POR CATALINA MAY • FOTO: CRISTOBAL OLIVARES
El Ministerio de Educación anunció que pensaba reformar el sistema de educación superior con un nuevo organismo que agrupe a las Ues tradicionales y privadas y hacerlas compartir financiamiento. El rector de la U de Chile, Víctor Pérez, fue el primero en salir a criticar la idea y desató la polémica. Conversamos el martes, con Juan Manuel Zolezzi, rector de la Usach, para la celebración del aniversario 161 de la universidad y previo a las elecciones que decidirán si sigue en el cargo. Zolezzi comparte el diagnóstico de Pérez y piensa que si no se va a controlar el lucro en las universidades, más vale regularlo. “Que lo hagan declaradamente y que no aspiren a lucrar con recursos del Estado”, dice.
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“Creo que en diagnósticos y análisis estamos claros. Ahora hay que ponerse a trabajar”, dijo Víctor Pérez en The Clinic. ¿Cuál es su diagnóstico de la situación de la educación superior chilena y cuáles deberían ser los cambios a implementar?

Yo pienso que en el análisis y diagnostico es posible que estén los elementos, pero creo que todavía no hay una comprensión real de la situación de las instituciones, de la institucionalidad, o de los mismos afectados, llámense familias, estudiantes, académicos, instituciones, Estado. No hay una comprensión cabal de la situación en la que se encuentra la Educación Superior ni de la importancia y el impacto que ésta puede tener. Falta maduración. En este momento hay más entusiasmo coyuntural, porque se presenta esta posible modificación de la situación y entonces la gente comienza a opinar. Y lo otro es que falta pensar hacia dónde ir, qué pretende el país con la educación superior.

¿Y qué ha pasado que aún falta ese diagnóstico?
Pienso que siempre ha habido un cierto temor de enfocar el tema de la Educación Superior como política pública. Pasaron 20 años de la Concertación y la última reforma que se hizo fue el año 1981, cuando se reestructuró el sistema. Ha faltado un debate, en el sentido de mirar la importancia que tiene la educación superior. Se dice que hay que duplicar la cantidad de recursos, pero no se dice cómo, ni dónde, ni cuándo. Parece que nos contentamos con la filosofía de estar mirando el tema, pero definitivamente no hay propuestas sólidas sobre las cuales tener una discusión. Lo más cercano puede ser el informe del Banco Mundial y la OCDE, que fuera de hacer un diagnóstico, propone diferentes alternativas, pero no todas están consideradas en esta propuesta que se ha hecho.

¿A quién le corresponde hacer este análisis que falta?
Al gobierno, a través del Ministerio de Educación. Actualmente, a través de la División de Educación Superior, han planteado una insinuación respecto a políticas, pero lo han hecho sobre un análisis al que le falta maduración. Y son ellos los que tienen que responder sobre lo que ha salido en la prensa.

LO PÚBLICO Y LO PRIVADO

¿Qué piensa de los cambios propuestos por el ministerio?
Las propuestas no me parecieron extrañas, porque estaban dentro del informe de la OCDE. A algunas se les da más énfasis y eso tiene que ver con la orientación de políticas públicas de este gobierno, más hacia el mercado que hacia el Estado. Incluso la propuesta se salta la discusión entre lo público y lo privado, me parece que ni siquiera está planteada. Y en esto el informe de la OCDE, y todas las instituciones internacionales a las que se le pidan informes, distingue claramente entre instituciones públicas y privadas.

En su columna de El Mercurio la semana pasada, Gonzalo Rojas escribió: “O sea, ya está bueno: cortemos la tonterita esa de que sólo son universidades públicas las de propiedad estatal”. ¿Qué define a una universidad pública y qué valor tiene en relación a las universidades privadas?
Yo me quedo con los conceptos internacionales. La educación pública es la controlada y entregada por el Estado y tiene el valor de que es el Estado de Chile el que tiene que garantizar ciertos valores republicanos, que no necesariamente tienen que respetar los privados. Pueden hacerlo, pero no están obligados. Y el Estado sí está obligado a respetar valores como el pluralismo, la diversidad, la tolerancia, la participación. Hay hechos concretos de inclusión, de ir en apoyo de quienes tienen menos recursos, pero tienen capacidades. Podemos discutir que también se puede acceder a eso desde algunas privadas, de hecho, se está haciendo, porque es imposible que el Estado pueda resolver todo. Pero desde una mirada conceptual, el Estado tiene que garantizar el derecho a una educación de calidad.

¿Y lo está haciendo?
En este período, las universidades del Estado han tenido que sobrevivir, porque nadie ha estado preocupado de ellas, a nadie le interesan, están dejadas a su suerte. La reforma de 1981 efectivamente perjudicó a las universidades del Estado. Se produjo una disminución de los aportes, versus un aumento -que se pensaba que iba a haber- de los aportes de las familias, que iban a ser con cargo a rentas futuras, entendiendo que la universidad también entrega beneficios privados. Pero esa ecuación no funcionó. Y al aplicarse esa fórmula, nadie se preocupó de que las universidades del Estado quedaron sometidas a un sistema en el cual tuvieron que entrar a competir por recursos, por estudiantes y una serie de elementos, en un mercado que se fue haciendo cada vez más competitivo, pero manteniendo todas las rigideces del Estado. Eso, a la hora de la competencia, es insano.

¿Por qué?
Es imposible pedirle a las universidades del Estado competir con las universidades privadas, cuando están amarradas en una serie de entrabamientos administrativos que son muy propios del Estado. Y no es que sea bueno o malo tenerlos, pero si esa situación se iba a dar, habría que haberle dado a estas universidades un carril distinto.

JUBILACIONES, DEUDAS Y TERREMOTO

¿Cuál es la situación de la Usach en este sentido?
Desde que asumí, hemos hecho un esfuerzo de ir renovando cuadros académicos. Una de las rigideces es que no tenemos la libertad para hacerlo. Como funcionarios públicos, las universidades del Estado han sufrido las consecuencias: la mayoría de los funcionarios públicos en este país, recibió imposiciones menores a la totalidad de sus remuneraciones por mucho tiempo.

Ajá…
En el caso de los ministerios y las instituciones públicas, esa situación se empezó a resolver en 1986, cuando se empezó a imponer por el 100% de las remuneraciones. En el caso de las universidades del Estado, se empezó a resolver el problema recién en 1993, con la llamada ley Foxley, que a las universidades del Estado le entregó durante el primer año, el 100% de las platas necesarias para hacer esa imponibilidad del 100%, el segundo año el 60%, el tercer año el 30% y después nunca más. Entonces las universidades del Estado tuvieron que asumir eso en sus propios presupuestos, exiguos ya.

Ya…
Eso significa que los funcionarios universitarios -desde académicos hasta administrativos- están dañados previsionalmente. Es decir, las personas que hoy se jubilan van a recibir como pensión una cantidad de recursos equivalente al 30% de lo que podrían estar ganando. Como no existe la obligación de jubilación en Chile, eso hace que no quieran jubilar.

¿Y el Estado no ha hecho nada para solucionar eso?
El Estado ha reconocido el daño previsional y ha ido dictando distintas leyes de incentivos de retiro, por las que hemos luchado las universidades del Estado. Los primeros efectos se produjeron este año, con algunos retiros a partir del 5 de marzo. Pero esto nos ha provocado una situación de endeudamiento con la banca. Además, no nos podemos endeudar a largo plazo. Dentro de nuestras restricciones está que nuestros endeudamientos no pueden ir más allá de lo que dure un período presidencial. O sea, el mejor de los casos para una universidad del Estado, es cuando recién asume un Presidente, porque tiene cuatro años para tomar un endeudamiento. ¿Quién construye hoy una casa o compra un bien raíz a cuatro años plazo? Nadie. Todos nos endeudamos a 20 ó 30 años plazo.

¿Y eso en qué remite?
En equipamiento, infraestructura, etc. Nosotros tenemos un desfase financiero y tenemos que renegociar una deuda de corto plazo por ese mismo hecho. Logramos el año pasado colocar una ley, la 20.604, que nos permite renegociar los pasivos al 31 de diciembre de 2009. El tema previsional es el más complicado, pero el daño es en la infraestructura.

¿El terremoto les causó daños?
Sí. Es difícil cuando tienes laboratorios e instalaciones antiguas. Esta universidad tiene 161 años y obviamente tenemos dependencias antiguas. Algunas situaciones las estamos resolviendo con seguros, pero otras más complicadas no hemos tenido posibilidad de resolverlas.

ADMINISTRACIÓN V/S ACADEMIA

Quienes critican las exigencias de las Ues estatales lo hacen, justamente, diciendo que éstas tienen serios problemas de gestión.
Obviamente que tenemos problemas de gestión, porque existen situaciones que nos complican y actuamos en un mundo altamente competitivo, como es el mercado de la Educación Superior. Y competimos en ese mundo con las manos amarradas y con los ojos vendados. Por ejemplo, estamos sujetos al sistema de Chile Compra, el sistema nacional de compras, que no fue hecho para el sistema universitario. No sé si habrá otro país en el cual se use un sistema de compras generalizado que se aplique también a la universidades. Sería bonito estudiarlo.

Un editorial del diario La Tercera, titulado “Las desmedidas exigencias de la universidades estatales”, decía: “Han hablado de ‘nuevo trato’, sin que muestren disposición a cumplir metas, asumir responsabilidades o rendir cuentas, invocando la independencia académica”.
Eso es falso. Nosotros damos cuenta de todos los recursos. Estamos obligados a entregar informes a la Contraloría General de la República, publicamos nuestros balances en un diario de circulación nacional, estamos afectos a la ley de transparencia, por lo que todos nuestros datos están publicados. No es que no queramos dar cuenta, estamos obligados.

Alguna vez dijo que usted estaría dispuesto a entregar la autonomía administrativa al Estado, porque al final, él es el jefe.
Claro. Si el Estado manejara la parte administrativa y nosotros la parte académica, no tendríamos ninguna dificultad. Nuestro afán es formar mejores profesionales, contribuir a la ciencia, a la tecnología, al desarrollo de la cultura, las artes, las humanidades, cosa que no todos hacen.

Víctor Pérez se quejó de que la U. de Chile sólo recibe un 14% de su presupuesto del Estado. ¿Cuál es la situación de la Usach?
Nosotros recibimos cercano al 20%, pero son presupuestos bastante diferentes. Si uno mira la literatura comparada, casi no encuentra instituciones de educación superior estatales con financiamientos menores al 50%. En los países a los que nos gusta hacer referencia, el aporte es de 70%, 80%.

¿Y son aportes directos?
Son directos, pero puede haber condicionamientos y es probable que en esos países los haya. Por ejemplo, desarrollar la innovación o la investigación en determinadas áreas. Los países, en colaboración con sus universidades, tienen que ver dónde están los mayores potenciales para hacer un aporte de recursos ahí y así orientar.

NEGOCIO INTERESANTE

“Cualquiera sea la forma de financiamiento, debe ser un solo sistema e igual para todos”, dijo el rector de la U. Central en El Mercurio del domingo. ¿Cree que las universidades privadas deberían recibir plata del Estado?
No soy partidario de eso, los dueños son los encargados de llevar adelante esas instituciones. Pero antes, hay que definir cosas más de fondo, como el aseguramiento de la calidad, el acceso a la información, el lucro, que es un tema que debe resolverse.

Rubén Covarrubias, rector de la Universidad Mayor, dijo el domingo que “no hay que tenerles miedo” a las Ues privadas con fines de lucro y propone aceptarlas. ¿Qué piensa?
Si el país ha de definir que suceda, hay que asegurarse de que sea correcto y claro. Si va a haber instituciones con fines de lucro, que lo hagan declaradamente y que no aspiren a lucrar con recursos del Estado. Cuando hay una transacción comercial donde se vende, se compra o se transa un grupo o una universidad, obviamente detrás hay alguien haciendo un negocio, aunque la institución misma esté dedicada a la academia. Y supongo que el negocio debe ser interesante.

¿Qué le parece la idea del gobierno de juntar a todas las universidades en una institución?
Independientemente de que ocurra una cosa así, hay un grupo que tiene una identidad propia, que son las 16 universidades del Estado, agrupadas en un consorcio. Todas tienen un solo dueño, el Estado de Chile representado por el gobierno. No es que no estemos en condiciones de conversar los temas, pero no se puede refundir una cosa con otra. Tendrán que tener de alguna manera una política diferenciada con respecto al resto de las instituciones.

“No se puede ubicar en un mismo lugar a todas las privadas, así como no se puede tener la misma evaluación a todas las estatales”, dijo el cura Fernando Montes, rector de la U. Alberto Hurtado. ¿Está de acuerdo? ¿Rescata algunas Ues privadas por sobre otras?
Efectivamente no son todas iguales, hay instituciones que uno puede ver a simple vista que no tienen fines de lucro, y otras son las que aparecen en los diarios cuando se comercian.

El mismo Montes preguntaba: “¿Por qué yo no puedo pertenecer al Consejo de Rectores?”.
La verdad es que me cuesta darle una respuesta. La universidad de él es respetuosa, no me cabe duda de que no tiene fines de lucro, sin embargo, el esquema establecido por ley es este. Pero detrás de todo esto, hay una gran inquietud por el futuro, en términos de financiamiento, y eso vale para todas las instituciones, públicas y privadas. Las familias están aportando en el límite de lo que pueden hacer para que sus hijos vayan a la universidad. En el fondo, lo que se está haciendo es, de forma indirecta, aplicar un impuesto a las familias.

CALIDAD Y PROFES

¿Dónde entra la calidad en toda esta discusión?
Debería ser uno de los elementos trascendentales y por eso da pena que aquí la calidad sea un tema voluntario. Hoy, si una universidad no quiere acreditarse, no se acredita. Creo que debería ser obligatorio y que deberíamos hacer un esfuerzo por lograr ese cambio, por establecer un estándar.

¿Cómo está la Usach con ese tema?
Estamos acreditados por seis años en todas las áreas, al final de este año todas nuestras carreras habrán pasado por un proceso de autoevaluación y acreditación. Para una universidad del Estado, hay ciertas cosas que no son opciones, son obligaciones, y no porque nos hayan dicho, sino porque es inconcebible que sea de otra manera.

Una obligación moral.
Exactamente. Eso es lo que hace la diferencia. Nosotros tenemos obligaciones y otros tienen opciones.
La calidad de los egresados de pedagogía ha sido un tema últimamente.
Creo que el tema es el mismo mercado. Nadie da cuenta de las fallas del mercado, como sí lo hacen con el Estado. Teníamos un cierto estilo de profesores, que eran de primer nivel y con el tiempo, la formación de profesores pasó a desprestigiarse socialmente. Hoy estamos todos preocupados de las consecuencias de eso. ¿No habrá sido el mercado el que nos llevó a esta situación? El Estado no debió haber dejado esto al libre albedrío.

¿Qué se puede hacer para solucionarlo?
Nosotros hemos hecho un trabajo que llamamos “vocación pedagógica temprana”, que es ir a trabajar con alumnos de segundo medio, ver si tienen algo de vocación, trabajar con ellos los fines de semana, tratando de validar o ratificar su vocación, para cuando lleguen a cuarto medio poder confirmarla. La idea nuestra es que el Estado nos apoye -y por estas cosas pedimos apoyo del Estado-, que esos alumnos puedan estudiar gratis.