POR TANIA TAMAYO (*) / Foto: Alejandro Olivares
Fuertes imágenes del cuerpo mutilado de Mauricio Morales y cientos de afiches anarquistas fueron la tónica del programa Informe Especial emitido el miércoles 18 de agosto. Esta vez, de la mano de la Fiscalía Sur, TVN evidenciaba en pantalla lo que llamó “pruebas” en contra de los 14 detenidos. Ésta es la historia de antecedentes cuestionados por los abogados de la defensa, y también de cómo la prensa se hizo parte. Ésta es la historia de los carnés perdidos de Camilo Pérez y Carlos Riveros, los dos jóvenes por los cuales el Fiscal apeló.
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La presión del Gobierno se había hecho sentir en los últimos meses, no sólo con una reunión a puertas cerradas entre el ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el Fiscal Nacional, Sabás Chahuán, en el mes de junio, también el gobierno se hacía parte en el caso y conjuntamente, en esos días, Hinzpeter alegaba “lentitud” en las diligencias. Un día después de esta declaración, Chaguán destituía a Armendáriz, y en su defecto, asumía el Fiscal Nacional metropolitano sur, Alejandro Peña (en la foto).

Es así como las detenciones, sin grandes avances en la investigación desde la destitución de Armendáriz, se concretaron el sábado 14 de este mes, de la mano de una exitosa convocatoria de los medios de prensa que llegó a registrar las detenciones incluso antes de que lo hiciera el GOPE, Fuerzas Especiales de Carabineros o la Policía de Investigaciones.

Luego de los allanamientos a las casas okupa Sacco y Vanzetti, La Crota y a los domicilios particulares de los detenidos en Santiago y Valparaíso, el Ministerio Público pedía extender el plazo de la formalización hasta el martes 17 “ante la gran cantidad de material incautado”. Situación que generaba expectativas.

Pero el lunes 16 -un día antes-, se les entregó a los abogados de la defensa un número aproximado de treinta archivadores con antecedentes sobre la investigación, que pudieron estudiar sólo por un lapso de tres horas, junto a un CD que contenía un porcentaje menor de pruebas digitalizadas.

El abogado Washington Lizana, perteneciente a la Defensoría Popular, y uno de los profesionales que accedió a las carpetas, comenta: “Este poco tiempo jugó en contra de los intereses de la defensa, ya que conocimos los principales antecedentes incriminatorias de nuestros defendidos en la audiencia misma. Aunque los antecedentes siempre fueron precarios y endebles”.

El lugar de la formalización escogido también llamaba la atención; la lógica establecía que ésta se realizaría en el Octavo Juzgado de Garantía, cuyo superior jerárquico es la Corte de Apelaciones de Santiago -instancia donde se habían hecho todas las acciones previas de la investigación-, pero se hizo en el 11° Juzgado cuyo superior jerárquico es la Corte de Apelaciones de San Miguel, conocida por sus criterios duros a la hora de aplicar medidas cautelares, y que es conocida coloquialmente como “La Corte del Fiscal Peña”.

La razón para esta decisión: de los cien atentados que se mencionaban en un comienzo –reducidos posteriormente a 26-, y disminuidos a un total de seis en la formalización de los cargos, el primero de los que fueron seleccionados por la Fiscalía habría ocurrido en la Zona Sur. Razón no muy contundente para la defensa, que comenta que San Miguel habría acogido con anterioridad a la formalización los criterios del Fiscal. Prueba de ello sería la manera como el Juez Roberto Guzmán nombraba las casas okupa, hablando de “centros de poder”, asimilando el lenguaje ocupado por el Fiscal en su teoría del caso.

Cabe destacar que en la audiencia del sábado 14, ante la Jueza Lidia Bruna, del 11° Juzgado, todas las solicitudes de la Fiscalía fueron acogidas y todas las de la defensa fueron rechazadas. Las resoluciones, importante destacar también, eran leídas por la jueza, que, por lo visto, ya las tenía redactadas.

El abogado de la defensa, Rodrigo Román, consultado fuera de tribunales, estableció que esa denominación de “centros de poder” hacia un movimiento “anárquico” denotaba un “desconocimiento, por no decir una ignorancia de la realidad social. Ésta es una resolución –aseverótomada bajo presiones políticas y mediáticas”.

PRUEBAS “CONCLUYENTES”

Como establece el abogado Washington Lizana, la legislación antiterrorista chilena promulgada el 16 de mayo de 1984, consagra un conjunto de restricciones a las garantías de un justo y debido proceso, especialmente las referentes al derecho a defensa: “Algunas de sus atribuciones dicen relación con recluir al imputado en lugares públicos especialmente destinados a este objeto, establecer restricciones al régimen de visitas; interceptar, abrir o registrar comunicaciones telefónicas e informáticas y correspondencia epistolar y telegráfi ca; y aumentar la intensidad de la protección de los testigos.”

Por ello el Fiscal Alejandro Peña, y al alero de esta ley, emana, entre otras acciones, la orden de allanamiento el sábado 14 a la casa en Batuco de la Presidenta de la Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo (CODEPU), Viviana Uribe, y por la misma ley se habrían intervenido los teléfonos de ella y su familia con anterioridad.

Viviana recuerda: “Efectivamente, después del allanamiento reflexionamos sobre situaciones extrañas que nos habían sucedido en la parcela de Batuco y en el departamento de Santiago. Por ambos domicilios había pasado un carabinero preguntando datos, con la excusa que habían ladrones, o diciendo que ‘se habían hecho llamadas desde el número telefónico por robo’. También habíamos reclamado en varias oportunidades por extrañas interferencias en el teléfono”.

En una carta llamada “En defensa de mi hija Bárbara”, Viviana denuncia que el ingreso de los funcionarios policiales fue violento, ya que entraron tratando de derribar la puerta de entrada principal de la casa. Bárbara y Manuel se despertaron con metralletas apuntándoles, con palabras fuertes y órdenes, lo que configuró un momento de terror.

A ojos del abogado Julio Cortés, a cargo de la defensa de Carlos Riveros, Felipe Guerra y Diego Morales, sobre la Ley Antiterrorista dice que una cosa es almacenar, manipular, incluso usar artefactos explosivos, y otra es que sean delitos terroristas, “y ahí está el cajón de sastre de esta Ley Antiterrorista, que ocupa algunos conceptos o presunciones como ‘causar temor a la población’ o ‘arrancar decisiones a la autoridad’. O sea, aunque se trate del ‘Pirómano de Colón’, uno puede pensar que es un acto terrorista. Y con ello se puede recurrir a testigos protegidos, por ejemplo, y requiere una vez decretada la prisión preventiva, de la unanimidad de los votos de los ministros para obtener la libertad”.

“A nuestro juicio –dicen los abogados- los antecedentes aportados para formalizar por los delitos de asociación ilícita terrorista y colocación de artefactos explosivos no sirven para construir siquiera presunciones fundadas de participación en los hechos”.

Incluso en el caso, establece Cortés, de los dos ex lautaristas, Rodolfo Retamales y Pablo Morales, que han sido señalados como “líderes” por informes policiales que les atribuyen un “perfil de líderes”, las pruebas son extremadamente vagas y difusas. “No hay una fundamentación concreta. En un momento de la formalización, al no poder probar la jerarquía que de por sí requiere una asociación ilícita, se dice que en ellos habría un ‘liderazgo informal, inclusive democrático’, la verdad es que ya eso es incongruente”.

Las evidencias, en tanto, presentadas en la formalización se componían de escuchas telefónicas, videos, declaraciones de testigos, y fueron desde la difundida conversación entre Rodolfo Retamales y la Ex Jefa de Seguridad de la Intendencia, Carolina Lizárraga, donde ésta le advertía con la frase ”Tengo algo que contarte”, hasta conversaciones compuestas por frases como: “Oye, está quedando la cagá en una tocata”, “Hay pacos de civil en la toca”, “Avísame cualquier cosa”, o “Se me acabó plata para el celular, préstame 3.500, después te las devuelvo”.

Cortés opina: “Mostrar la solicitud de $ 3.500 para cargar un celular, o demostrar un financiamiento internacional de 950 euros no habla precisamente de una asociación ilícita y menos para los fines que se le atribuyen. Sería la asociación más inoperante del mundo”.

Argumenta que incluso parte de las imputaciones contra Rodolfo Retamales se basan en el hecho que “elaborara videos”, sin considerar que Retamales es comunicador audiovisual y que efectivamente hace videos que se venden en ferias libertarias o en encuentros.

El otro caso curioso es el de Felipe Guerra, acusado por el programa Informe Especial de ser el primer “sospechoso” de acompañar a Mauricio Morales en mayo del 2009 cuando el muchacho explota junto a la bomba que manipulaba. El video, presentado en el programa, muestra a un ciclista pasar de noche en sentido contrario a Morales, uno o dos segundos después de la explosión. Y después de esta imagen se superpone una toma de Guerra andando en bicicleta a pleno sol mientras se lo nombra como principal sospechoso. “Si andar en bicicleta fuera una prueba, medio Santiago sería sospechosos”, dice Cortés.

Otro dato no menor, es que si Felipe Guerra acompañaba a Morales y estaba a metros de él, cómo es posible que no fuera herido por el estallido de la bomba, sino que además no sufriera ningún impacto acústico de proporciones que le impidiera liderar la protesta al día siguiente desde los techos de la okupa Sacco y Vanzetti (imagen exhibida como prueba el martes 17 Informe Especial).

La explosión, según vecinos de la intercepción de Ventura Lavalle con Sierra Bella, se escuchó hasta seis cuadras a la redonda, y el Ministerio Público ha insistido en su alto “poder destructivo”.

PRENSA Y FISCAL UNIDOS

El 14 de agosto la Jueza Lidia Uribe permite la entrada de todos los medios de prensa a la audiencia, no así de todos los familiares de los detenidos. Un familiar por inculpado puede entrar y esto genera la ira y los incidentes exhibidos detalladamente en los noticiarios. No sería la única muestra de simpatía de parte de la Justicia hacia los medios de comunicación.

El mismo Informe Especial, poseedor inexplicablemente de la mayoría de material audiovisual de la Fiscalía, mostró imágenes de cámaras ocultas dentro de la okupa y tomas hechas por un infiltrado a una jornada de conversación en el lugar, grabación que según un integrante de la casa, debe ser de corta data, ya que la gente que despide cordialmente al hombre con cámara oculta “era gente nueva”.

La misma fuente nos cuenta que la señalada “maqueta para un futuro ataque” de cuartel de la PDI en llamas, exhibida como prueba incautada, era una “piñata”, que se habría construido junto a otras piñatas, “para celebrar un año de la ocupación de la casa y recordar dos meses del allanamiento realizado, justamente por la BIPE”.

No obstante, Viviana Uribe argumenta que lo mediático del caso va más allá: “La parafernalia, el escándalo de este hecho represivo me ha llamado la atención, encabezado por el Fiscal Alejandro Peña, y la Jueza del 11° Juzgado de Garantía, Alejandra Apablaza, que tienen como único fi n ser efectistas y no reales.”

Camilo Pérez, uno de los detenidos el sábado 14, sindicado como “ayudista” por los medios de comunicación, quien poseería, según Emol, El Mercurio, Terra y La Nación, un mapa de los bombazos, argumenta: “El mapa de Google Earth que mencionan lo saqué de La Tercera, de la parte inferior de la página. Es un mapa que se llama “Los atentados del último año”. Creo incluso que en la parte de abajo del mapa dice ’Copesa’. Después los transformé a Paint, pero pueden ver que es el mismo, y lo tenía junto a párrafos escritos sobre la historia de estos movimientos o acciones antisistema que se han desarrollado en los últimos años en Chile porque estoy recopilando antecedentes para escribir un libro. De hecho he estado entrevistando a gente de Francia y recopilando material desde el 1900.”

Y continúa: “Eso estaba en el computador que se llevaron cuando allanaron la Sacco en diciembre, escritos para éste y otros libros. Ahí también está la foto mía con Mauricio, nunca voy a negar mi amistad con él, de hecho en una foto yo aparezco vestido de Shrek y él aparece disfrazado de tigre. Supongo que también lo sacarán a colación”.

Como una excepción a la regla, no común en los procesos judiciales chilenos, seis meses se le otorgó a la Fiscalía para esta investigación que ya lleva cuatro años en curso. Seis meses de prisión preventiva también para quienes fueron considerados según estos antecedentes un “peligro para la sociedad”.

CARNÉS DESAPARECIDOS

En la audiencia del 17 de agosto el Juez les había otorgado la libertad a seis de los 14 inculpados. No obstante, el Fiscal Peña apeló por Camilo Pérez y Carlos Riveros y dicha la apelación fue acogida por la Corte de Apelaciones de San Miguel el jueves 26. Pero un hecho no menor, que coincide con esta apelación, ha quedado en el anonimato de los trámites cotidianos de las medidas cautelares: la pérdida de dos cédulas de identidad.

“El miércoles 18 -nos relató Camilo Pérez -, lo primero que hice fue ir a buscar mis cosas a tribunales. Pregunté y me dijeron que no tenían nada, que no estaba mi carnet, que fuera a la BIPE de Investigaciones. Y fui, hablé con un tipo que llamó al encargado, don René González, un caballero muy amable, él con otros funcionarios buscaron mi carnet por todas partes, hasta que me dijeron que no lo tenían, que fuera a Gendarmería”.

Pérez fue a Gendarmería y luego a la Cárcel de Alta Seguridad, donde se encontró con Carlos Riveros que tenía el mismo problema, también su carnet se había extraviado en el momento de la detención. Se los retuvieron al tomarles la fotografía de rigor y no los volvieron a ver.

Sin carnet en esos días no pudo sacar certificado de residencia, ni de antecedentes, documentos que requería. Y es segunda vez, asegura, porque cuando la BIPE allanó en diciembre la casa Sacco y Vanzetti, Pérez tenía dos carnés y se llevaron uno. Tampoco se lo devolvieron.

“Eso es curioso porque quedaron con la obligación de firmar una vez a la semana, pero así no podían firmar. Es como ‘les perdemos el carnet y no están firmando, entonces revocamos la decisión de libertad’. Pero bueno, ya están nuevamente con prisión preventiva. Puede que sea una casualidad, pero lo que sucede si se extravía un carnet es básicamente tener a la persona más limitada”, sentenció el abogado Julio Cortés.
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* Periodista. Este texto, que reproducimos con la autorización de su autora, fue también publicado por Diario Uno.