Felipe Machuca salió de la comisaría tal como lo había hecho innumerables veces durante los últimos años. Pero esa vez, a fines de noviembre del año pasado, no era él quien trasladaba a un imputado al carro policial. Al contrario: Machuca era quien caminaba escoltado entre dos policías. Acababan de acusarlo a él, y a otros tres colegas, de robarse 27 pistolas y un revólver de la primera Comisaría de Iquique. Aturdido por las cámaras de televisión, sin entender bien por qué todo había terminado así, Machuca gritó al salir lo mismo que había escuchado tantas veces cuando se dirigía con algún detenido al furgón: “¡Soy inocente! ¡Soy inocente!”

Un mes antes se habría destapado el escándalo del robo de armas. A las 9:30 del 28 de octubre del año pasado, tras la revista realizada por la autoridad fiscalizadora a la bodega de armamentos ubicada en el subterráneo de la unidad, el capitán mayor Ramón Rost Góngora constató la desaparición de 28 armas. En el parte descarta que la pérdida sea producto de un desorden administrativo, sino de una eventual “sustracción por parte del personal policial no identificado”. Se trataba de armamento en custodia: Taurus, Glock, Berettas y Sigsauer, entre otras. Armas que la misma gente había pasado a través de la campaña “Entrega tu arma”. Todas volvieron nuevamente a las calles.

La puerta de la bodega, ubicada en el sector de los casilleros, no tenía signos de haber sido forzada. Sólo cuatro funcionarios tenían acceso a ella. Existían tres juegos de llaves y dos cajas fuertes para resguardarlas. No había cámara de seguridad; sólo un viejo candado atado a un pedazo de cadena y una piola de bicicleta que traspasaba un orificio para poder abrir la puerta manualmente (al momento de la revisión estaba desconectado). Todos estos antecedentes quedaron registrados en el informe del perito encargado de la inspección ocular. El cabo Víctor Saavedra, encargado de la sala de armas, reconoció que cuando él se ausentaba eran sus compañeros quienes sacaban algún armamento requerido por la fiscalía local.

Tres de los cuatro carabineros detenidos, fueron finalmente procesados y quedaron en prisión preventiva en distintas unidades de la ciudad. Uno de ellos fue el suboficial Machuca.

Sospechas
Cuando la defensa de Juan Carlos Farías, uno de los imputados en el caso, accedió a la información consignada en la carpeta de investigación, Esteban Infante, representante legal de la Defensoría Solidaria Policial Equánime, se percató que su nombre aparecía en unas supuestas conversaciones de Whatsapp con el cabo Machuca. De un minuto a otro, pasó a ser juez y parte. En el informe pericial, elaborado luego de la incautación de los teléfonos celulares de los acusados, había un reporte del jueves 2 de noviembre donde Infante le explicaba a Machuca que tenía un equipo de abogados, que Villalobos les temía y que habían destapado la olla en varios casos de corrupción. Al final de la conversación le habría dado una orden perentoria: “Niega todo”.

Infante asegura que no tuvo ningún tipo de contacto y que todo se trata de un vulgar montaje. “Esa conversación nunca se produjo, es absolutamente falsa. Se le mintió al fiscal militar, los informes no corresponden a los formatos del programa, los diálogos fueron implantados. Hay tres personas inocentes privadas de libertad”, dice.

El segundo informe, remitido el 23 de noviembre del 2017, elaborado por la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de la Araucanía, la misma de la cuestionada Operación Huracán, se identifica otra conversación por Whatsapp realizada, supuestamente, el 20 de mayo del año pasado. En ella Machuca le ofrece un arma a un tal negro.

“Tengo una Famae a la venta. 200 lucas”. “Tengo que verla”, responde el sujeto. Machuca replica con un emoticón con el pulgar hacia arriba y plantea encontrarse a la noche en una esquina.

La investigación continuó su curso. En las declaraciones de los imputados, Juan Carlos Farías reconoce que Machuca le habría confesado que había robado un arma, en junio del año pasado, y que no lo denunció por miedo. El cabo primero Heinz Gnieser cuenta que Machuca le dijo que lo estaban inculpando y que él no sabía nada. El suboficial Héctor Lira, más escueto, se limitó a decir que si bien era de la misma promoción con Machuca, no era amigo de él. En el careo, realizado el 27 de noviembre del año pasado, Farías aseguró que Machuca le dijo que él, Lira y Gnieser estaban involucrados en la sustracción de armas. Machuca respondió que no tenía nada que ver y que lo habían amenazado de muerte. En resumen, se lanzaron la pelota unos a otros.

Un día más tarde el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte de la causa en representación del Fisco de Chile. Durante la misma jornada, el fiscal militar Jaime Arriagada reconoció en un dictamen que existirían presunciones fundadas que los imputados participaron en el delito de hurto en calidad de coautores, decretando someterlos a proceso y descartando una eventual libertad provisional.

Esteban Infante, representante de Farías y quien además aparecía en una de las conversaciones de Whatsapp, presentó una querella criminal el lunes 19 de marzo, en contra de todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores por los delitos de escuchas ilegales. En el recurso explica que recibió una nota anónima de un supuesto agente de inteligencia, alertándolo de que los verdaderos involucrados en el caso eran varios “altos oficiales que se habían apropiado de armas de colección que ciudadanos entregaban de forma voluntaria”.

Convencido que los informes habían sido manipulados, Infante viajó a la ciudad de Temuco a entrevistarse con Álex Smith, el creador del programa antorcha, la supuesta aplicación para extraer conversaciones de Whatsapp. Smith, al revisar los informes, reconoce que carecen de un protocolo pericial adecuado debido a que las conversaciones registradas están en un formato que impide consignar si fueron obtenidas desde un celular. El denominado “profesor” reconoce, además, que existía una carpeta de seguimiento a Infante proporcionada por el entonces Director General de la institución, Bruno Villalobos, luego de la publicación en los medios de unas fotos donde aparecía en una fiesta particular con Javiera Blanco.

Infante llevó a declarar a Smith a la fiscalía militar de Iquique y se habría entrevistado con los funcionarios de Labocar que habrían redactado uno de los informes. En la querella cuenta que el Mayor Patricio Marín, jefe de la cuestionada unidad de la Araucanía, le habría solicitado al capitán Leonardo Osses que convenciera a los miembros de la unidad nortina que presentaran los resultados del informe confeccionado por ellos, para que la acusación se sustentara en conclusiones iguales pero provenientes de distintos departamentos. “Me reconocieron que hicieron copy paste”, agrega Infante.

La guinda de la torta vendría con la aparición de un tercer informe elaborado por Labocar Santiago. El peritaje concluye que las conversaciones de Whatsapp extraídas del teléfono de Machuca, fueron implantadas cinco horas después de la detención del sospechoso. O sea, mientras el aparato se encontraba en custodia. El informe no sólo revela un desfase en las supuestas comunicaciones. Al teléfono se le introdujo otra tarjeta SIM, tuvo 150 registros de actividad en dos días y se le modificó el cronograma del equipo al año 2527.

Los tres policías imputados todavía continúan presos.