zona en disputa, cree que el conflicto de interés de Piñera es real y que la bajada de Barrancones hoy aparece con un trasfondo distinto: “Piñera más que responder a la defensa del medio ambiente, tal vez estaba preocupado de viabilizar el proyecto Dominga… ese borde costero es muy frágil desde el punto de vista del ecosistema, y no resistía dos proyectos de esa envergadura. Es obvio que había que elegir por uno, aun cuando la comunidad no quería ninguno”, explica.

La Comisión Investigadora de la Cámara aprobada hace algunas semanas intentará dilucidar aquellas irregularidades. “Acá hay muchas relaciones poco transparentes. Puede haber uso de información privilegiada, pero no descarto otras figuras como el tráfico de influencia”, advierte Núñez.

Los parlamentarios tienen 90 días para investigar.