Terremoto: Autoridades, inmobiliarias y sociedad civil

POR TOMÁS FABRES, ABOGADO FUNDACIÓN CHILE CIUDADANO

Si bien es cierto que un gran número de edificaciones soportaron dignamente el terremoto, también lo es que muchas quedaron inservibles o seriamente dañadas. La estadística, esa abstracción de la que se jactan autoridades y toda clase de profesionales expertos, no son ayuda ni consuelo para las miles de familias que quedaron en la calle o que tendrán que hacer magia para reparar lo que tenían. Muchos años de esfuerzo para el pago cash in hand o bien de penosos dividendos, pasados y futuros, están allí, frente a las víctimas, para servirles de calvario y ayudarles a ganar la vida eterna con sufrimiento.
Pero hagamos una revista general para juzgar lo que cabe a cada cual. Partamos por lo evidente: el premio mayor se lo llevan los edificios más nuevos, esos que fueron lanzados al mercado con bombos y platillos, que llenaron las páginas de los diarios económicos bajo el rótulo de los publi-reportajes (ese eufemismo insoportable que encubre el soborno del derecho a informar y ser informado), como genuinos paradigmas del emprendimiento de los comerciantes de inmuebles. Las imágenes lo explican todo, incluso la irresponsabilidad de los emprendedores que los alumbraron.
A pocos pasos les siguen lo que aún llamamos “autoridades”. Allí está el poder legislativo aportando su cuota (el Parlamento y, no se nos olvide, el Presidente de la República), que excluyó de la Ley del Consumidor la protección a la calidad de la vivienda, y que cedió a la fuerza incontrarrestable de las presiones y prebendas del gremio más poderoso de nuestro país, trasladando la fiscalización de los proyectos desde las Direcciones de Obras Municipales a los revisores externos “independientes”, unos asalariados de inmobiliarias y constructoras que danzan al son de la música ($) que les ponen los emprendedores. ¿La excusa? Los municipios eran demasiado lentos en el otorgamiento de permisos de edificación. Tan lentos que con ellos no era posible el desarrollo de Chile. El ejecutivo tampoco lo hizo mal: renuncia a la fiscalización, planificación territorial imprudente, improvisacion a granel, y promesas, muchas promesas que todos saben que no cumplirán.
Medio cuerpo más atrás vienen las inmobiliarias y constructoras. Mucha jactancia, harta publicidad y ahorro de costos, pero, en definitiva y salvo muy contadas excepciones, una total irresponsabilidad. Ahora que tienen que meterse la mano al bolsillo, vamos buscando excusas: la torre de Pisa está inclinada hace muchos años y no se cae; la norma sísmica chilena garantiza la vida humana y no que el edificio quede parado y habitable; la ley de la calidad de la construcción no ampara instalaciones ni terminaciones en caso de terremoto; el plazo para exigir indemnizaciones ya pasó (se dieron maña para fijar reglas legales que les favorecen), y un largo catálogo demostrativo de lo ingeniosa que puede llegar a ser la falta de escrúpulos. Quizá no lo crean, pero incluso después del terremoto hubo empresas que llamaron a clientes para que corrieran a firmar la escritura de compra de edificios dañados.
Pero no todo es negro. Desde hace unos años un puñado de “románticos idealistas” como la Fundación Defendamos la Ciudad, la Fundación Chile Ciudadano, la Asociación de Consumidores Inmobiliarios, entre otras, vienen planteando algunas verdades ocultas del mundo inmobiliario. Los jerarcas, incluidos por cierto los del “gobierno ciudadano”, se han hecho los de las chacras. Ellos no oyen ni responden. Son incluso mal educados. Quizá no les enseñaron que las cartas y los llamados telefónicos se responden, aún para decir rotundamente no. Pero hay que ver como se lamentan de nuestra débil sociedad civil.
Comparado con lo que evidenció el terremoto, todo lo anterior importa poco: allí está la majadera y profunda desigualdad en este país, esa que castiga, y cómo castiga, a los más pobres.