Collahuasi: El terremoto social que se viene

POR JOSÉ TOMÁS PERALTA Y MARCO LÓPEZ*
Collahuasi es la segunda productora privada de Cobre de Chile, donde prestan servicios 7.000 trabajadores, de los cuales 5.000 son subcontratados. Según informaciones del vocero del movimiento de subcontratistas, Víctor Reyes, después de una asamblea con todos los sindicatos de contratistas y subcontratistas, representando a los 5.000 trabajadores, el día 28 de abril de 2010, decidieron presentar un petitorio a Collahuasi para terminar con las graves discriminaciones laborales entre trabajadores de planta y subcontratados. Estos últimos realizan labores similares o de apoyo directo, como son las de choferes de camiones, mantención eléctrica y mecánica, sin embargo reciben una tercera parte de lo que se paga a los trabajadores de planta; los subcontratados viven hacinados en 30 barracones o “pabellones”, en cada uno de los cuales viven más de 200 trabajadores con 6 baños y 6 duchas, mientras los de planta viven en un hotel debidamente oxigenado; los subcontratados consumen alimentos de peor calidad que los de planta; en suma, tienen condiciones de trabajo y vida muy inferiores a los de planta, siendo que son parte de la misma estructura orgánica real de la empresa, desarrollando muchos de ellos actividades que permiten la alta producción de este yacimiento.

Estas precarias condiciones de trabajo y beneficios se agravan por la situación geográfica de la faena, que se emplaza a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, con menos densidad de oxígeno y temperaturas extremas. No existen en Chile estudios médicos o científicos consolidados sobre los efectos en la salud del trabajo humano en gran altitud.

Los trabajadores ejerciendo el derecho a huelga por incumplimiento de ley y de contrato, reconocido en los Convenios 87 y 98 de la OIT, ratificados por el Estado Chileno, paralizaron las faenas a partir del viernes 07 de mayo de 2010. Tal acción de inmediato produce la respuesta comunicacional de los medios empresariales, acusándolos de actos violentos, pese a que el movimiento es esencialmente pacífico, tanto así que el sindicato de los trabajadores directos ha apoyado este movimiento, por lo que los trabajadores en huelga rechazan todas las acusaciones de secuestro.

El petitorio de los trabajadores busca un mayor equilibrio de las condiciones señaladas y que parte de los recursos del Royalty que paga la minera se destine a dicho efecto. Los ingresos por venta de este yacimiento en manos de empresas transnacionales se estiman para este año en más de 3.500 millones de dólares, esto es, lo recaudado anualmente por la reforma tributaria para reconstruir a Chile tras el terremoto.

Sin embargo no ha habido respuesta de la empresa al petitorio. En vez de ello, la empresa y el Gobierno optaron por desatar una represión a gran escala.

REPRESIÓN DESMEDIDA

Es así que en un operativo policial-militar no visto en los últimos 20 años, tras movilizar fuerzas especiales de Arica, Iquique y Calama, se procede a reprimir violentamente a los trabajadores en huelga, con detenidos y algunos heridos. Los trabajadores se defendieron como pudieron y procedieron a organizar barricadas con cientos de trabajadores, a fin de guarecerse de la represión desmedida.

Pero lo que superó toda proporcionalidad y legalidad fue el apoyo logístico entregado por las fuerzas armadas chilenas, mediante la intervención de un avión Hércules de la FACH, que trasladó carros blindados antimotines (zorrillos) y decenas de Carabineros de Fuerzas Especiales; el que aterrizó en una arriesgada maniobra en el aeropuerto privado de la mina, carros blindados y contingente que procedió a tomar por asalto las posiciones de los huelguistas. Según estos últimos, el campamento se ha convertido en una especie campo de concentración.

La intervención de funcionarios y equipamiento militar para el traslado del contingente policial, salvo que se crea que la FACH realiza fletes aéreos a quien se lo encargue, viola la disposición del artículo 90 de la Constitución Política, que entrega exclusivamente el control del orden público a las policías. Esta intervención, según apareció en los medios de prensa, fue dispuesta y coordinada por el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a quien le cabe responsabilidad política que esperamos que se haga efectiva por los parlamentarios a través de una comisión investigadora.

Han pasado más de 100 años de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, pero la escena hoy de un yacimiento minero en el desierto iquiqueño, de propiedad de compañías extranjeras, con miles de trabajadores reclamando mejores condiciones y la represión ordenada por el Gobierno Central, es demasiado similar a la de ese entonces. Los militares enviados a reprimir en 1907 fueron llevados por los barcos de la armada. Hoy los funcionarios y blindados antimotines se trasladaron en los aviones de la Fuerza Aérea.

Nuevamente queda en evidencia la necesidad de revisar la situación de los más de 60.000 trabajadores contratistas y subcontratistas de la minería pública y privada de Chile; reponiendo la exigencia de contrato directo con la empresa de aquellos que realizan labores dentro del giro principal del negocio, y en definitiva, exigir que las condiciones de trabajo y vida de estos trabajadores estén acordes con una de las áreas de la economía nacional y mundial más rentables y productivas.

Si la clase política y el gobierno no dan respuesta adecuada a estas exigencias, los inevitables terremotos sociales y sus réplicas políticas se harán sentir con toda su intensidad a lo largo del país.
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*Abogados laboralistas

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