“El nano”, un hijo de la “UDI Popular” que intentó llegar a la alta política y se enredó con la aspiración electoral de los Lavín Barriga

El juez Daniel Urrutia abrió la última sesión de la formalización del Caso Lavín puntualmente el viernes 8 pasado. Con su estilo rígido y con una chapa permanente de controvertido comenzó a leer los argumentos que decretaron la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León y su principal asesor parlamentario Arnaldo Domínguez. 

En casi una hora –después de retener cuatro días de extensas imputaciones sumado a los argumentos de las defensas– analizó los diversos delitos expuestos por el Ministerio Público y los querellantes de la Municipalidad de Maipú, el CDE y el Servicio de Impuestos Internos.  

El magistrado habló de corrupción y expuso que este fenómeno delictual no es “un problema de manzanas podridas, sino de huertos capturados”. Mientras que, aseguró, que al penetrar estos delitos a la función parlamentaria, no sólo afecta al “patrimonio del Estado, sino que desmantela el corazón mismo de las instituciones”. 

Esa argumentación no pasó desapercibida por los imputados. Los dejó intranquilos. Joaquín Lavín continuó mirando al vacío y Arnaldo Domínguez sólo atinó a beber una bebida energética sabor fruta que le permitieron tener a su lado.

El juez continuó y al minuto 48 dijo lo que no querían escuchar: “La libertad de los imputados se constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y se decreta a su respecto la prisión preventiva”. 

Eso provocó movimientos rápidos del equipo de gendarmes que estaban en la sala. Se pegaron a Lavín y Domínguez. Este último, dejó ver su miedo e impacto. Si bien venía de un mundo en que varios amigos del barrio habían caído en la cárcel, él nunca había experimentado esa situación. 

Su abogado miró al gendarme y le preguntó: ¿A dónde lo enviarán? “Santiago 1”, dijo el funcionario. Al parecer, la planificación ya estaba establecida de antes. 

Sin mirar mucho a su exjefe diputado, Domínguez se paró, le pusieron las esposas y se fue a realizar los trámites para su ingreso.

Ese viernes, tras pasar por las revisiones y protocolos, el exasesor parlamentario ingresó al Módulo 12, donde están los imputados acusados de delitos tributarios y económicos. Ahí lo estaban esperando otros internos –quienes fueron contactados por algunos conocidos– para que lo cuidaran y explicaran “las reglas” para evitar meterse en problemas.  

Pero no todo fue tranquilidad. Gendarmería no permitió que su familia ingresara una “muda humanitaria” como se denomina a la ropa y algunos enseres. Además, no tuvo acceso a un colchón y frazadas.

“Durmió en el suelo”, comentó un cercano al imputado. 

Al día siguiente, con unas horas de aclimatación forzada en Santiago 1, Arnaldo Domínguez pudo identificar a sus compañeros de módulo. Sin duda, el más llamativo –para su sorpresa– fue David Israel, más conocido como el “Rey David”, quien fue detenido unos días antes en medio de una investigación por lavado de activos, narcotráfico y fraude bancario avaluado en $6 mil millones en compras de propiedades, vehículos, lanchas y joyas, en la que también aparece como imputado el periodista Francisco Kaminsky.  

“Tengo todo en orden y no tienen nada”, es lo que repite sin parar el “Rey David”. “Todo está en regla y con facturas”, alardeó ante la atenta y compungida mirada de Domínguez, cuyo argumento le hace sentido. Él también piensa lo mismo de su situación penal.  

El origen de Arnaldo Domínguez: Villa Francia y talleres de skate en el centro de la juventud comunal

Arnaldo Domínguez cumple 41 años en junio próximo. Nació en Santiago y su adolescencia la forjó en las cercanías de la Villa Francia, en Estación Central. En el barrio se acercó a la política. Acogió el llamado del servicio público y conectó con las ideas de la “UDI Popular”, un movimiento encarnado por el histórico fundador de la UDI, Pablo Longueira, quien lideró este proyecto en los sectores más vulnerables de la Región Metropolitana a fines de los 90.  

Sin estudios universitarios encontró trabajo en la municipalidad de Estación Central durante la administración de Gustavo Hasbún. Con el tiempo comenzó a experimentar un alto aprendizaje en materia territorial, lo que acompañó con un contrato en la Casa de la Juventud. Ahí generó talleres para jóvenes vinculados al uso del skate. Todo supervisado por la Dirección de Desarrollo Comunitario.

“Era muy empeñoso y destacaba en el terreno, en la calle”, recordó una persona que trabajó con él entre 2010 y 2011. Eso lo motivó a presentarse a concejal por la UDI en Estación Central en 2012. 

Buen ímpetu, pero el realismo fue más: sólo obtuvo 680 votos, sin ser electo. Esto habría provocado una dura desilusión en sus aspiraciones políticas. 

Esa decepción comenzó a decantar al año siguiente. En 2013, Joaquín Lavín fue designado como reemplazante de Mónica Zalaquett, quien no quiso ir a la reelección como diputada por el extinto distrito 20 del Gran Santiago. 

Para comenzar a encaminar esa candidatura, el entonces alcalde Rodrigo Delgado recibió a Lavín León y su señora Cathy Barriga para facilitar apoyo y estrategias de campaña, ya que era el único edil de derecha de esa zona metropolitana. 

Fue de esa manera que Arnaldo Domínguez comenzó a interactuar con dicho matrimonio, lo que se intensificó cuando Cathy Barriga asumió su candidatura a Core por ese distrito, luego que la directiva gremialista evaluara positivamente lo que ella estaba generando en los recorridos por las ferias de la comuna. 

“La gente sólo quería sacarse fotos con ella más que con el hijo de Lavín”, recordó un influyente militante de la UDI. 

Detrás de esas salidas puerta a puerta, y entrega de flyers, estaba Arnaldo Domínguez, quien decidió unirse al equipo Lavín Barriga y dejar la administración de Rodrigo Delgado. 

El trabajo territorial afianzó los vínculos, cuya relación se cristalizó aún más con las victorias de ambos en las elecciones de 2013: Cathy Barriga fue electa con 54.844 votos, mientras que Joaquín Lavín fue ungido con 57.887 sufragios. Todo un éxito y simbolizaba, además, la renovación de rostros en la centroderecha.

La presencia en Valparaíso y Maipú: “Si Lavín era el gestor, Domínguez era el emisario”

Eso provocó que Arnaldo Domínguez ascendiera en su carrera como asesor. A pesar de que no tenía estudios superiores, el recién electo diputado gremialista lo designó encargado de la oficina parlamentaria con un contrato por $1,2 millones. Estatus que fue cambiando año a año hasta convertirse en su máximo asesor en la Cámara de Diputados: coordinador del equipo parlamentario, cuya remuneración en marzo de 2025 registró los $3,4 millones.

“Está a cargo del personal, maneja las tareas de las que están a cargo, de las personas que trabajan con el diputado y de los que salen a terreno”, declaró la testigo A.C.O.O, en la investigación de la Fiscalía Oriente.  

Y ese poder también lo ejerció en secreto en la municipalidad, durante la gestión de Cathy Barriga, entre 2016 y 2021, cuya misión era clara: monitorear y ejecutar las solicitudes del parlamentario para controlar dicho municipio. En otras palabras y según la querella del alcalde Tomás Vodanovic: ser un administrador municipal “de facto”. 

Idea que también habría comprobado la fiscal Constanza Encina al analizar chats de mensajería, correos electrónicos y declaraciones obtenidas de la investigación madre que se inició en 2021 por denuncias que advertían malversación de más de $20 mil millones durante la gestión municipal de Cathy Barriga. 

Así, de acuerdo al interrogatorio a una funcionaria municipal, “Arnaldo Domínguez era su brazo derecho y lo que Arnaldo decía, era lo que decía Joaquín Lavín”. 

Una de las primeras gestiones que realizaron ambos fue la purga que se hizo de funcionarios de Maipú desvinculados por la supuesta cercanía con la administración del exalcalde Christián Vittori, “con miras a perpetuar su influencia en el municipio” y erradicar a los detractores políticos que pudieran ejercer una fiscalización de “sus ilegítimos intereses”. 

El informe policial de la PDI –número 419 de septiembre de 2024– dio cuenta de que las gestiones de Lavín y Domínguez permitieron identificar a 496 trabajadores, quienes fueron incluidos en una base de datos que quedó registrada en nueve correos electrónicos. De estos casi 500 funcionarios desvinculados, 72 demandaron a la municipalidad de Maipú, generando un desembolso de $1.149.670.114 en pago de condenas y avenimientos.   

Este nivel de intervenciones, además de la “contratación” de altos cargo directivos instruidos por Joaquín Lavín en Maipú, comenzaron a molestar a la entonces alcaldesa Cathy Barriga.

No son pocos los testigos e imputados que comentaron al Ministerio Público que en cada solicitud de Domínguez en dependencias municipales, “no podían mencionarse” que venían por instrucción desde la oficina del parlamentario en el Congreso Nacional. 

“Eso irritaba mucho a la alcaldesa”, reconoció para este reportaje uno de los imputados, quien advirtió que Cathy Barriga les tenía prohibido hablar con los asesores de su marido.

“Por eso todo era por WhatsApp. Pedían desde cajas de alimentos o enviaban CV para contratar personas”, aseguró.  Pero en épocas electorales, el testigo F.J.P.F, declaró que se ordenaba “a los funcionarios municipales que eran de la UDI para que participaran en la campaña del diputado”. 

En ese contexto, al parecer, esas influencias indebidas entre el Congreso y la municipalidad de Maipú no sólo buscaban el control de la comuna sino que también advertían una maquinaria electoral para retomar el concepto de la “UDI Popular” a  nivel nacional. 

Para ese importante objetivo, el exparlamentario habría creado la plataforma SocialTazk, la cual habría sido financiada con recursos de sus asignaciones en la Cámara de Diputados y puesta en marcha con información obtenida del Servel en 70 candidatos de la UDI para las elecciones de 2021.

En estos movimiento, Domínguez habría cumplido una labor clave: reclutar a los funcionarios municipales y asesores en el Congreso para rellenar estas bases de datos, además de llamar–como una especie de call center electoral– a los votantes objetivos.

El Ministerio Público cifró ese eventual fraude en $91.697.142, cuyo sistema digital habría sido financiado con 186 facturas rendidas a la Cámara de Diputados, entre 2018 y 2026. 

El esquema de corrupción que complica a Domínguez: fraude al fisco, cohecho y facturas falsas

Fue en junio de 2024 que Arnaldo Domínguez, en ese momento máximo asesor del diputado Joaquín Lavín León, recibió una citación para declarar como imputado por parte del Ministerio Público. 

El funcionario del Congreso estaba “ciego”, pues su defensa no había obtenido acceso a la reservada investigación que lideraba la fiscal Constanza Encina. A pesar de eso, se presentó–junto a sus abogados–en el búnker de Los Militares, en Las Condes. 

Pero la recepción no le agradó: lo llevaron a una oficina grande en la que no sólo estaba Encina. La persecutora estaba acompañada de dos abogados asistentes y varios detectives. Intuyó, por tanto, que el nivel de preguntas buscarían confesiones en todos los delitos investigados. 

“Se optó por guardar silencio”, comentó un cercano a Domínguez. Silencio que hasta el día de hoy ha mantenido y no ha intentado romper, a pesar de las duras imputaciones expuestas por la Fiscalía Oriente. 

El exasesor tiene conciencia de que en varios de los delitos acreditados podría tener una participación: como en la ejecución de boletas falsas que acumularían un desfalco sólo de $6,8 millones–y no los más de $30 millones que le imputan–, lo que a su juicio lo deberían tener con otra medida cautelar.

En esa línea, Arnaldo ha descartado una red de corrupción vinculada a tráfico de influencias en la municipalidad de Maipú. “Sólo enviaba currículums de personas cercanas al sector político”, ha comentado en privado. Colocando de ejemplo, lo que hizo Lorena Parra con Luis Hermosilla cuando buscó su apoyo para obtener el máximo cargo en la Fiscalía Oriente.  

Sin embargo, las pesquisas realizadas por la PDI lograron desnudar todas las gestiones de Domínguez en estos 12 años de asesoría parlamentaria. 

La triangulación más relevante tiene que ver con la contratación de Belén Carrasco, pareja y madre de dos hijos del imputado, que fue registrada con cargo al Congreso Nacional. 

De acuerdo al Ministerio Público, entre 2014 y 2022, Carrasco habría sido asesora parlamentaria. Pero en la práctica, descubrieron que nunca habría prestado servicios en la Cámara de Diputados. Por lo menos, desde 2018 en adelante, se cuantificó en más de $39 millones lo defraudado con 77 boletas ideológicamente falsas. 

Para la Fiscalía, Arnaldo Domínguez coordinó los contratos de su pareja, además de aprobar los informes que daban “falsamente cuenta de actividades realizadas”. Incluso, detectaron que el asesor realizaba seguimientos a pagos atrasados por la corporación.  

Fiscalía pedirá ampliar el alcance del desafuero por arista de sobresueldo para Domínguez

Y no es todo. La fiscal Encina y los equipos policiales, al analizar las cuentas corrientes del imputado, detectaron que Belén Carrasco –entre noviembre de 2019 y febrero de 2022– transfirió su sueldo a Domínguez, permitiéndole un flujo directo de recursos por $14.578.600. 

Por otro lado, la contratación de la imprenta MMG, de propiedad de Juan Silva, no sólo tiene en la mira al exdiputado UDI por las 14 facturas falsas y 5 adulteradas que usaron desde su oficina parlamentaria con el fin de saldar deudas de campaña por más de $12 millones. 

Las pesquisas de los detectives descubrieron que Arnaldo Domínguez también se beneficio de esta empresa: la indagatoria detectó una línea de cohecho entre el dueño de la empresa publicitaria y el entonces asesor de Lavín. 

El masivo flujo de “nuevos” clientes que le llevó Domínguez a Silva–candidatos de la UDI y la propia Cathy Barriga para su campaña 2016–, sumado el traspaso de información privilegiada para ganar licitaciones en la propia municipalidad de Maipú, provocaron que el imputado exigiera una tarifa por “esos servicios” personales.

Así, durante 2018, Domínguez solicitó al dueño de MMG un pago de una comisión de $2.450.000.

Tras aceptar el pago de la supuesta coima, a Silva le solicitaron que la cifra la fraccionara en tres: una parte para Domínguez y las otras dos para Daniel Peña y Diego Romo, ambos funcionarios de la municipalidad y que registraban funciones como brigadistas para campañas de la UDI. 

“Se trataría de una verdadera red de corrupción según acreditó el juez”, aseguró la fiscal Constanza Encina, tras finalizar la extensa formalización durante los primera semana de mayo. La persecutora totalizó el fraude en $220 millones entre facturas falsas y el mal uso de personal de apoyo parlamentarios destinados a campañas políticas. 

Ante ese escenario, Encina adelantó que pedirán la amplitud del desafuero en relación a delitos electorales y la contratación de dos personas en la Cámara de Diputados, quienes habrían sido una fachada para pagar “sobresueldos” de unos $20 millones extras a Arnaldo Domínguez. 

Imputaciones que la defensa del exasesor parlamentario rechazan tajantemente. Esos argumentos fueron reiterados en un recursos de amparo, que presentó el abogado Pablo Araya, el miércoles pasado ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Si bien también criticaron el análisis del juez Daniel Urrutia–al considerar una “clara falta de argumentación”–, en el escrito se deja ver el primer distanciamiento entre Domínguez y su exjefe diputado. 

“Se reconoce que la supuesta facultad de injerencia que supuestamente tenía mi representado provendría de la calidad de diputado de Lavín y quien además era ‘cónyuge de la entonces máxima autoridad comunal’, pero es claro que el amparado no era diputado, ni era cónyuge de la alcaldesa, su presencia era totalmente derivada”, se lee en el extenso documento que busca la libertad inmediata del exmilitante UDI.

Ante ese distanciamiento, la defensa de Arnaldo lo perfiló como una especie de soldado que sólo “recibió instrucciones” como un “intermediario” de Joaquín Lavín León, a quien reconocen como el gran líder de esta presunta red de fraude ejecutada en la Cámara de Diputados.