¿Bajo qué contexto la población indígena de nuestro país tiene que salir al mercado laboral? ¿Con qué reglas se encuentra? ¿Qué realidades debe enfrentar? Ésas fueron las preguntas que el año 2005 se plantearon los economistas Paz Garcés y Rodrigo Montero, que entonces trabajaban en Mideplan. Y para responderlas realizaron el estudio “¿Existe discriminación salarial contra la población indígena en Chile?”.

Montero explica: “Aplicamos una metodología que es bastante estándar en economía cuando quieres identificar cuáles son los responsables de las brechas salariales, que es la desarrollada por Oaxaca y Ransom. Así, tú puedes determinar qué parte de la brecha salarial se debe a diferencias en tu dotación -por escolaridad y experiencia laboral, por ejemplo- y qué parte se debe a discriminación, es decir, me pagan menos sólo porque pertenezco a este grupo, porque tengo esta característica. En general, esta herramienta se usa en Chile para estudiar brechas hombre/mujer y en EEUU se usa para averiguar brechas entre población blanca y de color, o latina”.

Para realizar el estudio, los economistas utilizaron los datos disponibles en la encuesta Casen hasta 2003, y acotaron el universo de análisis a la población económicamente activa, entre 15 y 65 años, de los nueve pueblos indígenas chilenos: aymara, rapa nui, quechua, mapuche, atacameño, coya, kawascar, yagan y diaguita.

Los resultados obtenidos son claros: “(…) Es posible señalar que hay evidencia empírica sólida para afirmar que en Chile existe una discriminación salarial contra la población indígena, la que además es estable en el período en análisis. Por otro lado, esta discriminación se basa en una discriminación pura, en la que el componente favoritismo es prácticamente inexistente. Es decir, personas con similar capital humano reciben un menor pago por el sólo hecho de pertenecer a un grupo indígena (…)”.

Aunque el estudio realizado en Mideplan utilizaba datos correspondientes sólo hasta 2003, los economistas a cargo, ya fuera del ministerio, se han encargado de seguir actualizándolo. “Mostramos que efectivamente existe una discriminación salarial en contra de la población indígena en Chile, que en el año 2006 estaba en torno al 12%. Es bastante estable la discriminación, las brechas se mueven poco en el tiempo y generalmente se mueven como lo hace el ciclo económico”, explica Montero. Y agrega: “Aunque esta herramienta sirve más para identificar el problema que para explicarlo, hay distintas teorías que tratan de responder por qué se daría esta brecha. Una es porque el empleador, a priori, podría pensar que si una persona pertenece a este grupo, es menos productiva y, por lo tanto, le pagan menos. Eso puede ser un estigma de los indígenas, que dice que son flojos, que trabajan menos. Otra hipótesis es que en realidad son los mismos pares, los colegas, los que discriminan. No les gusta trabajar con gente que sea distinta, los segregan y como nadie quiere trabajar con ellos, finalmente terminan trabajando peor remunerados”.