Los socios del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín reaparecieron para acusar de “engaño” e “incumplimiento” a los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, respecto a un supuesto acuerdo al que llegaron y que decía relación con colaborar entregando información vital del caso Penta para acceder a un procedimiento abreviado y así evitar un juicio oral.

Según consigna La Tercera, el pasado 26 de julio el “Choclo” declaró ante el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, que “el Ministerio Público no cumplió su acuerdo y, aún más, en la audiencia de formalización y posterior revisión de medidas cautelares, se usó mi declaración en mi contra y, por eso, considero que mi declaración se obtuvo en base a un engaño”.

Vale decir que en 2015 Délano reconoció haber dado luz verde a aportes a diferentes candidatos, claro que sin involucrarse en su materialización: “Los derivaba con Hugo Bravo (ex gerente general de Penta)”. Sobre Velasco indicó que “se le aportaron luego $ 20 millones que era la suma que aprobamos con Carlos Lavín”. Respecto a Alberto Undurraga detalló que se le dio un “apoyo para que pagara sus deudas”, a Zalaquet “se le ayudó a su campaña a senador”, y a Pablo Longueira nosotros decidimos apoyarlo”.

Por su lado, Lavín dijo al Ministerio Público que “los dineros que Jovino (Novoa) pedía no eran para él, sino que para candidatos afines”.

Pues bien, este último arremetió el pasado 27 de julio ante la fiscalía sosteniendo que “si renuncié a mi derecho a guardar silencio fue porque confié en el acuerdo que teníamos con la fiscalía y jamás me imaginé que la fiscalía podía incumplirlo. Por lo anterior, mi declaración fue obtenida bajo engaño”.

Los empresarios acusados de cohecho y delitos tributarios por financiamiento irregular de la política aclararon que ambas partes habían confeccionado una minuta con el acuerdo, que “luego fue revisada el 5 de enero antes de que yo prestara declaración por el fiscal Carlos Gajardo junto a mi abogado”.

“Había un 100 % de acuerdo en los puntos de un juicio abreviado (…) al día siguiente yo llegué tranquilo a declarar debido a que conocía todo este proceso que estaba terminando bien”, criticó Lavín, al mismo tiempo que aseguró que se abrió con la fiscalía y que entregó de forma voluntaria “información a la cual no estaba obligado según los términos del acuerdo”, como por ejemplo, un forward que hizo Bravo con VSA, respecto a “pagos de bonos y remuneraciones a ejecutivos del holding donde habían aparecido muchas irregularidades”.

Precisó además que “entre mi declaración del 6 de enero y la formalización de marzo, ocurrieron hechos que conmovieron a la opinión pública relativos a la empresa SQM y el escándalo generado con el caso Caval. Eso trajo mucha agitación en la fiscalía y terminó con el fiscal nacional de la época con participación activa. Los fiscales Gajardo, Norambuena y Arias tomaron el caso Penta y sus aristas. En ese ambiente, se realizó nuestra audiencia, habiéndose comunicado un día antes que no se nos reconocería colaboración sustancial”.

A su vez, disparó contra el organismo fiscalizador por no cumplir el compromiso “que consistía en pedir arresto domiciliario total para Délano y para mí por un máximo de 60 días y en el curso de ese plazo pedir audiencia de juicio abreviado. Por el contrario, la fiscalía pidió prisión preventiva a la cual ingresamos el 7 de marzo de 2015 y donde permanecimos por 46 días”.

“La fiscalía nos acusó de no haber dicho toda la verdad en el tema de los forwards, ya que no habíamos hablado en la declaración de enero de los forwards de CB, siendo que no es correcto el que hayamos ocultado información”.