La Corte Suprema aprobó el llamado “Procedimiento de actuación para la prevención, denuncia y tratamiento del acoso sexual en el Poder Judicial chileno”, reconociendo así esta conducta como “violencia de género” y una “violación a los derechos humanos que afecta a las mujeres”.

En ese sentido, la encargada de asuntos de género del Poder Judicial, Andrea Muñoz, sostuvo que “sabemos que no será fácil ya que es una cuestión que requiere un cambio en la cultura que como país debemos asumir. Sin embargo, creemos que es un paso importante para visibilizar estas conductas, dejar de naturalizarlas y erradicarlas del espacio laboral el protocolo en sí mismo es un mecanismo de prevención y considera medidas que permiten dar información a las denunciantes y protección a las víctimas y garantiza un debido proceso”.

La elaboración de este protocolo llega luego de que un estudio afirmara que una de cada diez mujeres habían sido víctimas de acoso sexual dentro del Poder Judicial, y que sólo un 22% de ellas denunciaba los hechos por vía institucional.

Las principales características de dicho protocolo son investigar los hechos “respetando las garantías de las personas involucradas”, sancionar a los responsables, protección a víctimas y medidas para evitar que se vuelvan a producir casos de acoso sexual.

La entidad precisa que “pueden denunciar no sólo los integrantes del Poder Judicial, sino que usuarios y usuarias y personas que prestan servicios a la institución, cuando consideren que esta conducta ha sido cometida por alguno de sus integrantes”.

En otros pasajes, el Poder Judicial apunta que el protocolo “dispone como principio del procedimiento, el de diligencia y celeridad a fin de evitar la burocratización del proceso, además de los de confidencialidad, imparcialidad y protección a la dignidad e integridad de las personas”.

Al mismo tiempo, establece la posibilidad de implementar medidas cautelares durante la tramitación del procedimiento, y en cuanto a la sanción, establece la mayor jerarquía de la persona como una agravación de su conducta, entre otras, y permite la adopción de medidas reparatorias al momento de imponer la sanción con el fin de restablecer la confianza entre la víctima y la institución”.

“El Poder Judicial cuenta desde el año 2017 con la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación quien será la encargada de orientar e informar a las personas denunciantes, denunciadas y a las jefaturas, realizar acciones de capacitación y difusión y llevar un registro estadístico a nivel nacional de las denuncias y sus resultados”, informó el organismo.

Revisa acá los detalles del protocolo.