¿Qué hacer con La Nación?

POR PABLO DITTBORN

Resulta más que razonable que Chile cuente con un canal público de televisión, manejado profesionalmente, con el objeto de regular una industria tan importante y de tanta incidencia en la opinión pública. Es el caso de TVN y tengo la impresión que la gran mayoría del país está de acuerdo con esta situación, aunque muchos quisiéramos que tuviera un carácter menos comercial, menos dependiente del avisaje y más de servicio público.
Lo que resulta absolutamente insólito es que una empresa del Estado edite una revista de hípica (La Fusta) y una deportiva (Triunfo), además de un diario (La Nación) que arroja pérdidas enormes y que de acuerdo a sus índices de circulación y lectoría, no aporta nada a nadie, salvo algún que otro conflicto al gobierno de turno.
Esta misma empresa cuenta también con una imprenta que excede largamente las necesidades de impresión de sus deficitarios productos y sus resultados económicos son para mí desconocidos, pero aún si fueran positivos me cuesta imaginar la real necesidad de una imprenta estatal. La obvia respuesta de muchos sería que está garantizando la libertad de impresión que debe existir en el país para los medios independientes. Esto es falso, pues en el ámbito privado existen muchas opciones que aceptan clientes de donde sea que vengan o vayan, en la medida que cumplan con los compromisos de pago. No se justifica para nada la existencia de una imprenta que distorsiona gravemente las normas de mercado sin beneficio para nadie.
La empresa periodística La Nación cuenta con una concesión que se la quisiera cualquiera: el Diario Oficial, que juega el papel de la teta que da la leche para que se puedan cometer todos los desaguisados que ahí se cometen.
¿No sería mucho más interesante, sabiendo que es difícil, lograr una suerte de corte de los milagros y dar origen a una empresa que aglutine los cadáveres de la Editorial Jurídica de Chile (editora exclusiva de los Códigos), Editorial Universitaria y al sano y robusto Diario Oficial, y generar así una especie de Fondo de Cultura Económico mexicano, pero a la chilena?, en donde convivan los catálogos, editores, autores, funcionarios, librerías, experiencias y conocimientos de ambas empresas (Andrés Bello y Universitaria) y los flujos positivos del Diario Oficial, utilizados en el desarrollo de una genuina y sana empresa capaz de editar los Códigos, una revista cultural, textos de apoyo a enseñanza universitaria, literatura nacional, ensayo, etc., para que con la capacidad instalada, tanto en Chile como en el extranjero, lograran difundir toda su producción en el país y afuera.
La Editorial Jurídica de Chile-Andrés Bello llegó a contar con 25 librerías en Chile y con empresas distribuidoras en España, México y Argentina (entiendo que en estos dos últimos países aún existen) y la Editorial Universitaria con 14 librerías y una distribuidora en Chile que le daba servicio a editores nacionales y extranjeros.
¿Qué queda de esto?
Un montón de deudas imposibles de pagar y una pérdida de oportunidades para muchos autores chilenos que podrían sortear los infinitos problemas que deben enfrentar para ver exhibidos sus libros tanto en Chile como en el exterior. Esta empresa también debería ser la impulsora de nuevos talentos mediante el otorgamiento de premios anuales de Novela, Cuento, Poesía y Ensayo dignos de tal forma de brindar oportunidades a gente que aún no ha logrado incorporarse al circuito comercial de las publicaciones.
Estas distribuidoras fortalecidas podrían captar a la gran cantidad de editoriales chilenas que tienen enormes dificultades para comercializar sus publicaciones en forma individual, tanto a nivel nacional como internacional, y así dar satisfacción al más que justificado anhelo de los autores de mostrar sus obras y nuestra identidad cultural en otros mercados.
Con imaginación y voluntad esto se puede llevar perfectamente adelante en un plazo no muy largo, pero tomando la decisión de mandar a buena parte a todos aquellos que saltarán inmediatamente aduciendo que “es muy difícil” o “no es fácil”, con la sola intención de mantenerse muy atornillados en donde están sin arriesgar nada, menos su cargo. Otros rasgarán vestiduras en aras de la libertad de prensa, pero una vez más estarán mirando su propio y mezquino interés.
Existe un montón de normas, leyes y decretos que promulgar y modificar para esto, pero todo es posible si hay voluntad. Me ha tocado participar en fusiones de este tipo y he sabido por colegas míos de otras mucho más complejas y hasta ahora todas han sido muy positivas.
En el mundo de las editoriales hemos visto fusiones de mucho mayor complejidad y envergadura que lo que estoy proponiendo y nadie dio pie atrás por las dificultades que podría acarrear este trámite, si no que las llevaron adelante pensando en los beneficios futuros y no en las trabas presentes.