La Fundación para la Confianza ha publicado su tercer informe técnico respecto al Sename y el modelo de financiamiento de las Organizaciones privadas, llamadas “ocas”, que realizan los programas bajo la tutela de Sename.

El presupuesto para Sename del 2018 es de cerca de 523 millones de dólares. De este, el 63,9% se destina en transferencias a organismos colaboradores para financiar las atenciones del 96,6% de los ingresos de niños al servicio.

Por su parte, el 32,5% del presupuesto se destina para financiar las atenciones del 4,4% de los ingresos de niños a programas de administración directa. Por último, el 3,5% se destina para las labores administrativas de las direcciones regionales y la nacional.

El informe identifica que a nivel residencial, doce ocas con más de seis centros concentran el 38,9% de la cobertura. A nivel ambulatorio, 41 Ocas con seis o más convenios concentran el 70% del total nacional.

En el contexto de la comisión de infancia anunciada por el Gobierno y el envío del proyecto de ley que aumenta la subvención a los centros residenciales, esta reflexión se vuelve relevante.

Los siguientes son algunos datos dek diagnóstico realizado por la Fundación Para la Confianza del actual modelo de financiamiento del Sename

1. Modelo subsidiario: el informe señala que el modelo se basa en la subsidiaridad. Identifica que
“el modelo de subvenciones implica un control mínimo (…) En este marco el Estado colabora y ayuda, pero no es titular de la responsabilidad de su provisión (…). La Ley N°20.032 entiende las transferencias presupuestarias como un “auxilio económico” que se deriva del patrimonio fiscal al receptor, quedando desafectado de su naturaleza de recurso público”.

2. Problemas del contexto: La calidad de los servicios entregados por las ocas se ve afectados por
variables externas y del contexto. Los proyectos muchas veces reciben casos no atingentes para lo que fueron concebidos, derivados por parte de los tribunales de justicia, así como diferentes problemáticas en la coordinación estatal que obligan a cubrir constantemente brechas no financiadas, sobre todo en salud.

3. Aplicación del artículo 80 bis: otro problema que identifica el informe es la aplicación del
artículo 80 bis de la ley de tribunales de familia que permite forzar a las organizaciones a ingresar niños y niñas. Su aplicación excesiva genera incertidumbre en los proyectos y atraso constante de los pagos por las atenciones por parte de Sename.

4. Retenciones y prolongaciones de las intervenciones: el informe da cuenta del problema que se
produce por la forma de pago por niño atendido que tiene Sename. Según el informe, además de que el financiamiento no cubre todos los costes, “esto fuerza a una dependencia de los proyectos con el número de atenciones vigentes, al necesitar una base de éstas para lograr sustentabilidad financiera”. Esto podría constituir un incentivo perverso para la prolongación injustificada de los casos con el fin de tener más subvención y la manipulación de los registros.

5. Problemas de control: el informe da cuenta de una serie de problemas a la hora de fiscalizar los proyectos. Destaca que “Sename no cuenta con procesos ordenados que respondan a una gestión programática coherente, no tiene planes de mejoramiento para las diferentes áreas programáticas ni lleva a cabo procesos de evaluación permanentes y actualización de orientaciones” (Informe, pág. 13)

Recomendaciones de la Fundación Para la Confianza

1. Modelo basado en los derechos humanos: El informe realiza una serie de recomendaciones de
gestión y regulación para mejorar la forma de provisión y financiamiento. Para el documento “la participación de la sociedad civil es un elemento muy valioso que puede agregar valor social, innovación, proximidad y experiencia”. El problema hoy se centra en el modelo en que se basa esta relación.

Según el informe, “las implicancias de que un Estado sea garante principal de los derechos, conlleva que éste tiene la responsabilidad, titularidad y la obligación de asegurar la provisión, debiendo entonces generar todas las garantías necesarias para ello en términos de disponibilidad, calidad, accesibilidad y pertinencia”. Esto se debe realizar independientemente de si los proveedores son públicos y privados.

2. Generación de un sistema de acreditación: el informe recomienda generar un sistema de
acreditación, con diferentes niveles en el ámbito técnico, que permita ir validando progresivamente el desempeño y los resultados. Es indispensable, según este informe, “la prohibición de participación de organismos que hayan con situaciones de violencia, abuso o tortura” a los niños bajo su responsabilidad.

3. Nuevas de formas de organización y licitación: el informe propone explorar nuevas formas de organización de los programas, considerando la constitución de proyectos multimodales enfocados en los servicios y la contratación de prestadores individuales. En materia de licitación, se propone explorar el uso de consultas previas a los oferentes, fortalecer los procesos de evaluación técnicas, incluir garantías y licitar de manera separada la infraestructura de los servicios técnicos, entre otros varios elementos.

4. Nuevo modelo de financiamiento: el informe propone generar un sistema de financiamiento
“que asegure la disponibilidad y calidad de los proyectos y no impida la entrada de nuevos actores al sistema”. Para ello propone generar un modelo mixto, en donde se financien y aseguren convenidamente los insumos y procesos necesarios según su tamaño, y se asigne variablemente desde esta base por el logro de resultados de valor público, superando definitivamente la lógica de pago por niño atendido.

5. Mejores procesos de supervisión: el informe propone una serie de mejoramientos a los sistemas
de control y fiscalización de las prestaciones. Entre ellos propone “fortalecer las unidades técnicas y generar planes de desarrollo y mejoramiento de la oferta programática”, así como generar un sistema de supervisión integral y ad – hoc a las características de la intervención social, con procesos de asesoría técnica y diferentes tipos de reacción. Asimismo sugiere generar “condiciones efectivas que permitan el control social por parte de la ciudadanía” y contar con inspecciones realizadas por entes autónomos a centros residenciales.

Resumen de las propuestas

Desde el organismo resumen que “la participación de la sociedad civil, si bien puede ser valiosa, el problema se centra en el modelo en que se desarrolla ésta, basado en la subsidariedad”. En este sentido el informe recomienda avanzar hacia un modelo que realmente demuestre el rol de garante principal de los derechos que tiene el Estado.

En otro punto la Fundación Para la Confiaanza señala que “El informe también propone superar el modelo de financiamiento por pago de niño atendido, a fin de evitar los problemas que este tiene en la prolongación de las intervenciones. Al respecto propone avanzar hacia un modelo mixto que asegure los recursos de todos los costos de recursos humanos, infraestructura, servicios básicos y procesos, entre otros de acuerdo a estándares de máxima calidad fijados por el Estado. Y por otra parte, premie por el logro de resultados concretos positivos para los niños”.

En un tercer punto señalan que también se propone “fortalecer los mecanismos de fiscalización, supervisión y transparencia de los programas. Para ello propone fortalecer la supervisión técnica y generar mecanismos de asesoría técnica. También recomienda la implementación de inspecciones realizadas por una institucionalidad autónoma a todos los centros, bajo administración privada o directa, a fin de vigilar la situación de los derechos humanos.

Un cuarto punto destaca que “La propuesta también considera la forma de organización de los programas y la situación de zonas y comunas aisladas. Al respecto recomienda generar nuevas formas más adaptables de la oferta que incluyan por ejemplo, a prestadores individuales debidamente certificados y de calidad que puedan lograr cubrir atenciones complejas y en zonas más aisladas”.

Lee el informe completo aquí