Prisión preventiva, la cuestionada medida que la Justicia mantiene contra los detenidos del estallido

Cada día, desde que había empezado el estallido social, entre las 10 y las 11 de la noche Carolina Rivas, de 57 años, llamaba a su hijo Rubén, de 31, para saber dónde estaba. Él, atento siempre al mensaje, le respondía con una foto para que ella se quedara tranquila. La noche del 29 de octubre repitieron el ritual y la madre se acostó en paz. A las 11:30 del día siguiente se enteró que Rubén Rivas había sido detenido de camino a su trabajo junto a otros dos amigos, Gilberto Mendoza y Esteban Bustos. 

Los jóvenes fueron arrestados a las 7 de la mañana en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, cerca de una barricada que se encendió en la línea de tren que atraviesa la zona. Se los acusa de obstaculizar la vía férrea y provocar riesgo de descarrilamiento (artículo 105 Ley de Ferrocarriles), por lo que podrían recibir una pena de 61 días a 3 años de cárcel. Desde el 30 de octubre, permanecen en la Cárcel de Alta Seguridad, encerrados en una celda durante 21 horas. El 10 de diciembre empezaron una huelga de hambre para reclamar su puesta en libertad inmediata, la garantía a un juicio justo y el fin de la persecución política, entre otras demandas. Hasta hoy han perdido, al menos, 12 kilos. El pasado viernes un juez emitió una “proposición de libertad”, por su delicado estado de salud, que finalmente no fue resuelta por el comité de jueces. Los tres se consideran presos políticos y atribuyen la dureza de sus condiciones de encarcelamiento a su militancia con el Movimiento Juvenil Lautaro. 

“Mamá, me tomaron”. Liliana Santana recibió este mensaje el 11 de noviembre a las 7 de la tarde. Su hijo Juan, quien accedió a publicar su caso con reserva de identidad, su amigo Gabriel –ambos de 18 años–, y un tercer adolescente –menor de edad– fueron detenidos en la calle Seminario, al regreso de una protesta de la Plaza Dignidad. Un grupo de carabineros vestidos de civil los sorprendió y los persiguieron por la calle hasta reducirlos: “En el auto los golpearon y los humillaron”, cuenta Liliana. 

La mamá de Gabriel, Carolina Jaque explica que “fue una detención violenta” en la que los policías “los subieron a vehículos no oficiales de la institución y se los llevaron”. Se los acusa de lanzar bombas molotov durante las protestas. Su defensa y familiares lo niegan y argumentan que sus hijos fueron sometidos a un peritaje de detección de hidrocarburos cuyo resultado fue negativo, según afirman las madres de Juan y Gabriel. Nicolás Toro, abogado de Juan y Gabriel y miembro del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo, comenta que los tribunales consideran como agravante que los chicos podrían haber aprovechado el contexto de “conmoción pública” para provocar el delito. Un argumento que, para él, “debería de ser un atenuante”.  Sin embargo, el abogado todavía no ha tenido acceso a la carpeta investigativa, por lo que aún no hay claridad sobre los detalles de la acusación. Hasta hoy, Gabriel permanece en prisión preventiva en Santiago 1, donde convive con otros jóvenes presos durante las movilizaciones, y Juan está en arresto domiciliario total. 

Coordinadora 18 de Octubre

Rubén Rivas es el mayor de tres hermanos y es antropólogo. Como tantos profesionales del país, hasta su detención se ganaba la vida en otro ámbito desvinculado de sus estudios. Desde hace cinco años vivía con su pareja, en un departamento arrendado. No tiene antecedentes penales. Juan y Gabriel son estudiantes, compañeros del colegio de 3º medio y vecinos de Ñuñoa. Ambos hacen malabares y son scouts. Juan, además, es deportista y “un joven lleno de sueños, con muchos proyectos de estudios para el futuro”, dice su mamá. Su amigo Gabriel es músico. Vive con su madre y su hermano menor, de 12 años. “Tiene su corazón puesto en la reivindicación social”, apunta su progenitora. Su caso podría haberse visto afectado por una falta anterior por desórdenes públicos, que podría haber influido en la decisión de dejarlo en prisión preventiva. Hace unas semanas, las madres de los tres jóvenes se encontraron bajo el paraguas de la nueva Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos 18 de Octubre, desde la cual buscan visibilizar la situación de sus hijos, que consideran desproporcionada e injusta. 

La Coordinadora 18 de Octubre se empezó a levantar el 2 de diciembre y agrupa desde personas individuales, familiares de prisioneros encarcelados durante la crisis y organizaciones sociales, hasta movimientos anticarcelarios y personas del FPMR. “Llevábamos varias semanas hablando de persecución y de prisión política, pero el tema aún no había cuajado, pese a que escuchábamos relatos y veíamos publicaciones de presos en todos lados”, señala Eloísa Sierralta, integrante de la Agrupación de Familiares y Amigos(a) de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) Guacolda, perteneciente a la colectividad. En el primer encuentro convocado llegaron más de 50 personas y surgió la idea de coordinarse. 

En ese entonces, Liliana Santana y Carolina Jaque estaban en pleno ajetreo para sacar a sus hijos de la cárcel, pero cuando supieron de la creación de una organización para defender a los detenidos de las manifestaciones, no dudaron en unirse. 

Otro de los integrantes de la Coordinadora es Armando Arjona, pareja de Roberto Campos, el profesor de matemáticas imputado por dañar un torniquete en la estación de metro San Joaquín que quedó en libertad (con firma semanal y arresto domiciliario nocturno) el lunes. Arjona participó en uno de los encuentros y dice que, aunque le gustaría asistir más, no ha podido por falta de tiempo. “Me interesa que se vea el caso de Roberto como parte de una colectividad, no como una situación aislada”, asegura. 

Denuncian irregularidades

Dos encendedores y unos panfletos escritos en lápiz pasta con un mensaje: “Nada de migajas. A Tomarnos todo” encontrados en los alrededores de donde se levantó la barricada. Son las dos únicas pruebas que se han presentado, hasta ahora, para el caso de Rivas, Bustos y Mendoza. En la carpeta investigativa no hay fotografías que demuestren la presencia de los tres jóvenes en el ilícito y tampoco se aportaron testigos en el parte policial ni se informa de la existencia de ellos. La defensa también revela que un agente de inteligencia de Carabineros (OS-9) habría interrogado a los jóvenes encapuchado y bajo amenazas, lo que se sumaría a la lista de denuncias por violaciones de derechos humanos que acumula la comisaría 51º de Pedro Aguirre Cerda desde el inicio del estallido. 

La familia de Rivas alerta, además, que la polola de Rubén “está siendo vigilada” por ese mismo agente. Dice que lo ha visto en cuatro oportunidades y que lo reconoce por sus ojos “especiales”, azules y grandes. Una denuncia que el abogado defensor de los lautarinos, Lorenzo Morales, de la Defensoría Popular, evalúa oficializar. Además, uno de los policías responsables de la detención reconoció en su declaración que la OS-9 llevaba años investigando a los tres jóvenes.

Una pena anticipada

La prisión preventiva se regula en el artículo 140 del Código Procesal Penal, que fija tres requisitos para aplicarla: que existan antecedentes de la existencia del delito; que existan “antecedentes calificados” de la participación en el delito por parte del imputado; y que existan “antecedentes calificados” para considerar que es “indispensable para el éxito” de la investigación (que no haya riesgo de fuga ni de entorpecer el proceso) o que la libertad del detenido es “peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido”. 

Según la Defensoría Penal Pública (DPP), entre el 18 de octubre y el 11 de diciembre de 2019, se celebraron 41.650 audiencias de control de detención que terminaron en 3.269 (7,8%) órdenes de prisión preventiva. En términos comparativos, no existe una diferencia sustancial entre la cantidad de personas que han sido privadas de libertad preventivamente desde el 18 de octubre de este año hasta hoy y las que lo fueron en el mismo período del 2018. En octubre la tasa aumentó un 2,4% pero, en cambio, en noviembre la diferencia fue de -1,4%. En relación a los datos del Ministerio Público, la semana pasada el fiscal nacional, Jorge Abbott, indicó que la medida de prisión preventiva aumentó un 1,9% este año, entre el 18 de octubre y el 6 de diciembre respecto al anterior entre las mismas fechas. 

Donde sí se aprecia una variación considerable es en las cifras de audiencias de control de detención. Según la DPP, del 18 de octubre hasta el 25 de noviembre se han practicado 28.659 audiencias de control de detención, un 16,4% que en el mismo período del año anterior. El Ministerio Público, por su parte, cifró en un 51% el aumento de las formalizaciones hasta el 6 de diciembre, respecto al mismo período del año pasado, llegando hasta las 28.044. 

En Chile, casi a la mitad de la población penal está bajo régimen de prisión preventiva. Es una tasa alta comparada con otros países y que, según el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública (DPP), Tomás Pascual, “se acentúa” en la situación actual. Los imputados en el marco de las protestas que han recibido órdenes de prisión preventiva no son casos aislados, aunque sean acusados de delitos con una pena baja, que incluso se cumpliría en libertad y que no tengan antecedentes penales. Pese a que el Ministerio Público no dispone, hasta ahora, de datos específicos al respecto, Pascual afirma que “la mayoría de las personas imputadas no tienen antecedentes penales (condena), que no es lo mismo que no tener antecedentes policiales”, subraya. “Bajo la presunción de inocencia, no se entiende que durante el proceso tengan que estar privados de libertad y luego, si son condenados, puedan cumplir su pena fuera de la cárcel”, reflexiona el experto. La preventiva es una medida cautelar de último recurso pensada para asegurar que la persona no se fugue y no atente contra el proceso: “No puede operar como una pena anticipada”, indica Pascual. “Esta idea de sacar de circulación a las personas vía prisión preventiva no resiste ningún estándar del derecho internacional de derechos humanos”, añade.  

El coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, sostiene que hay algunos casos de “uso del derecho penal y la sanción como elementos simbólicos”. El académico subraya que por estos días “la autoridad ha querido enviar un mensaje de que hay ciertos tipos de delitos y cierto tipo de personas que van a ser especialmente perseguidas”. Y concreta: “Ha aplicado legislación especial con la Ley de Seguridad del Estado y perseguirá de forma implacable a los jóvenes que incurran en actos que considere violentos”. 

Ser un “peligro para la seguridad de la sociedad” 

Varias de las personas que hoy se encuentran en entre rejas de forma preventiva han sido consideradas “un peligro para la seguridad de la sociedad”. Por eso las mantienen encerradas. El Código Penal establece siete circunstancias para aplicar ese supuesto: la gravedad de la pena; el número y carácter de los delitos imputados; la existencia de procesos pendientes, y el hecho de haber actuado en grupo o pandilla; cuando hay pena de crimen; si hay condenas anteriores por delito de igual o mayor pena; si está sujeto a medidas cautelares, en libertad condicional o con beneficios alternativos a la ejecución de la pena.

“Esta causal está en tensión con los compromisos que tiene Chile tanto en la ONU como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, asegura Claudio Nash. “Se considera que mantener a alguien privado de libertad por su peligrosidad constituye una violación a la presunción de inocencia”, agrega el académico. Para Tomás Pascual, “es una disposición en la que todo cabe”. Según él, “subvierte el sentido original de la medida cautelar” que permite “sacar de circulación y privar de libertad” a una persona considerada peligrosa. “Hay un abuso en la aplicación de esta medida que es contrario al estándar del derecho internacional”, afirma.

El profesor Roberto Campos y los tres jóvenes de Pedro Aguirre Cerda fueron valorados por el juez bajo esa causal, aunque ninguno de los cuatro tiene procesos pendientes, no está sujeto a medidas cautelares y tampoco tiene antecedentes penales. Sin embargo, preguntado por este punto, el fiscal adjunto Leonardo Zamora, de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de la zona sur y a cargo del caso de Rivas, Mendoza y Bustos, subraya “la peligrosidad del hecho” para defender la prisión preventiva: “Por el peligro que se genera al prender fuego justo sobre las dos vías del tren que conectan pasajeros y que ocupan a diario los trenes que comunican la zona sur con Santiago, y que pueden conectar hasta 200 pasajeros”.

El defensor Lorenzo Morales ha presentado dos apelaciones, un amparo y una queja disciplinaria para sacar de la cárcel a los tres jóvenes, pero aún no ha podido lograrlo. La madre de Rubén Rivas teme que a su hijo le apliquen la Ley de Seguridad del Estado, que podría alargar la cárcel hasta 10 años. Hace un mes el Ministerio de Interior interpuso una querella en la misma línea que la Fiscalía y ha sido admitida a trámite, pero según el defensor, “es inocua” porque la formalización actual es por Ley de Ferrocarriles y aplicar otra distinta requeriría reformalizarlos de nuevo. 

¿Persecución y prisión política?

Tanto el movimiento lautarino como el abogado de Roberto Rivas, Gilberto Mendoza y Esteban Bustos sostienen que los jóvenes son víctimas de una “persecución y prisión política” por su militancia. En el parte de detención, Carabineros describió al Movimiento Juvenil Lautaro como “una organización político-militar chilena, compuesta por distintos sujetos extremistas y subversivos de tendencia ideológica marxista-leninista y comunista”. La defensa rebate que el movimiento dejó de ser militar en 1996, cuando abandonó públicamente las armas.  

“La detención ha sido impuesta por razones puramente políticas sin conexión con ningún delito tipificado. Su duración y condiciones son claramente desproporcionadas con respecto al delito que se sospecha que fue cometido”, sostiene el abogado Lorenzo Morales. El viernes pasado el defensor trasladó el caso al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, quien –según Morales– lo tomó como “prioritario” por cumplir con las características de la prisión política. 

El concepto de “presos políticos” se ha empezado a utilizar entre algunos sectores para referirse, en general, a las personas privadas de libertad en el contexto de las movilizaciones. Sin embargo, tanto Nash como Pascual son prudentes para referirse así a los encarcelados de las protestas: “Todavía no están los antecedentes para calificarlos de presos políticos, en el sentido que se utiliza ordinariamente, pero que sí se puede decir que muchos de ellos están privados de libertad producto de la criminalización de la protesta ciudadana”, opina Nash. “De ahí a preso político creo que todavía hay un salto”, añade. 

Carolina Jaque y Liliana Santana hablan de sus hijos Juan y Gabriel como “presos políticos” y piden que se los reivindique como tales. “Están en contra de un Estado represor y castigador para la gente que lucha”, exclama Jaque. Santana, quien fue familiar de un detenido en dictadura, siente que la historia se repite. “Mi generación jamás pensaba que nuestros hijos fueron a vivir los mismos atropellos a los derechos humanos que nosotros. Se dijo que ‘nunca más’ volverían los mismos dolores y han vuelto. Es frustrante y traumatizante”, lamenta.  

Esta semana es clave para las tres familias. El 26 de diciembre, el abogado Nicolás Toro recibirá la carpeta investigativa del Ministerio Público sobre el caso de Juan y Gabriel. Un primer paso imprescindible para enfrentar el proceso judicial y preparar la defensa de los estudiantes. Ese mismo día, se celebrará la audiencia de revisión de cautelares de los tres jóvenes lautarinos, en huelga de hambre desde hace casi 15 días. Una instancia clave en la que compañeros y compañeras del movimiento, familiares y amigos mantienen sus esperanzas para que Rubén, Esteban y Gilberto recuperen de forma inminente su libertad.