El populismo liberal es un fenómeno mucho más profundo que el neoliberalismo; mucho más abarcador en su capacidad explicativa del mundo contemporáneo. El uso obsesivo del término “neoliberalismo”, en cambio, restringe el análisis a la esfera económica, e invisibiliza su contexto cultural, histórico y político. Pues las relaciones de mercado son relaciones de ahorro comunicativo; suponen ya una sociedad, una cultura, en la cual las relaciones de confianza espontánea han sido desplazadas por relaciones comunicativamente pobres, pero, por ello, susceptibles de ser extendidas mucho más allá de cualquier contexto local. Son relaciones indispensables para el desarrollo de la sociedad moderna; particularmente para el desarrollo de la vida urbana, que sólo es posible sobre la base de una economía agrícola destinada, no ya a la producción de bienes de uso para la subsistencia, sino al intercambio mercantil y monetario. Estas transformaciones, a su vez, requieren que los trabajadores del campo pasen a ser consumidores de bienes producidos industrialmente, que sustituyen a los productos de la vieja economía de subsistencia. Cada vez que disfrutamos de placeres urbanos como sentarnos en un café o en un bar, entrar a un cine, a una librería o un estadio, deberíamos tener presente que somos beneficiarios de esta historia.

Y nada de malo hay en esto. El ahorro comunicativo es frecuentemente bienvenido: no tengo que trabar amistad con el gasfiter para que haga reparaciones en mi domicilio, ni con el panadero para que me venda pan; para que el taxista evangélico me transporte basta con que le cancele la tarifa indicada en el taxímetro, no que comparta sus lecturas de la Biblia, etc., etc. Pero esa división del trabajo, que ahora nos parece natural, tiene una historia: surgió de la descomposición del mundo medieval en medio de tremendos dolores de parto. Esta descomposición destruyó la economía feudal con sus comunidades cerradas y autosuficientes, y lanzó al mundo a individuos carentes ya de vínculos orgánicos con sus semejantes y, por tanto, esencialmente insociables.

Por cierto, la emancipación del individuo de la vieja servidumbre trae consigo una enorme liberación de energías sociales hasta entonces aprisionadas; esto confiere a la era moderna su indiscutible legitimidad. Pero su contraparte es la insociabilidad. ¿Cómo poner esa insociabilidad de base al servicio de una sociabilidad erigida sobre bases modernas? En condiciones en que no hay freno a la certeza, la ambición, la astucia de cada cual: ¿cómo se evita que la sociedad se desplome en una gigantesca explosión de insociabilidad, de temible “guerra de todos contra todos”?

La filosofía, escribió alguna vez Jorge Luis Borges, “no es un museo de vanas distracciones”; es decir, no consiste en “saber filosofía”, sino en pensar a fondo las cosas. De hecho, la gran tradición de la filosofía moderna puede ser entendida, en su conjunto, como una indagación acerca de cómo transformar la moderna insociabilidad en sociabilidad. Lo que caracteriza en cambio al populismo liberal es la tendencia a ignorar el problema. Así, mientras la idea moderna de autonomía (ejemplarmente, en Kant), sin excluir la libertad de elección, supone una instancia de control que el sujeto maduro y responsable produce al interior de su misma psiquis (lo que Freud más adelante denominará “súper-yo”), el populismo liberal omite este complejo y difícil proceso de formación del sujeto, así como las condiciones que lo hacen, o no, posible; así, presenta al consumo –libertad de elección de cosas en el mall–como la realización plena de la autonomía del sujeto; a la vez, acoge irreflexivamente –más aún, con entusiasmo– el desarrollo y la implantación generalizada de “tecnologías de la insociabilidad” que, propagan viralmente el ahorro comunicativo, más allá del mercado, hacia todas las esferas de la existencia humana.

No es posible entrar en detalle aquí sobre este proceso, de vital importancia a la hora de comprender el mundo contemporáneo. Pero la universidad, tanto por la creciente proporción de jóvenes que pasan por ella, como por su influencia sobre la sociedad entera, ha sido un escenario fundamental para la constitución de una sociabilidad moderna. Confianza, comunicación sin trabas ni ahorro, son su esencia. La universidad moderna ha pretendido ser una comunidad de estudiantes y maestros unidos en la común tarea del saber. No obstante, este carácter esencial se halla bajo amenaza.

Indicadores, encuestas, focus-groups, información cuantitativa –“tecnologías de la insociabilidad”– pueden ser auxiliares valiosos de la política no sólo a nivel de los estados, sino también de los gobiernos universitarios. Pero, populismo liberal mediante, tienden a sustituirla. Así, tanto dichos gobiernos como las instituciones estatales que apoyan la investigación tienden, crecientemente, a dejar de lado la participación de los profesores en las decisiones, privilegiando en cambio las tecnologías del ahorro comunicativo. De esta manera, aquéllos son degradados a meros proveedores de un servicio; la investigación se transforma en la producción de indicadores para alimentar procesos de acreditación y rankings; el trabajo de los académicos pasa a ser evaluado mediante encuestas que no son ya un complemento de la comunicación, sino que la sustituyen. Paralelamente, se impone un trato a los estudiantes como clientes, que “siempre tienen la razón” (hace ya tiempo que los numerosísimos profesores “part-time”, sin los cuales el sistema universitario masificado difícilmente podría funcionar, son evaluados exclusivamente en base a encuestas de satisfacción de los estudiantes-clientes; ese tipo de relación ha pasado a ser “normal”).

Lamentablemente, y más allá de sus buenas intenciones –de las cuales, como se sabe, “el camino al infierno está pavimentado”– algunos de los recientes movimientos “feministas” en las universidades chilenas aportan a la creciente hegemonía del populismo liberal. Pues, en vez de reivindicar, como las mejores tradiciones del feminismo lo han hecho, la igualdad de las mujeres como sujetos autónomos, lo que en la práctica hacen es transformarlas en masa en víctimas, y también en masa a los hombres en victimarios. Con eso, los casos concretos y verificables de violencia y abuso quedan opacados por una gigantesca nube de desconfianza, resentimiento e intolerancia, que se propaga por las redes supuestamente “sociales” (en realidad “insociales”). La imprescindible presunción de inocencia de los acusados pasa a ser considerada expresión de complicidad e impunidad; en cambio, acusadores y acusadoras son automáticamente etiquetados como víctimas e incluso como “sobrevivientes” (como de un crematorio o campo de concentración). Y la libertad de cátedra, la libertad para exponer y discutir cualquier opinión, cualquier manifestación cultural, social o política sin importar su corrección política, queda bajo control de “clientes” incentivados a creer que la universidad es la extensión de un idealizado nido familiar, y que demandan ser protegidos de toda experiencia que pueda poner en crisis sus prejuicios o exponerlos a alguna alteridad perturbadora. En suma, los profesores pasan a ser vistos como una masa de abusadores en potencia, que deben ser cuidadosamente vigilados y re-educados; los estudiantes pasan a ser clientes, usuarios, consumidores; en el caso específico de las estudiantes, la universidad, en vez de ponerlas en la senda de la autonomía, las pone bajo la tutela de la burocracia universitaria, que se fortalece haciendo de ellas decimonónicas damiselas en peligro.

La experiencia de la universidad moderna ha marcado, para los jóvenes, el ingreso a la edad adulta; el abandono de la esfera privada de la familia y la salida al mundo real. La universidad no puede entonces ser un “safe space”, un “espacio seguro” en el cual la discusión de ciertas ideas esté a priori vedada, o en que se advierte a los estudiantes que lo que van a ver u oír en la clase puede ser perturbador (y que pueden entonces abandonar la sala). No es un espacio seguro, porque la vida no es segura. Y menos segura aún es la sexualidad.

Los mismos reglamentos que las universidades ponen en vigencia para intentar contener la avalancha de denuncias y de linchamientos virtuales a través de las redes “sociales”, en su apresuramiento suelen ignorar la complejidad y ambigüedad del fenómeno que intentan reglamentar. Un ejemplo: estos reglamentos suelen establecer que la relación sexual requiere “consentimiento”, y lo definen como “acuerdo o aceptación de participar en una actividad sexual específica”. Bien. Pero, en términos legales, ¿cómo se expresa el “acuerdo o aceptación”, de modo de que exista constancia de ello ante una acusación que, incluso, puede ser presentada años o décadas después? En términos legales, se requeriría de un documento firmado ante testigos o ante un ministro de fe. O bien, de una grabación o un video de alguna manera certificado, lo cual supone, por cierto, que todos los espacios, públicos y privados, estén sometidos a rigurosa y permanente vigilancia policial y estatal.

La dificultad de probar el consentimiento radica en la propia compleja y díscola naturaleza de la sexualidad; en sí misma, la actividad sexual es transgresora de límites y normas; por ello, la exigencia de demostrar objetivamente el con-sentimiento de cualquier actividad sexual es en rigor imposible de cumplir (estamos en la esfera opaca y ambigua del sentimiento compartido); en consecuencia, siempre será plausible argumentar que fue no-consentida (para luego transformar la acusación en condena subiéndola a Facebook) . El paso del no-consentimiento como posibilidad al no consentimiento activo es, por cierto, el paso a la conducta inapropiada o delictiva; pero, dada la complejidad del asunto y de la gravedad que reviste, la determinación de ese paso tampoco puede ser dejada a meros reglamentos: es competencia de la justicia penal, la cual considera, por cierto, el pleno derecho a la defensa del acusado.

Pero la tradición, de la cual creíamos habernos distanciado, sí tenía una clara forma institucional de establecer el consentimiento. Esa forma es el contrato matrimonial (o, sus formas actualizadas, matrimonio con divorcio o Acuerdo de Unión Civil). En cualquiera de sus formas, este contrato expresa que, en tanto esté vigente y a no ser que se demuestre lo contrario, la actividad sexual conyugal sí es consentida. Es decir, la responsabilidad de probar el no-consentimiento (por ejemplo: violación al interior del matrimonio) recae en el o la cónyuge que, con razón o sin ella, quiera demostrar que, en una situación puntual, el consentimiento expresado en el contrato dejó de operar. Al no haber contrato alguno, en cambio, esa presunción de consentimiento desaparece, y el peso de la prueba cae sobre el acusado: ahora él (excepcionalmente, ella), debe demostrar que sí existió consentimiento, y esto en una situación de relación sexual libre a la cual es inherente la ausencia de constancia legal. En suma, los participantes en una relación sexual libre pasan a ser potencialmente culpables, expuestos en cualquier momento a tener que probar su inocencia; si ahora le tocó el turno a los integrantes del género masculino, mañana la tortilla se puede dar vuelta: es la libertad sexual en cuanto tal la que está siendo puesta bajo vigilancia.

En otras palabras: el contrato establece un estado de normalidad, lo cual no significa, por cierto, que todo vale; por el contrario, es la base para juzgar si acaso esa normalidad ha sido transgredida. En cambio, relación sexual libre y vigilancia legal o reglamentaria son incompatibles; si se aspira a tener ambas cosas a la vez, el resultado inevitable es la arbitrariedad, pues la relación, al ser libre, carece de un estado de normalidad al que se pueda apelar como criterio. Esto no implica por cierto (menos aún de mi parte) un rechazo a las relaciones sexuales libres, sino todo lo contrario. Lo que implica es que los participantes en dichas relaciones quedan entregados a su autonomía; no puede haber relación sexual libre sin sujetos que se quieren autónomos. En ese caso, hay regulación, pero no es externa a los sujetos participantes en ella: usando una distinción que puede parecer anticuada, pero que no lo es en absoluto, la regulación es moral, no legal.

Los antiguos liberales –por ejemplo, nuestro Andrés Bello– sabían que no era posible que leyes y reglamentos abarcaran todo el complejo ámbito de la vida humana; entendían que no hay sociedad moderna posible sin individuos autónomos, capaces de cuidar de sí mismos. La liberación sexual y el naciente feminismo de los años 1960 quisieron hacer extensiva esta autonomía al género femenino. En cambio, la vigilancia sobre la sexualidad que demanda el pseudo-feminismo mediático de nuestros días pone en peligro estas conquistas. Y la explosión de denuncias inherentemente incomprobables abre paso a una solución drástica, conservadora y simple: ilegalizar nuevamente las relaciones sexuales fuera del contrato, matrimonial o como se lo llame. ¿Será eso lo que queremos?
Pero el desenlace hacia el cual confluyen todas las vertientes de la insociabilidad contemporánea parece ser más bien otro: para escapar del riesgo asociado a toda relación de confianza, los individuos recurrirán crecientemente al confinamiento en la soledad. Una humanidad de solitarios provistos de abundantes tecnologías de la insociabilidad; en suma, sexo solitario seguro, opioides para el dolor; florecientes industrias del porno y de los fármacos.
Por cierto, éste bien podría ser, al fin, un mundo feliz. No obstante, cabría un instante de reflexión por parte de quienes, desde la economía o desde la cultura, desde derechas o izquierdas, promueven con tanta despreocupación y entusiasmo su advenimiento.

*Profesor Titular Instituto de Filosofía, Universidad Diego Portales.